Valores mobiliarios, títulos valores y fondos comunes de inversión, la saga continúa

En anteriores oportunidades (incluso desde estas mismas páginas) se han comentado algunas implicancias fiscales de las reformas conjuntas de la Ley 27.430 y el nuevo Código Civil y Comercial unificado. En particular, por las diferencias conceptuales y las consecuencias tributarias.

Ingresos Brutos, Ganancias y Bienes Personales: la agenda impositiva que proponen las provincias a Nación

La Ley de Impuesto a las Ganancias reformada por la Ley 27.430 grava a… “los resultados derivados de la enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósito de acciones y demás valores, cuotas y participaciones sociales -incluidas cuota partes de fondos comunes de inversión y certificados de participación de fideicomisos financieros y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares-, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, cualquiera sea el sujeto que las obtenga”. (LIG, art. 2º inc. 4).

Así se ha unificado el tratamiento de los títulos que antes se encontraban dispersos en el articulado con diferente alcance. La nueva definición de valores se repite en los arts. 20 inc. w), 38, 65, 89, 90 y 96 de la Ley de Impuesto a las Ganancias.

Antes existían diferentes definiciones tanto de “títulos valores” (descripción omnicomprensiva de papeles de comercio como cheques y pagarés) como de “valores mobiliarios” (que normalmente son emitidos en serie). La legislación era imprecisa cuando no contradictoria, y era difícil determinar cuál era el género así como cuál era la especie.(1)

1|El nuevo código civil y comercial

Por su parte, el artículo 1815 del nuevo Código Civil y Comercial de la Nación define a los “títulos valores”, como: “Disposiciones generales. ART. 1815. Concepto. Los títulos valores incorporan una obligación incondicional e irrevocable de una prestación y otorgan a cada titular un derecho autónomo, sujeto a lo previsto en el Artículo 1816.” Y agrega: Cuando en este Código se hace mención a bienes o cosas muebles registrables, no se comprenden los títulos valores.” (Resaltado nuestro).

Ahora queda claro que el “bien” es el crédito resultante de la obligación legal que subyace, mientras que el “título” (“cartular”) es representativo de esa obligación. El segundo párrafo donde se indica que los “bienes” o “cosas muebles registrables” no comprenden a los títulos valores sería aclaratoria.

La cuestión es importante porque la LIG grava la transmisión de ambos conceptos: esto es se alcanza tanto el título cartular como el bien subyacente. Y si existiera un nuevo concepto como un certificado, como por ejemplo un ADR, el mismo queda nuevamente alcanzado por el IG.(2)

En otros términos, literalmente si un contribuyente poseía acciones mediante un condominio, anteriormente sólo poseía acciones, mientras que ahora, el título del condominio es un derecho o un valor autónomo que se superpone.

2| Ley 24.083, FCI, tratamiento actual

Las normas aplicables para los fondos comunes de inversión (FCI) constituidos en el país son la Ley 24.083 (modif. por las leyes 24.441 y 24.781) y el Dto. 174/ 93 modif. por Dec. 194/98.(3) Allí la ley dispone que: “Se considera FCI al patrimonio integrado por: valores mobiliarios con oferta pública, metales preciosos, divisas, derechos y obligaciones derivados de operaciones de futuro y opciones, instrumentos emitidos por entidades financieras autorizadas por el BCRA y dinero, pertenecientes a diversas personas a las cuales se les reconocen derechos de copropiedad representados por cuotapartes cartulares o escriturales. Estos fondos no constituyen sociedades y carecen de personería jurídica. …” (Art. 1°, resaltado nuestro).

A su vez, en el Art. 25 se dispone que “el tratamiento impositivo aplicable a los fondos comunes de inversión regidos por la presente ley y a las inversiones realizadas en los mismos, será el establecido por las leyes tributarias correspondientes, no aplicándose condiciones diferenciales respecto del tratamiento general que reciben las mismas actividades o inversiones...” (Resaltado nuestro).

La legislación de fondo impide aplicar “condiciones diferenciales” (sic) a las actividades e inversiones; en nuestra opinión, así se impide tanto beneficiarlas con una exención improcedente como perjudicarlas con una mayor imposición.

3| Los FCI abiertos y Ganancias

Frente al IG, respecto de las cuotapartes en general y cuotapartes de renta de los fondos la normativa dispone que serán objeto del siguiente tratamiento impositivo: “b) Los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y disposición, así como también sus rentas, quedan exentos del impuesto a las ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el título VI de la LIG. Cuando se trate de beneficiarios del exterior comprendidos en el título V de la citada norma legal, no regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el artículo 104 de la Ley 11.683.”

El tratamiento impositivo así establecido es de aplicación cuando los referidos títulos sean colocados por oferta pública con el propósito de permitirle a los fondos cerrados la colocación en el mercado secundario.

