Vinos: parte de la industria presentó un amparo judicial para evitar que se elimine un instrumento de control clave

Cuatro entidades pidieron a la Justicia Federal que impida que entre en vigor el 1 de enero la resolución del INV que afecta al Certificado de Ingreso de Uvas (CIU).

La discusión se centra en la vigencia del Certificado que permite controlar el origen y trazabilidad de las uvas.

La relación entre el Gobierno y el sector vitivinícola no pasa por su mejor momento debido al conflicto de intereses que generaron las iniciativas de desregulación en la cadena de producción y el recorte de funciones al Instituto Nacional de Vitivinicultura.

Esta situación sumó ahora un elemento nuevo: la presentación de una acción de amparo ante la Justicia Federal de Mendoza para impedir que la Resolución 37/2025 del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV) entre en vigencia el 1 de enero de 2026.

El recurso judicial fue impulsado por algunas de las entidades representativas de la cadena productiva. Ellas son la Asociación de Viñateros de Mendoza (AVM), la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas (Acovi) y la Cámara Riojana de Productores Agropecuarios (Carpa).

El foco de la controversia es el Certificado de Ingreso de Uvas (CIU), un documento que hasta ahora funcionaba como la “partida de nacimiento” de cada partida de uva que llega a una bodega.

El CIU permite identificar lote, origen, titularidad y características básicas del envío, y es utilizado por productores, corredores, bodegas y autoridades para sostener cadenas de custodia y verificar legitimidad en transferencias y comercialización.

La resolución cuestionada vuelve optativo ese requisito -junto a otras modificaciones que reducen la intervención del INV en controles previos al fraccionado- y concentra la fiscalización en el vino ya fraccionado y listo para la venta.

Para los demandantes, esa decisión quita instrumentos que hoy permiten verificar desde la tenencia de la uva hasta la trazabilidad del producto final.

En su presentación judicial las organizaciones sostienen que “frente a los reiterados pedidos realizados a las autoridades del Ministerio de Desregulación para reincorporar el CIU y su obligatoriedad, y ante la falta de respuestas, presentamos una acción de amparo para garantizar el título de propiedad del productor vitivinícola y la trazabilidad del producto”.

Sostienen además que la norma impulsada por el gobierno nacional implica la eliminación de herramientas regulatorias esenciales para la trazabilidad, la seguridad jurídica sobre la titularidad de la cosecha y el control sanitario, y advierten que el supuesto “alivio burocrático” que impulsa el organismo tendría efectos prácticos que ponen en riesgo la propiedad y el origen de la materia prima.

Las entidades que formalizaron el amparo explican que la eliminación del carácter obligatorio del CIU no se trata de una mera simplificación administrativa sino de una transformación con impacto directo sobre derechos de propiedad y sobre la capacidad de los actores de probar la titularidad de la cosecha.

En el texto judicial se reclama la nulidad de la derogación o, al menos, la suspensión preventiva de la resolución hasta tanto se diriman las cuestiones de fondo.

Señalan además que la medida fue dictada sin negociación suficiente con las cámaras regionales y que la puesta en vigencia en un plazo breve -rige desde el 1 de enero- complica la posibilidad de adaptar sistemas comerciales y administrativos que hoy operan con ese instrumento.

Desde el otro extremo, el gobierno y el INV han defendido la reforma como parte de una política de “desburocratización” destinada a reducir costos y requisitos para el sector.

La réplica del ministro Sturzenegger por la desregulación del vino

En su respuesta al recurso, funcionarios del Ministerio de Desregulación y del INV argumentaron que el CIU no desaparece en términos prácticos sino que se reconceptualiza: pasaría a llamarse “Declaración Jurada de Certificación de Cosecha” y se ofrecería como un instrumento optativo para quienes lo requieran, no como una obligación universal.

Desde la cartera que conduce Federico Sturzenegger dejaron trascender sus argumentos en favor de declarar no obligatorio el CIU: “El productor podrá elegir la frecuencia de presentación: por camión, semanal, mensual o anual. Esto implica que quien lo valore como herramienta contractual puede seguir usándolo exactamente igual que hoy, y quien no lo necesite deja de estar obligado a un trámite que no agrega valor a su operatoria”.

Y aseguran que “el 40% de los CIU no se usan para certificar origen, añada ni varietal, porque corresponden a uvas destinadas a vino genérico, que no requiere esa certificación”.

Además, según la postura oficial, muchas de las funciones que hoy realiza el INV se concentrarán en el control del producto fraccionado y en el tránsito comercial regulado, con la idea central de “simplificar” procesos administrativos que, según la administración, afectan la competitividad.

El descargo oficial sobre la continuidad del CIU aunque bajo otro nombre y modalidad, sirvió para desarticular el frente empresario que se había aglutinado detrás del objetivo de garantizar su continuidad.

Fue por eso que, inicialmente, la posibilidad del recurso de amparo había reunido el aval de entidades que suelen tener intereses contrapuestos dentro de la misma industria. Pero finalmente quedó limitado a cuatro entidades.

Ahora la expectativa de la mayoría de los protagonistas de la industria vitivinícola está puesta en qué medida adopte la Justicia Federal de Mendoza. Confían en que se dará lugar a las medidas cautelares para suspender la aplicación de la resolución mientras se tramita el fondo de la cuestión que tiene que ver con el CIU y todo el paquete desregulación impulsado por el ministro Sturzenegger.

En el medio, no se descarta que el gobierno decida abrir una instancia de negociación técnica con las cámaras para revisar los alcances y plazos de la Resolución 37/2025 que establece un nuevo marco normativo unificado para el sector vitivinícola y elimina de un plumazo 970 normas regulatorias.