Las principales entidades del sector vitivinícola del país presentaron una acción de amparo para frenar las recientes desregulaciones implementadas en el Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV). El conflicto tiene dos ejes: la eliminación de la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas (CIU) y la derogación de la Declaración Jurada CEC 05. "Se trata de dos componentes claves de control del Estado que permiten garantizar la trazabilidad de la producción y contar con estadísticas, claves para tomar decisiones", sostuvo a Ámbito José Zuccardi, presidente de Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar).
4 de diciembre 2025 - 18:53
Cámaras vitivinícolas cuestionan en la Justicia puntos de la desregulación de Federico Sturzenegger
Piden que se retrotraigan dos componentes claves de control del Estado, que pasaron a ser optativos, que permiten garantizar la trazabilidad de la producción y contar con estadísticas, claves para tomar decisiones. Afectaría la calidad de la exportación. Apoyo de los gobiernos provinciales.
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Parte del mundo del vino pide que no se eliminen todas las regulaciones del sector.
El recurso interpuesto ante la Justicia Federal en Mendoza fue elevado por La Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa), para que se restituya la obligatoriedad del Certificado de Ingreso de Uvas (CIU) y la derogación de la Declaración Jurada CEC 05, que pasaron a ser optativos.
El 6 de noviembre se publicó en el Boletín Oficial de Nación la resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura que derogó 973 normas del digesto normativo del organismo, por impulso del ministerio de Desregulación y Transformación del Estado que comanda Federico Sturzenegger. El sector se mostró a favor de la eliminación de los controles pero planteó que debían continuar el CIU y CEC 05. "Están desregulando el vino como si se tratara de un commodities, acero o tráfico fluvial. Pero el vino es un producto vivo, con origen geográfico determinado. Esta desregulación indiscriminada amenaza décadas de construcción institucional y puede derivar en pérdida de identidad, informalización y un mercado caótico que es hasta inconveniente para el Estado porque dejará de recaudar impuestos", expresó Zuccardi.
De acuerdo a este empresario, no se agotaron las vías de diálogo con el ministerios de Economía y de Desregulación para que se revierta la medida, en los puntos observados. "Sabemos que los gobernadores en donde se produce vino han hecho el pedido, por lo que no se descarta la solución política, pero fuimos a la Justicia para que no se vencieran los plazos para reclamar", destacó Zuccardi. Con la medida, el sector pidió una medida cautelar para que se suspenda la resolución hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión. Si prosperara, la cosecha 2026 se realizaría bajo el régimen anterior; en caso contrario, entrará en vigencia desde el 1 de enero el nuevo esquema que prevé controles mínimos, certificaciones voluntarias y declaraciones juradas digitales como única garantía de origen.
Para el mundo del ecosistema del mundo vino, el CIU es una garantiza la calidad y autenticidad de los productos vitivinícolas, que cuenta con consenso de todos los sectores, "incluso del gremial", se asegura. También porque mantiene estándares internacionales de control, identificación y registro, además de brindar confianza a los consumidores y mercados. Tanto, que "es la única constancia fehaciente que certifica con reconocimiento bilateral el ingreso real de la uva al lagar, detallando peso, variedad y condiciones de entrega", se puntualizó.
Pedido oficial
Con fecha 28 de noviembre, Martín de los Ríos Plaza, Ernesto Pérez, Leonardo Zeballos y Juan Carlos Abud Robles, ministros de Producción de Salta, La Rioja, Catamarca y Jujuy, elevaron un pedido formal al ministro de Economía Luis Caputo, en que le expresaron que "apoyan todas aquellas reformas que vayan dirigidas a la eficacia, desburocratización, simplificación y agilización en el control y fiscalización de la vitivinicultura, siempre que garanticen a los consumidores la calidad, genuinidad y aptitud para el consumo de los productos vitivinícolas y se respeten los derechos de propiedad de quienes participan en la cadena de valor".
También los cuatro coincidieron en señalar que "es indispensable reafirmar la importancia esencial de dos instrumentos históricos, estructurales y complementarios del sistema de control vitivinícola: La Declaración Jurada de Ingreso de Uva (CIU) y la Declaración Jurada Anual de Elaboración (CEC 05), junto con su Anexo de Terceros". Por ello, solicitaron su restitución. Hasta el momento no obtuvieron ninguna respuesta.
Señales
El sector vitivinícola atraviesa un escenario de fuerte caída del consumo interno, menos exportaciones, más importaciones y un proceso acelerado de concentración productiva. Mendoza, eje del complejo, muestra señales de alerta. Esta situación que tiene múltiples aristas encontró la confirmación judicial en el caso de una de sus firmas más históricas. Tres semanas después de la presentación del pedido, el Primer Juzgado Concursal de Mendoza decretó la apertura formal del Concurso Preventivo de Acreedores solicitado por Bodega Norton SA.
Denominado como "Bodega Norton S.A P/Megaconcurso" por la magnitud de la empresa y su pasivo, estimado en cerca de 30 millones de dólares, se dio inicio así a un complejo proceso de saneamiento financiero que busca evitar la quiebra. En la apertura del concurso, la jueza Lucía Sosa intimó a Norton a depositar la suma de $13,5 millones para cubrir los gastos iniciales, en particular, los de correspondencia para notificar a la extensa lista de acreedores distribuidos en varias provincias, incluyendo CABA, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Neuquén.
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