4| Impuesto sobre los bienes personales

Allí se dispone que están exentas: “inc. k) Las cuotapartes de fondos comunes de inversión comprendidos en el artículo 1º de la ley 24.083 y sus modificatorias, y los certificados de participación y valores representativos de deuda fiduciaria de fideicomisos financieros constituidos en los términos del Código Civil y Comercial de la Nación, que hubiesen sido colocados por oferta pública con autorización de la Comisión Nacional de Valores, y cuyo activo subyacente principal esté integrado, como mínimo, en un porcentaje a determinar por la reglamentación, por los depósitos y bienes a los que se refieren los incisos g), h), i) y j) de este artículo.”

Se agrega que no se tendrá por cumplido ese porcentaje, si se produjera una modificación que los disminuyera durante un período continuo o discontinuo de menos de 30 días en un año calendario (o el equivalente a la proporción de días considerando el momento de ingreso al patrimonio de las cuotapartes) hasta el 31 de diciembre.

A su vez en el DR se establece que “… se considerará que existe un activo subyacente principal cuando una misma clase de depósitos o bienes, o el conjunto de estos, representen, como mínimo, un 75 % del total de las inversiones del fondo común de inversión o del fideicomiso financiero. A tales fines, se entiende como “clase de depósitos o bienes” a cada uno de los comprendidos en los incisos g), h), i) y j) del mencionado artículo 21…”

5| Conclusiones de lo expuesto

En anteriores oportunidades (incluso desde estas mismas páginas) se han comentado algunas implicancias fiscales de las reformas conjuntas de la Ley 27.430 y el nuevo Código Civil y Comercial unificado.

En particular, se había advertido sobre la brecha existente entre la nominatividad fiscal de los títulos y la libre circulación establecida en la legislación de fondo. También se había alertado sobre algunas consecuencias impositivas de esa separación, tales como la diferencia del lugar donde se produce la transmisión del dominio (definitoria de la fuente territorial) en el caso de bienes registrables y, entre otras cuestiones adicionales, el modo de cumplimiento del requisito del consentimiento del cónyuge y uniones civiles en el caso de cesión de títulos.

Ahora es posible interpretar que los denominados “títulos valores” son un concepto genérico comprensivo de los “valores mobiliarios” que sería específico. Se llena así un vacío legal, aunque se mantiene la discusión sobre si ciertos papeles de comercio que se emiten individualmente como los cheques, letras y pagarés son efectivamente “títulos valores”.

A pesar de ese avance normativo no queda claro que los “títulos valores” deban ser emitidos en serie para ser considerados como tales; como atenuante en el art. 1820 del CCC existe una delegación a la “legislación vigente”.

Desde el punto de vista tributario, con la reforma por ley 27.430, se verifica una superposición en el modo de gravabilidad de los títulos y sus derechos. Sin definírselos, se alcanza a la transmisión de todo tipo de valores, a todas las formas de propiedad compartida (por ejemplo, condominios, sucesiones indivisas y fondos comunes de inversión) y hasta a la cesión de certificados de depósito por parte de terceros.

Como excepción, bajo ciertas condiciones cuando beneficiarios del exterior enajenen bienes en el país, se grava la transferencia indirecta de bienes y no las acciones según el nuevo art. 13.1 de la LIG (art. 8º Ley 27.430). Pero esa transparencia no se aplica en el caso de beneficiarios del país.

La indefinición de instrumentos gravados en la Ley del Impuesto a las Ganancias y el carácter omnicomprensivo de su enunciación (“demás valores”) reitera los problemas planteados durante décadas; literalmente alcanza aún a los documentos emitidos en forma individual tales como cheques y pagarés y a la nueva (vieja) factura electrónica (de crédito) que tantas complicaciones operativas ha significado.

Respecto de los Fondos Comunes de Inversión abiertos, la amplia exención contenida tanto en la LIG como en el Impuesto sobre los Bienes Personales debería ser considerada como aclaratoria de la propia ley de creación de fondos comunes que impide un tratamiento discriminatorio al vehículo elegido respecto del activo subyacente.

Si bien el tratamiento exentivo puede considerarse una reiteración legal, es bienvenido por cuanto extiende el tratamiento de la inversión principal del fondo a los activos accesorios como los saldos en efectivo y otras colocaciones circunstanciales.

1) Navarrine, Susana C. y Asorey, Ruben O. “Impuesto sobre la transferencia de títulos valores”. La Ley SA; Zeldin, Alberto; “Sobre los títulos valores alcanzados por el gravamen de la Ley 21.280”; Derecho Fiscal, Tomo XXVI; Pág. 303.

2) Debe distinguirse entre los CEDEAR’s que son certificados de acciones de sociedades de USA constituidos en entidades financieras de Argentina regulados por las CNV. Por su parte, los ADR’s (o GDR´s) son certificados de acciones de Argentina depositados en entidades financieras deUSA (o globales) regulados por la SEC.

3) Malunián, Nicolás; Diplotti, Adrián y Gutiérrez, Pablo; “FCI: su regulación en Argentina”; Revista Enfoques; N° 3; Marzo 2001; pág. 31.

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