Industria del vino: el gremio se sumó a las voces que se oponen a la desregulación de controles del INV

La Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines advirtió que los cambios que impulsa el Gobierno pueden afectar la calidad y la imagen del vino argentino en el exterior.

La Resolución 37/2025 que desregula la producción de vinos tiene fecha de vigencia a partir del 1 de enero próximo. 

La polémica desatada dentro de la industria del vino en torno de la desregulación de funciones de control del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) sumó un nuevo actor: la Federación de Obreros y Empleados Vitivinícolas y Afines (FOEVA), que se sumó a la postura de las entidades que rechazan los cambios impulsados por el Gobierno.

Mientras se espera que la Justicia defina si acepta o rechaza el recurso de amparo presentado por cuatro entidades para frenar la aplicación de la Resolución 37/2025 que entra en vigencia el 1 de enero, se sigue agrandando la brecha entre los representantes de los distintos eslabones de la cadena de valor del vino.

El conflicto de intereses más evidente es el que diferencia a Bodegas de Argentina (la cámara que agrupa a 250 bodegas de todo el país) del resto de entidades que participan en etapas anteriores del proceso de producción de vinos, como las que promueven el amparo judicial. En cambio, BdA comparte el punto de vista oficial que promueve la desregulación de la actividad con el objetivo de bajar costos y mejorar la competitividad.

En este marco, FOEVA trazó un balance crítico sobre el presente y el futuro inmediato de la actividad. En un año que reconfiguró el mapa productivo del sector, el gremio se posicionó junto a las voces críticas frente a la política de desregulación impulsada por el Gobierno nacional dentro del INV.

La entidad sindical coincidió con las entidades empresarias que presentaron el amparo (Asociación de Cooperativas Vitivinícolas, la Unión Vitivinícola Argentina, la Asociación de Viñateros de Mendoza y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios) al advertir que la flexibilización de los controles compromete la trazabilidad, facilita la informalidad y abre interrogantes sobre la transparencia de toda la cadena de producción.

La Resolución 37/2025, publicada en noviembre pasado, modificó el esquema de control del organismo y eliminó la presencia fiscalizadora en viñedos, cosechas, procesos de elaboración y fraccionamiento, dejando como única instancia obligatoria la auditoría del vino ya embotellado, entre otras medidas.

A través de un comunicado que lleva la firma del secretario de Prensa de FOEVA, Daniel Romero, la entidad consideró que esta medida “fragmenta el sistema de control” que caracterizó durante décadas al INV y que le dio prestigio a los vinos argentinos en mercados internacionales exigentes.

Romero lo sintetizó de manera contundente: “Si el INV sólo controla el vino embotellado, desaparece la trazabilidad”. Para el gremio, esto implica que no se sabrá cuánta uva fue cosechada, en qué condiciones laborales, ni si los procesos productivos cumplen con los estándares que exige la ley.

Duras críticas del gremio a la resolución que desregula el INV

La Federación advirtió que la desregulación “favorece la informalidad, debilita la fiscalización laboral y puede afectar la calidad del producto y la imagen del vino argentino en el exterior”.

Otro aspecto crítico que destacó el gremio fue una vendimia marcada por “dos realidades completamente distintas”. En la viña describió un panorama crítico: caída del rendimiento, desaparición de pequeños productores, presión de la uva importada y empleos inestables o directamente perdidos.

Para los trabajadores y trabajadoras del viñedo, el 2025 fue uno de los años más duros de la última década, con una merma en la producción que impactó de lleno en la cantidad de jornadas laborables y en los ingresos percibidos durante la temporada, remarcó.

En el sector de bodegas la situación también mostró retrocesos. La caída del consumo interno, el amesetamiento de las exportaciones y la falta de competitividad generaron dificultades diversas, incluso para empresas de trayectoria.

La Federación citó casos de firmas como La Riojana, Norton, Fecovita o varias bodegas de San Juan que atravesaron reducciones de personal o directamente cese de actividades.

El sindicato subrayó que este fenómeno no responde únicamente a cuestiones coyunturales, sino a cambios estructurales profundos: la irrupción acelerada de nuevas tecnologías en las líneas de producción, que si bien modernizan procesos, reducen la demanda de mano de obra y exigen perfiles laborales distintos a los históricamente formados en la región.

Todo este contexto contribuyó a “un panorama de paritarias atravesadas por límites salariales que no tenían relación con la inflación real ni con la canasta básica”, lo que derivó en discusiones extensas y un clima de tensión permanente, añadió.

Desde esta perspectiva, el año 2025 ofreció avances desde el punto de vista institucional dentro del sindicato, pero dejó en evidencia la incapacidad del sector de recomponer el poder adquisitivo perdido desde la devaluación de 2024. Según FOEVA, la prioridad de cara al 2026 será recuperar el salario real, proteger la trazabilidad y defender cada puesto de trabajo.

También resaltó que la atomización del sector empresario -con diez cámaras representando a las bodegas y nueve a los viñateros- también dificultó la posibilidad de avanzar con rapidez en un acuerdo.

En ese sentido, recién en octubre se logró un cierre con un aumento del 12% para bodegas y del 9,9% para viñas. El gremio evaluó que “el cierre fue un avance dentro de un contexto muy restrictivo, pero todavía lejos de lo necesario para recomponer el poder adquisitivo”.

El gremio insiste en que el problema de fondo persiste, porque los topes impuestos por el Ejecutivo neutralizan la posibilidad de discutir salarios que acompañen la inflación real.

A pesar de las dificultades que mencionó en el informe, la Federación destacó que durante el año logró avanzar en mejoras institucionales que buscan acompañar de manera más efectiva a los trabajadores: ampliación de beneficios, fortalecimiento de los subsidios, incorporación de un fondo de retiro, más presencia en inspecciones y asistencia a sindicatos de base, además de mejoras edilicias en inmuebles utilizados por los afiliados.