Venezuela: dos nuevos muertos por represión a protestas contra Maduro
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Las marchas fueron reprimidas con gases lacrimógenos y chorros de agua, mientras que los manifestantes responden con "bombas" de excremento.
El Ministerio Público de Venezuela (MP, Fiscalía) informó de la muerte del joven Miguel Castillo, de 27 años, en el sector Las Mercedes del este de Caracas, con lo que se eleva a 37 la cifra de fallecidos en escenarios de protestas que han sacudido al país caribeño en los últimos 40 días.
"#AHORA Murió joven Miguel Castillo (27) durante manifestación en Las Mercedes. Fiscalías 34° nacional y 126° del AMC (Área Metropolitana de Caracas) investigarán el hecho", señaló el MP a través de Twitter.
El Ministerio Público también precisó que un hombre de 32 años, conductor de un mototaxi, murió este miércoles luego de que el lunes resultase herido en la cabeza por un arma de fuego "cuando se registraba una manifestación" en una calle de Mérida, en el oeste del país.
Las protestas comenzaron el 1 de abril luego de que el TSJ asumiera las funciones del Parlamento, único poder que controlan los adversarios de Maduro. La Fiscalía registra desde entonces 38 muertos y cientos de detenidos.
La oposición calificó la decisión del TSJ como un "golpe de Estado", que a su juicio "continúa" con la convocatoria que hizo Maduro el 1 de mayo a una Constituyente para "profundizar" la revolución socialista.
La tensión aumentó esta semana con el enjuiciamiento de civiles en tribunales militares, lo que la oposición denunció como una maniobra del gobierno para "criminalizar" y "desactivar" las protestas. El gobierno aún no se pronuncia sobre los polémicos procesos.
De acuerdo con el director de la ONG Foro Penal, Alfredo Romero, 73 personas han sido encarceladas, acusadas de "rebelión" por tribunales militares, sobre todo en el estado Carabobo (noroeste).
La Fiscalía pidió este miércoles que sean juzgados por tribunales civiles y no militares 14 detenidos en Rosario de Perijá (noroeste), donde un grupo de personas destrozó la estatua del fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) e intentó quemar la alcaldía.
"Si ya militarizaron todo, ¿cómo no van a militarizar la justicia? (...) quieren control total", aseguró el diputado opositor Henry Ramos Allup.
El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, calificó la medida como una "práctica de las dictaduras".
El gobierno, que inició el retiro de Venezuela de la OEA, acusa a Almagro de promover un golpe de Estado y una intervención con la que -sostiene- Estados Unidos busca apropiarse de la riqueza petrolera de este país, que cuenta con las mayores reservas del mundo.
Las marchas tienen como combustible el malestar popular por la crisis económica que golpea al país petrolero, con una severa escasez de alimentos y medicinas y una inflación que es la más alta del mundo.
Maduro, cuya gestión es rechazada por el 70% de los venezolanos según encuestas, asegura que las manifestaciones han derivado en "actos terroristas" y focos de "insurgencia armada".
El presidente dijo haberse visto obligado entonces a convocar a una Constituyente para reforzar la Constitución que impulsó su mentor Chávez y lograr la reconciliación del país.
"Maduro dio un 'batacazo' (golpe inesperado) a la oposición con esta Constituyente. Aquí no van a traer el caos", dijo el joven Andrés Mejía, en una masiva concentración de chavistas en el centro.
En el acto, Elías Jaua, delegado presidencial para impulsar la iniciativa, defendió la Constituyente como el "camino a la paz" frente a un pedido de "elecciones anticonstitucional".
La oposición descarta participar en la Constituyente, porque la mitad de los 500 asambleístas serán elegidos entre sectores controlados por el chavismo, lo que a su juicio niega el voto universal. Maduro asegura que será "popular" y no de "élites".
"Este fraude lo que pretende es que no haya elecciones, que nada cambie, que se siga hundiendo Venezuela y se mantenga Maduro (cuyo mandato termina en enero de 2019) atornillado en el poder", declaró Capriles.
La Constituyente deja en suspenso las elecciones presidenciales de diciembre de 2018, las de gobernadores (pospuestas en 2016) y las de alcaldes de 2017.



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