Fiscalidad y derechos humanos frente a la pandemia ya resulta una preocupación mundial

Novedades Fiscales

Lo recomendado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) lleva a indagar en las cuestiones fiscales que se plantean ante esta crisis extraordinaria y si bien se bosquejan ciertas ideas sobre el presente, también se alude al día después.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos dictó el 10 de abril de 2020, por cual exhorta a los Estados Partes de las Américas, a privilegiar los Derechos Humanos en las Políticas de Estados, que se tomen, con motivo de la pandemia provocada por el virus COVID-19. Por ello, aporta recomendaciones para el diseño de Política de Estado Integral, donde se conjuguen los derechos de las personas, la salud, y la economía, que tenga en cuenta el avance del virus, pero proteger la salud no olvide las estructuras sociales y económicas.

El planteo central está basado en la disyuntiva: Política de Estado vs Derechos del Hombre. La preocupación de la CIDH por proteger los derechos del hombre, la destaca porque es la “…condición esencial para la democracia, el Estado de Derecho y el desarrollo sostenible…”. Hace hincapié, por este motivo, en mencionar los sectores vulnerables de la sociedad. Sin embargo, aborda otras relaciones jurídicas, entre ellas las económicas, comprensiva de la tributaria, objeto de este comentario.

1| Limitación de derechos

Las desigualdades, que presentan las sociedades latinoamericanas, en sus diferentes aspectos, son notorias, afectan el sentido del ser humano, la vida digna; y la CIDH las describe pormenorizadamente.

Luego incursiona en las consecuencias que depara a los Estados este flagelo, tanto económica, por los cuantiosos esfuerzos, como las restricciones, más allá de cual fuera la denominación asignada(1), que requiere la preservación de la salud, las cuales, como lo admite la CIDH, o lo dicen los gobernantes, importan “suspensión y restricción de algunos derechos” (2).

Los países del mundo han obrado heterogéneamente. Algunas naciones, como Argentina, El Salvador, muestran un desarrollo exiguo de la pandemia, sustentándose fuertes medidas preventivas y restrictivas en salud. En contrario, otros, cuyas medidas iniciales, fueron laxas, presentan un desarrollo expansivo de la enfermedad. Ejemplo: Estados Unidos, Brasil, España, Italia.

Esta disparidad de acciones estatales plantea uno de los dilemas de la humanidad: la vida digna de la persona humana vs la concepción economista. La resolución del dilema indica que debe privilegiarse la valía de la persona humana, por sobre la economía; porque esta es el medio, aquella es el fin.

La CIDH considera que derechos como al trabajo, a la seguridad social, a la educación; entre otros son afectados por la pandemia, por ello destaca que “…los Estados tienen la obligación reforzada de respetar y garantizar los derechos humanos en el marco de actividades empresarias…”(3) Apreciación encadenada con uno de los pilares del Estado de Derecho: “el desarrollo sostenible”.

El esfuerzo económico que requiere de los Estados la pandemia, obliga a que se responda con Políticas de Estados Integrales sustentada en la razonabilidad, el equilibrio, la equidad, la prudencia; donde el cuidado de la salud en el presente no puede significar perder de vista el “día después”. Por ello debe mediar preservación de la salud, pero también conservación de las estructuras productivas, porque el futuro se construye sobre estas últimas.

Razón por la cual, no se puede descuidar el apoyo que demandan las empresas pequeñas y medianas, que por los designios de la política sanitaria deben suspender su actividad. La vivencia de esos emprendimientos, propiciará la salida promisoria y necesaria que requieren las personas, y la sociedad.

La regla de equilibrio que esclarece el comportamiento del Estado, la CIDH la enuncia en la recomendación 3, el inciso “b” dice “El deber de garantía de los derechos humanos requiere que los Estados protejan los derechos humanos atendiendo a las particulares necesidades de protección de las personas y que esta obligación involucra el deber de los Estados de organizar todo el aparato gubernamental y, en general, todas las estructuras a través de las cuales se manifiesta el ejercicio del poder público, de manera tal que sean capaces de asegurar jurídicamente el libre y pleno ejercicio de los derechos humanos”.

