Desregulación del vino: la industria se agrupó en defensa de un instrumento clave que el Gobierno quiere eliminar

Toda la cadena de valor reclama que siga siendo obligatorio el Certificado de Ingreso de la Uva (CIU). Presentarán un amparo judicial para que los cambios en el INV no rijan desde el 1 de enero.

La industria del vino teme que la falta de controles afecte la calidad y la credibilidad de sus productos.

La decisión del Gobierno nacional de avanzar en la desregulación de toda la cadena productiva vitivinícola abrió una grieta profunda en la industria del vino argentino. Sin embargo, las medidas más recientes que implican un recorte de las funciones de contralor del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), acercaron posiciones entre entidades y empresas que venían mostrando posturas enfrentadas.

La derogación de 973 normas, la creación de un digesto único y la focalización del control estatal en el producto final, fueron medidas que las autoridades nacionales describen como una modernización y una desburocratización del sector.

Sin embargo, estos cambios no fueron bien recibidos por los principales protagonistas de la cadena productiva vitivinícola, que interpretan que ponen en riesgo la actividad ya que reducen salvaguardias históricas sobre la trazabilidad, la titularidad de la uva y la protección de los pequeños productores.

La resolución 37/2025, publicada en el Boletín Oficial, establece además que el nuevo régimen entrará en vigencia a partir del 1° de enero de 2026. La proximidad de la fecha intensificó la urgencia de las reacciones y de gestiones políticas por parte de las entidades que se sienten afectadas.

En ese marco, el sector privado logró conformar un frente común alrededor de una estrategia de defensa que puso a la instancia judicial como último recurso. Lo que se intenta es conseguir la postergación de la entrada en vigencia de las desregulaciones y así ganar tiempo para seguir negociando con los funcionarios del Ministerio de Desregulación de la Nación, que encabeza Federico Sturzenegger.

Distintas entidades y grupos de productores trabajan en la redacción de un recurso de amparo para presentar ante los tribunales de Mendoza. Allí solicitan medidas cautelares que suspendan la aplicación de la resolución en uno de los puntos que más inquieta: la vigencia del mecanismo del Certificado de Ingreso de la Uva (CIU).

Los fundamentos jurídicos que esgrimen los demandantes combinan argumentos de derecho administrativo, que objetan la forma y el alcance de la derogación masiva de normas sin una evaluación de impacto suficiente; con fundamentos ligados a la defensa de las indicaciones geográficas, las denominaciones de origen y la protección de los derechos de los productores frente a posibles prácticas comerciales desleales, según detallaron fuentes del sector consultadas por Ámbito.

La industria del vino formó un frente común para defender el CIU

En el centro de la polémica está el mencionado Certificado de Ingreso de Uva, un documento hasta ahora obligatorio que funciona como la “cédula de identidad” de cada partida de uva que ingresa a una bodega y que la normativa impulsada por Sturzenegger pretende dejar como optativo.

El CIU consigna información clave: quién es el titular del viñedo, la parcela de origen, la fecha y volumen de ingreso, entre otros datos que sirven para vincular la materia prima con la partida de vino resultante.

Ese registro cumple no sólo una función de trazabilidad sanitaria y técnica, sino también una función probatoria para dirimir conflictos de titularidad o diferencias comerciales entre contratistas, bodegas y viñateros.

La norma aprobada convierte en optativo el uso obligatorio del CIU y, en términos prácticos, permite que la acreditación de ingresos y titulares pueda quedar en manos de mecanismos privados o de declaraciones juradas con menor intervención estatal.

Desde la industria aseguran que esto implicaría la desaparición de un instrumento público y uniforme que hasta ahora sirvió de garantía para pequeños productores y para la protección de indicaciones de origen.

Este punto es considerado estratégico por todos los sectores de la cadena de valor. A tal punto que su eventual eliminación fue el factor que unificó posturas incluso entre entidades que no comulgaban en el rechazo a la propuesta general de desregulación.

Es el caso de Bodegas de Argentina, entidad que agrupa a 250 bodegas de todo el país, que el pasado 15 de noviembre emitió un comunicado oficial de respaldo a las iniciativas del gobierno nacional.

“Tras un análisis técnico, confirmamos que los nuevos criterios de control, focalizados en la etapa final de comercialización, no implican riesgos para la calidad ni para la seguridad del producto. Por el contrario, mantienen la trazabilidad desde el viñedo hasta la botella y aportan mejoras en la competitividad del sector”, remarcó. Fue la primera y única entidad que se pronunció en ese sentido.

Sin embargo, según pudo saber Ámbito, Bodegas de Argentina también apoya la estrategia judicial de avanzar en la presentación de un recurso de amparo ante los tribunales de Mendoza para frenar los cambios.

La preocupación central pasa por la virtual eliminación de CIU. “Todos estamos de acuerdo con la modernización y la desregulación. Pero la continuidad del CIU como trámite obligatorio es innegociable. Es fundamental que continúe igual”, aseguran las fuentes.

Preocupación por la flexibilización de controles

De todos modos, más allá del CIU, los viñateros y enólogos señalan otros puntos que generan inquietud. Sostienen que la opción de que certificaciones de origen, añada y varietal pasen a ser optativas implica un riesgo para la reputación de ciertas regiones y para la protección de las denominaciones de origen.

Y que la ausencia de controles preventivos en etapas clave podría facilitar prácticas que afecten la calidad y la credibilidad de algunas líneas de producto, principalmente en el mercado doméstico y en destinos de exportación con requisitos estrictos.

También hay preocupación por la externalización de controles a actores privados: ¿quién auditará a los que auditen y con qué estándares y garantías lo harán?

Estas preguntas, aparentemente técnicas, son planteadas por pequeños productores que ven en la intervención estatal una herramienta necesaria para equilibrar fuerzas frente a grandes compradores y bodegas que tienen todas las etapas de producción integradas.

Desde el punto de vista de la actual conducción del INV, encabezada por Carlos Tizio, y el Gobierno, la reforma busca centrar los recursos del organismo en la garantía de que los productos que llegan al consumidor final sean aptos y no adulterados, eliminando trámites y autorizaciones considerados redundantes o burocráticos.

La justificación oficial habla de “fiscalización digital basada en riesgos” y de devolver libertad operativa a la industria para que concentre esfuerzos en la calidad y la competitividad.

Por el otro lado, cámaras representativas de viñateros, cooperativas, asociaciones de pequeños productores y entidades como Coviar elevaron fuertes objeciones y concretaron reuniones con el Gobierno para proponer la revisión de aspectos puntuales.

La discusión, en los hechos, se está dando en dos frentes simultáneos. Por el lado de la política, representantes de cámaras y federaciones se reunieron con el ministro Federico Sturzenegger en Mendoza para plantear la necesidad de corregir la norma antes de su entrada en vigencia.

Los reclamos se focalizaron en varios ejes que son afectados por la nueva normativa: la obligatoriedad del CIU y su reemplazo por mecanismos voluntarios o privados; la eliminación de declaraciones juradas y permisos de tránsito que, según los críticos, eran instrumentos esenciales para evitar mezclas indebidas o la alteración de partidas, y la reducción de sanciones administrativas, que para algunos quitó incentivos para el cumplimiento temprano de las obligaciones.