Caracas (ANSA, AFP) - Partidos políticos venezolanos y familiares de presos denunciaron allanamientos indiscriminados, persecuciones y torturas por parte del gobierno de Hugo Chávez, en el marco de la investigación por el atentado que le costó la vida al fiscal Danilo Anderson, quien se aprestaba a presentar alegatos contra 400 culpables del golpe de Estado de abril de 2002.
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En tanto, un tribunal venezolano ordenó ayer la detención del ex policía Juan Bautista Guevara, primo de otros dos sospechosos capturados, Rolando y Otoniel-Guevara, por su presunta vinculacióncon el asesinato de Anderson. El juez Mikel Moreno imputó a J.B. Guevara, de 41 años, los delitos de «homicidio calificado con alevosía y agavillamiento ( reunión con fines delictivos). El ex policía fue capturado el pasado domingo en un hotel de la población de Araure, estado Portuguesa, y tenía en su poder una granada de mano, una pistola y 3.000 dólares en efectivo.
Según la Fiscalía, J.B. Guevara colocó el explosivo en el vehículo de Anderson, que fue detonado a distancia la noche del 18 de noviembre. El abogado de J.B. Guevara, Pedro Castillo, denunció que su defendido fue «plagiado» y « torturado» por los cuerpos policiales una semana antes de su captura oficial. También la esposa del ex inspector policial, Carmen Medina, había denunciado el 21 de noviembre en la Fiscalía la desaparición «forzosa» de su esposo, quien fue supuestamente «interceptado por supuestos funcionarios policiales, golpeado y esposado».
•Allanamiento
R. y O. Guevara, apresados la semana pasada en un paraje del central estado Carabobo, también fueron sometidos a «tratos crueles e inhumanos», según Castillo. Por este caso, también fueron abatidos el abogado Antonio López y el ex policía Juan Sánchez, cuando se enfrentaron a efectivos policiales la semana pasada, aunque sus familiares dicen que fueron ejecutados.
El lunes fue allanado el Club Hebraico de Caracas. El ministro del interior, Jesse Chacón, confirmó ayer que en las instalaciones del club «no conseguimos nada», y que el procedimiento «no tiene nada que ver con la comunidad hebrea». El Comité Judío Americano (AJC) se manifestó « ultrajado» en solidaridad con el Club Hebraico. Los partidos políticos opositores Solidaridad, Proyecto Venezuela y Copei denunciaron que el gobierno de Chávez desató «una política de persecución y represión» con motivo de la muerte de Anderson.
Por otra parte, el fiscal general y otros altos funcionarios venezolanos fueron amenazados de muerte.
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