Luego, en el inciso “c” agrega “El deber de respetar los derechos humanos comprende la noción de la restricción al ejercicio del poder estatal, es decir, requiere que cualquier órgano o funcionario del Estado o de una institución de carácter público se abstenga de violar los derechos humanos”.

Por su parte respecto a las normas el inciso “g”, indica que requisitos deben tenerse en cuenta, cuando se suspenden derechos “…legalidad, necesidad, proporcionalidad, temporalidad…”, cuya finalidad es evitar un uso estatal “…ilegal, abusiva y desproporcionada, ocasionando violaciones de a derechos humanos o afectaciones del sistema democrático de gobierno”

2| Planificar para lo que vendrá

La Política Integral de Estado significa, compartir esfuerzo; adecuada distribución de los recursos; mantener las estructuras productivas, que, no es igual a privilegiar los esquemas económicos. Estas apreciaciones son exhortaciones de la CIDH para el “después”, es decir, los remedios deben subsanar las consecuencias del flagelo y reconstruir los tejidos sociales; por ello manifiesta “…los planes para la recuperación social y económica…”(4)

Las necesidades de los Estados de contar recursos genuinos requieren conectar los derechos del hombre, con el rol de contribuyente que detentan las personas; y la diversidad de actividades y sectores constitutivos de una Nación, demandan la evaluación integral

El vínculo fisco-contribuyente es, en pandemia, un desafío estatal, porque debe compatibilizar: ingresos fiscales versus vigencia contributiva subjetiva. Surgen así aspectos como las obligaciones vencidas, las obligaciones futuras inmediatas, los intereses, las políticas de ejecuciones fiscales, los procesos fiscales, entre otras. Pero a la vez, debe evitarse lo que la CIDH llama la desproporción de los efectos, que significa que “mediante la restricción o limitaciones a los derechos se pueden generar impactos en el goce de otros derechos de manera desproporcionada en determinados grupos…” y agrega “…se hace necesaria la adopción de medidas positivas de protección adicionales para estos grupos…”(5).

Los contribuyentes se encuentran con restricciones insalvables, que afectan sus derechos, y en este sentido la CIDH exhorta al cumplimiento de buena fe de los “…compromisos internacionales en materia de derechos humanos…”, los cuales “…deben cumplirse de buena fe…”, sustentándose en “…las normas de derecho internacional aplicables” (Recomendación 3.a.)

Esta pauta deriva del conjunto de normas(6) que fundan estas recomendaciones. El artículo 29(7) de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, que sostiene el privilegio de los derechos de las personas, no pudiendo, de ninguna manera, alterarlos las acciones estatales. En Argentina existen disposiciones(8) que regulan el comportamiento de los contribuyentes, cuando media fuerza mayor. Un caso son los intereses, donde no puede imputársele mora culpable, porque los pagos obedecen a carencias causadas por las restricciones que impone el Estado por medidas sanitarias, es decir, el propio acreedor lo inhibe de obtener ingresos.

Las restricciones estatales llevan a preguntarse ¿Cómo puede un contribuyente ejercer libre pleno y efectivo sus derechos si se lo obliga a cumplir sus obligaciones cuando le han detraído los medios? La repuesta lleva a las siguientes conclusiones:

Se afecta al contribuyente al condenarlo a pagar obligaciones al Estado, cuando este le privó de los medios para su cumplimiento

Esta situación propicia un supuesto de exacción, que, de prosperar, seguramente significará un daño y perjuicio irreparable.

La exigibilidad del Estado pone en riesgo al propio sistema democrático, porque la masividad de contribuyentes afectados elimina fuentes genuinas de aporte a la hacienda pública.

Estas restricciones contrarían disposiciones nacionales, que la CIDH las considera relevantes, más cuando importa protección, en este caso es el interés resarcitorio, por el incumplimiento imposible, propio de la fuerza mayor.

