2 de abril 2020 - 12:35

Cuidarnos, para cuidar a los otros, las otras y también al Estado que nos cuida

De manera audaz y previsora adoptó, a diferencia de otros países de la región, una medida de carácter extremo, centralizando las decisiones en el aparato estatal, con la pretensión de preservar la capacidad de respuesta del sistema de salud argentino, aún cuando eso implicara poner en segunda instancia la economía (y sus actores).

La Ciudad vacía en la cuarentena.

La Ciudad vacía en la cuarentena.

Foto: Mariano Fuchila

Poco más de una semana después de la declaración del coronavirus COVID-19 como pandemia, y luego de la suspensión de clases, y la promoción del teletrabajo para la Administración Pública Nacional, Provincial y Municipal, como también para el sector privado, el presidente Alberto Fernández estableció, mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia, el aislamiento social preventivo y obligatorio.

De manera audaz y previsora adoptó, a diferencia de otros países de la región, una medida de carácter extremo, centralizando las decisiones en el aparato estatal, con la pretensión de preservar la capacidad de respuesta del sistema de salud argentino, aún cuando eso implicara poner en segunda instancia la economía (y sus actores).

Asimismo, se fijaron precios máximos para una canasta de productos esenciales, se estableció la prohibición de corte de servicios básicos domiciliarios, y el congelamiento de alquileres y cuotas de créditos hipotecarios por seis meses, así como la suspensión de ejecuciones para créditos UVA de vivienda única, situando a la Argentina, junto con Canadá, Reino Unido, Noruega y Singapur, entre los únicos cinco países del mundo que han dispuesto regulaciones de este carácter.

Proteger y visibilizar

El carácter igualador y masivo del aislamiento no tardó en advertir al gobierno sobre el perjuicio diferencial que supondría para un vasto segmento de la población, ya vulnerada en su falta de acceso (total o parcial) a derechos laborales. Trabajando sobre los principios de equidad y tomando al trabajo como eje organizador de la intervención pública, los ministros de Economía y Trabajo anunciaron la transferencia de un Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) de $10.000 para monotributistas de las categorías A y B, monotributistas sociales, trabajadores informales y la totalidad del servicio doméstico.

Es destacable la realización de un diagnóstico realista y responsable, que conduce al reconocimiento por primera vez por parte del Estado, a través de la ANSES, de los trabajadores desprotegidos que rondan cerca de la mitad de la Población Económicamente Activa de nuestro país, según un informe del Centro Atenea. Dicho informe identificó más de siete millones de trabajadores desprotegidos, incluyendo cuentapropistas, trabajadores no registrados y desocupados que podrían ser equiparados de manera aproximada a la estimación realizada por el gabinete de Fernández. Si bien los anuncios realizados contemplan cerca de 3,6 millones de hogares, la falta de registro e información precisa podría generar desfasajes en la estimación de una población cuya masividad excedió lo previsto en los primeros días de la preinscripción.

A través del IFE el gobierno reconoce la existencia de esta población de trabajadores heterogéneos pero igualados por su falta de acceso a licencias con goce de haberes, que responde al fenómeno que algunos reconocen como la “crisis del empleo”, expuesto por la creciente y poco regulada GIG economy (economía de plataformas), y la pujante economía popular.

De esta manera, la actual gestión recoge un guante que pone de manifiesto, una vez más, la necesidad de repensar los modelos, modalidades y categorías bajo las que miramos el mercado laboral, dado que hoy las estadísticas oficiales no identifican a este grupo como trabajadores desprotegidos.

Es un signo por demás alentador que, ante una serie de debates ya abiertos e impulsados por organizaciones y movimientos sociales, y enfatizados por la incertidumbre del contexto actual, el gobierno ponga el eje en la protección como principio rector de sus acciones: declarar el aislamiento para proteger la capacidad y eficiencia del sistema de salud; proteger a los consumidores a través de la regulación de tarifas y precios; proteger mediante la transferencia de ingresos a los trabajadores vulnerados, que se visibilizan a través de los datos del IFE, poniendo en evidencia el límite de un modelo de desarrollo laboral.

No volveremos iguales

Se encuentra ya, entre todos nosotros, la idea de que atravesada esta pandemia y las medidas de aislamiento preventivo, no volveremos iguales.

La implementación masiva del teletrabajo entre quienes pueden hacerlo, como la visibilización de aquellos que no, cambiará probablemente nuestras representaciones y nuestra organización, para lo que será estratégico lograr ampliar perspectivas sobre el mercado laboral que cuenten con datos fehacientes.

En este sentido, la base de datos generada a partir de la implementación deI IFE, posiblemente opere como un primer antecedente de reconocimiento estadístico y registro de este grupo de trabajadores desprotegidos que fortalezca la capacidad de análisis y planificación de políticas públicas, tanto de diseño estratégico como de emergencia.

Por otra parte, la regulación de sectores sensibles de la economía (productos y servicios básicos, préstamos y alquileres) que afectan directamente la calidad de vida de nuestra población, será posiblemente otro de los legados de esta pandemia y podría constituir una oportunidad que permita avanzar sobre medidas de incidencia estructural.

Asimismo, la presencia estatal a través del despliegue eficiente de dispositivos que aseguren servicios universales también volverá a poner en valor, luego de cuatro años de desfinanciamiento y precarización, la importancia del carácter público de tales prestaciones como garantía del cuidado.

No obstante, quizás entonces la enseñanza más inminente sea cuidarnos, para cuidar a los otros, las otras, y así también, al Estado que nos cuida.

(*) Sociólogas, docentes e investigadoras del Centro Atenea.

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