Zelaya se va de Honduras y la Justicia sobreseyó a los militares que actuaron en el golpe

El depuesto presidente de Honduras, Manuel Zelaya dejará hoy Tegucigalpa escoltado por el electo presidente, Porfidio Lobo y los gobernantes de Guatemala, Álvaro Colom, y de la República Dominicana, Leonel Fernández.

"El presidente Fernández, el presidente Colom, yo también voy a hacerlo, vamos a ir a la embajada de Brasil, si está abierto el acceso, para acompañar al presidente Zelaya para que se traslade al aeropuerto internacional para que haga su salida", dijo Lobo en una conferencia de prensa.

"Si está despejado, yo voy también", insistió Lobo bromeando ante la posibilidad de que surjan problemas logísticos por eventuales aglomeraciones de personas en las inmediaciones de la embajada de Brasil, donde Zelaya se encuentra encerrado desde el 21 de septiembre pasado, cuando regresó clandestinamente al país.

En tanto, el titular de la Corte Suprema de Justicia de Honduras, Jorge Rivera, declaró hoy la inocencia de la cúpula militar que expulsó del país al ex presidente constitucional Manuel Zelaya luego de derrocarlo.

La decisión fue adoptada por la Corte respecto al cargo presentado por la Fiscalía hondureña, que había pedido la destitución de los generales hondureños y su encarcelamiento por haber expatriado a Zelaya el 28 de junio de 2009, cuando ocurrió el golpe de Estado, en lugar de presentarlo detenido.

La decisión de destituir a Zelaya no fue juzgada, ya que fue ordenada por la misma Corte Suprema, debido, supuestamente, a la consulta que promovió el mandatario derrocado para convocar a una asamblea constituyente.

Rivera fue seleccionado por los restantes 14 magistrados del pleno de la Corte para que actuara como juez natural en el caso, tras la acusación de los fiscales para enjuiciar al máximo jefe militar, general Romeo Vásquez Velásquez, y los restantes jefes del ejército, fuerza aérea y armada.

En su justificación para dar "sobreseimiento (inocencia)" a los militares, el juez Rivera escribió en la sentencia que existía una "situación de real peligro en Honduras" y la amenaza de un "derrumbe institucional del Estado" a causa de la tensión existente.

Según el juez Rivera, los militares "no tuvieron intención deliberada de crear perjuicio" al derrocado Zelaya e indicó que los militares aceptaron en el juicio que realizaron la expulsión de Zelaya, pero lo hicieron debido al "gran peligro" que había en la nación.

Asimismo, los militares alegaron que antes del 28 de junio detectaron la presencia de más de 900 personas armadas, incluyendo ciudadanos de Cuba, Venezuela y España, y que existía una situación de peligro de "guerra civil" en Honduras.

El fallo de la Corte, en definitiva acepta el criterio de la defensa de los generales, que argumentó que en el momento de la expulsión de Zelaya había "un estado de necesidad", una figura del Código Penal de Honduras que da potestad a las autoridades para realizar acciones contrarias a la ley si el orden público o la seguridad nacional están en riesgo.

Esa situación de emergencia pareció mantenerse durante los siete meses del régimen de facto, ya que el 5 de julio los militares impidieron el aterrizaje en Tegucigalpa del avión que traía de regreso a Zelaya y lo mismo hicieron el 23 de julio cuando ingresó por unas horas desde la frontera con Nicaragua.

El general Vásquez Velásquez se declaró "contento" por la decisión del juez Rivera e indicó que ello valida su decisión de junio del año pasado, en cuanto a "proteger al pueblo hondureño".

La decisión de la Corte Suprema parece, por otra parte, el primer paso de la amnistía que se espera que el Congreso apruebe en las próximas horas, lo que liberaría de toda acusación a los militares participantes del golpe de Estado, parte de una conspiración apoyada por la mayoría de los ex diputados, la Justicia, los empresarios, las iglesias católica y evangelistas y organizaciones civiles.

El presidente del Legislativo, Juan Orlando Hernández, indicó, citado por el diario local La Tribuna, que "no podía asegurar que sería aprobada hoy", pero no descartó que "podría ser antes de la toma de posesión (de mañana del presidente electo Porfirio Lobo)" y aclaró que "eso no significa que entre en vigor de inmediato".