Una comisión del Senado imputó a Bolsonaro crímenes de lesa humanidad en la pandemia

El informe incluye otros nueve delitos graves. También involucra a ministros y a los hijos del presidente. El caso podría motivar un juicio político, pero no habría número para destituirlo. Sin embargo, podría traerle problemas con la Justicia local e, incluso, internacional.

CLIMA. El senador Renan Calheiros es el autor del informe de la comisión que imputó a Jair Bolsonaro de diez graves delitos en relación con la pandemia. Fuera del palacio presidencial, detractores del presidente de Brasil se manifestaron para presionar por su enjuciamiento.

Brasilia - Una comisión investigadora del Senado brasileño recomendó ayer imputar al presidente Jair Bolsonaro por diez delitos durante su gestión de la pandemia, entre ellos crímenes contra la humanidad y haber agravado la emergencia sanitaria.

La Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) escudriñó durante seis meses las acciones del mandatario durante la pandemia, que dejó más de 604.000 muertos en el país, lo que hace de Brasil el segundo más afectado del mundo. Su instructor, el opositor Renan Calheiros, concluyó que el Gobierno federal expuso “deliberadamente a la población a un riesgo concreto de infección en masa”, por lo que pidió la inculpación de Bolsonaro, y de otras 67 personas, incluyendo varios ministros y exministros y tres de los hijos del jefe de Estado.

La CPI no tiene el poder de hacer denuncias formales, pero el informe, con testimonios conmovedores y revelaciones impactantes –como el uso de pacientes como conejitos de Indias para probar medicamentos ineficaces contra el covid-19–, será enviado a diferentes órganos que pueden proseguir las investigaciones y formular cargos, como la Fiscalía General o una corte internacional.

Cargos

Los delitos atribuidos a Bolsonaro son los de crímenes de lesa humanidad, epidemia con resultado de muerte, violación de medidas sanitarias, incitación al delito, falsificación de documentos, uso irregular de dinero público, prevaricato, violación de derechos sociales, incompatibilidad con el decoro del cargo y, de modo relevante, crímenes de responsabilidad. Esto último es lo que contempla la Constitución para la apertura de procesos de juicios político.

Sin embargo, se retiraron los delitos de homicidio y genocidio de poblaciones indígenas por desacuerdos en el seno de la comisión.

Además de un “deliberado atraso” en la compra de vacunas, “se comprobó la existencia de un gabinete paralelo (que asesoraba al Gobierno) y la intención de inmunizar la población mediante el contagio natural. Se dio prioridad a un tratamiento precoz sin amparo científico y se desestimularon las medidas no farmacológicas”, como el uso de barbijo y el distanciamiento, añadió en sus conclusiones el senador opositor Calheiros, responsable de la elaboración del informe.

Errático

Desde el inicio de la emergencia sanitaria, Bolsonaro minimizó la pandemia y defendió medicamentos sin eficacia comprobada, como la hidroxicloroquina. Más de un año después de haber contraído el virus, asegura que no se vacunará.

El senador Flávio Bolsonaro, hijo del presidente y que está entre los acusados de difundir informaciones falsas sobre la pandemia, aseguró que se trata de un informe “político”.

“Es un instrumento de venganza contra Bolsonaro y su familia. Ni mis hermanos ni yo cometimos ningún delito, mucho menos el presidente de la República”, dijo poco antes de la reunión de la comisión.

El resumen del informe final, leído ayer, será votado por la comisión de once miembros la próxima semana, cuando se espera que sea aprobado con pocas modificaciones.

Aunque el informe final de la CPI podría traerle consecuencias políticas y judiciales graves, analistas coinciden en que su impacto a corto plazo será “simbólico”, porque Bolsonaro aún tiene apoyo suficiente en el Congreso para evitar un impeachment y ven poco probable que la Procuración General decida imputarlo.

La popularidad de Bolsonaro se encuentra en su nivel más bajo desde que asumió la presidencia y las encuestas para los comicios de octubre del año que viene lo muestran muy por detrás del expresidente izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.

Revelaciones

Tras meses de interrogatorios a ministros, funcionarios de Gobierno, directores de hospitales y empresarios, la CPI culminó sus sesiones esta semana en un tono más humano al oír a familiares de víctimas del coronavirus.

“Merecemos un pedido de disculpas por parte de la máxima autoridad del país. No es una cuestión de política, estamos hablando de vidas”, dijo entre lágrimas el taxista Márcio Silva, que perdió a su hijo de 25 años.

En un principio, la comisión hurgó en las responsabilidades por los pacientes muertos en Manaos por falta de oxígeno, pero luego se adentró en irregularidades como la demora del Gobierno federal para comprar vacunas o la existencia de un “gabinete paralelo” de médicos y empresarios defensores de medicamentos sin eficacia comprobada que asesoraba al mandatario.

En el camino fueron identificadas nuevas tramas, entre ellas supuestos pedidos de coima para la compra –finalmente no concretada– de la vacuna india Covaxin, lo que le valió a Bolsonaro una investigación judicial por prevaricato al no haber denunciado el caso, del que según testigos estaba enterado, ante la Policía Federal.

Asimismo salieron a la luz las conexiones entre el Gobierno y las operadoras privadas de salud en la promoción de medicamentos ineficaces para el llamado “tratamiento precoz” del nuevo coronavirus.

Una de ellas es Prevent Senior, una operadora de salud para la tercera edad acusada de haber aplicado tratamientos experimentales sin consentimiento de los pacientes y maquillado el número de muertos por covid-19, un escándalo que ha impactado el país.