El Estado, necesariamente debe arbitrar medidas de reprogramación de obligaciones, posponiendo los vencimientos, que podrán ser sucesivamente reprogramado de acuerdo a la evolución de la pandemia.

Las personas, en el rol de contribuyente, no puede descuidárselo, por eso es necesario suspender el inicio de las acciones judiciales, así, se evita encarecer las obligaciones, al sumársele las costas y honorarios, más cuando se aprecian prácticas fiscales inadecuadas en esta materia.

La suspensión debe extenderse a las ejecuciones en curso, porque en este caso, si bien, se dispone desde el Poder Judicial ferias especiales, no es menos cierto, que el levantamiento de esas restricciones jurisdiccionales, se hará en un plazo, incompatible con la recuperación económica de un contribuyente para poder abonar el resultado de las ejecuciones.

En cuanto a las situaciones pretéritas reconocidas por la Ley 27.541, debería reformularse el esquema legal sancionado, contemplando los efectos del flagelo COVID 19 y la Política de Estado Integral.

Por lo tanto, el carácter extraordinario de esta situación requiere soluciones excepcionales. Donde salud SI, pero sin olvidar la economía preservando a los actores económicos, con esta idea deben insertarse las disposiciones tributarias en la mentada Política Integral de Estado, por ocupándose de los contribuyentes en el presente, se vislumbrará el futuro; dotando a estas normas de la consabida razonabilidad, para otorgar seguridad jurídica a la relación tributaria Fisco – Contribuyente; porque después de los desastres, la vida continúa para los que sobreviven.

1) Estado de emergencia; estado de excepción; estado de catástrofe por calamidad pública o emergencia sanitaria.

2) Derecho a la libertad de expresión; derecho al acceso a la información; la libertad personal; la inviolabilidad de domicilio; el derecho a la propiedad privada; derecho a adecuada educación; la preservación contra el uso de tecnología de vigilancia invasiva; derecho a reunión; derecho a circulación.

3)Tercer párrafo de 1. El derecho humano a la salud y otros DESCA en el contexto de las pandemias, B Parte Considerativa, de la Resolución 1/20 de la CIDH.

4) De la Recomendación 2, Resolución 1/20 Corte Interamericana de Derechos Humanos.

5) Párrafo 3, punto II, Estado de excepción, libertades fundamentales y Estado de Derecho, B Parte Considerativa resolución 1/20 CIDH

6) Artículo 106 de la Carta de Organización de los Estados Americanos y los similares contenidos de los artículos 41, inciso b, de la Convención American sobre Derechos Humanos, y el artículo 18, inciso b del Estatuto de la Comisión Interamericana sobre Derechos Humanos, que en la parte que atañe dice “…legislaciones, de sus preceptos constitucionales y de sus compromisos internacionales, y también disposiciones apropiadas para fomentar el respeto a esos derechos;”.

7) Artículo 29 Convención Americana sobre Derechos Humanos: Ninguna disposición de la presente convención puede ser interpretada en el sentido de: a) Permitir a alguno de los Estados Partes, grupo o persona, suprimir el goce y ejercicio de los derechos y libertades reconocidos en la Convención o limitarlos en mayor medida que la prevista en ella; b) Limitar el goce y ejercicio de cualquier derecho o libertad que pueda estar reconocido de acuerdo con las leyes de cualquiera de los Estados Partes o de acuerdo con otra convención en que sea parte uno de dichos Estados; c) Excluir otros derechos y garantías que son inherentes al ser humano o que se derivan de la forma democrática representativa de gobierno, y d. excluir o limitar el efecto que puedan producir la Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre y otros actos internacionales de la misma naturaleza.

8) Artículos del CCCN: 888 (prueba de la inimputabilidad), 1730 (caso fortuito o fuerza mayor), 1732 (imposibilidad de cumplimiento), y 1733 (caso fortuito).

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