¿Estado de sitio? No por el momento

Opiniones

Hace días se escuchan opiniones que afirman que en nuestro país estarían reunidas las condiciones para que las autoridades pertinentes declaren el estado de sitio. Sostengo que estas opiniones son infundadas.

Una profecía autorrelizada es la afirmación de una hipótesis que en principio es falsa, pero que a partir de su creencia generalizada, el comportamiento social la termina convirtiendo en verdadera.

Expliquemos un ejemplo de manual: un banco X tiene gran solidez financiera. Ante un rumor contrario, se generaliza y crece la desconfianza. Inmediatamente los ahorristas concurren a sus sucursales a retirar los depósitos, por lo que la entidad se debilita y finalmente el banco quiebra.

El banco originariamente sólido sufrió un rumor que era falso, pero su creencia desplegó conductas sociales contrarias que generaron desconfianza y lo terminaron lesionando.

Este fenómeno social puede trasladarse al plano de las instituciones que reglamentan los denominados estados de emergencia.

Hace días se escuchan opiniones que afirman que en nuestro país estarían reunidas las condiciones para que las autoridades pertinentes declaren el estado de sitio.

Sostengo que estas opiniones son infundadas, posiblemente alimentadas por la declaración de limitación de derechos que fueron decididas en muchos países. El estado de excepción constitucional por catástrofe decretado por el Presidente de la República en Chile, el estado de alarma dispuesto por el Presidente de Gobierno en España, o el estado de emergencia dictado por el Presidente de Portugal, como así también medidas similares tomadas en Perú o Colombia, pueden llegar a confundir y argumentar medidas que entre nosotros son diferentes.

En Argentina, en cambio, la situación fáctica de hoy día no justifica el uso de semejante herramienta extraordinaria, que acarrea consecuencias graves en el recorte de libertades y derechos de las personas. Esto no quita que sí se encuentren presentes los requisitos que expliquen la toma de otro tipo de medidas restrictivas a los derechos de las personas, pero menos contundentes.

Veamos qué implica la declaración del estado de sitio y por qué motivo argumento que hoy no puede proceder su dictado en nuestro país.

El estado de sitio es un instituto de emergencia previsto en la Constitución nacional para el caso de guerra (ataque exterior) o conmoción interior, en donde tales embates pongan en peligro la vigencia de la Constitución nacional o sus autoridades, y que además perturbasen el orden constitucional.

Este artículo del texto data del año 1853, y se encuentra reconocido en casi todas las leyes fundamentales del mundo, al menos en occidente.

Debería ser declarado por ley, ya que en este momento el Congreso de la Nación no se encuentra en receso, sino que está en período de sesiones ordinarias, y la variante que aplicaría sería la del caso de conmoción interior.

En los hechos, la situación que justifica la medida tendría que existir previamente –insisto, que en mi opinión no está presente-, por lo que la declaración de estado de sitio lo que hace es formalizarla con posterioridad.

Esa hipotética ley debería determinar la extensión territorial, porque puede declararse en una parte, o puntos –por ejemplo una o más provincias, municipios o ciudades-, o en todo el país, como así también la duración temporal de la medida.

Por último, también en la ley debería especificarse las garantías a suspender, ya que el estado de sitio no interrumpe la vigencia de la Constitución nacional. Estas garantías tendrían que limitarse a aquella que refieren a derechos cuyo ejercicio obstaculizaría el restablecimiento del orden que se busca componer.

Entiendo que hoy no están reunidos los elementos que justificarían la declaración de estado de sitio que limite las libertades de las personas.

No se observa un estado de conmoción interior que perturbe el orden constitucional. Por lo tanto tampoco esa hipotética perturbación del orden lo hace de tal modo que ponga en peligro la vigencia de la Constitución nacional. Mucho menos pone en riesgo la autoridad de los funcionarios designados en virtud de ella.

En otras palabras, este mecanismo hoy no puede ser razonablemente aplicado en la República Argentina. Los hechos al momento no justifican semejante avance.

En cambio, la Constitución nacional habilita la toma de otras medidas restrictivas más adecuadas para alcanzar el objetivo sanitario o de control de la pandemia del coronavirus que se busca alcanzar.

La situación actual exige templanza, tranquilidad y sobre todo el mantenimiento de las instituciones y la vigencia de los derechos de las personas. La generalización de una creencia contraria puede acrecentar comportamientos que finalmente justifiquen su aplicación.

Evitemos alimentar una profecía que podría llegar a autocumplirse.

(*) Catedrático de Derecho (Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, abogado y Doctor en Derecho (Universidad Complutense de Madrid)

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