Desprecio del derecho, la raíz de la decadencia
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La Constitución y la ley son, para cada gobierno de turno, instrumentos destinados a otro gobierno. El gobierno de turno siempre está exento del cumplimiento de la ley común mediante poderes de emergencia. La oposición de turno piensa igual y está siempre dispuesta a conferir poderes excepcionales por encima de la Constitución y de la ley. Los políticos argentinos no saben o no quieren gobernar sin la «suma del poder público». Los gobiernos argentinos no administran, sino que mandan igual que un déspota oriental.
Abolir la división de poderes tiene como correlato anular el estado de derecho y la seguridad jurídica, con su consabida secuela: delito, violencia, corrupción, desinversión, pobreza, crisis económica, éxodo de capital, etcétera. Los argentinos tenemos la certeza de que nuestros derechos nada valen, de que cualquier poder puede anularlos, de que las leyes cambian todo el tiempo, de que lo que hoy está bien mañana estará mal y de que apostar esfuerzos a la ley es una tontería. Siempre estamos en emergencia económica, y la Justicia, por cuestiones formales, nunca decide-nada en contra del poder. Grupos violentos y piqueteros se han adueñado del territorio, la violación de contratos va desde los jubilados hasta las multinacionales abarcando a casi toda la sociedad. Un populismo rayano en lo delirante ha destrozado las instituciones republicanas y los derechos individuales.
Vivimos en una selva en la cual sólo sobreviven los más fuertes. En este clima de peligro, de angustia y de inestabilidad, el crecimiento espiritual y económico es imposible. Según Macchiavelli, la causa de la decadencia de las sociedades es la pérdida de la «virtud pública», la falta de interés de las clases dirigentes en preservar la sociedad de la cual forman parte, sin ver el grave peligro de disolución que acecha, enfrascada en sus intereses particulares.
Es lo que nos sucede hastahoy.
Todos los que formamos la clase dirigente, empresarios, dirigentes sindicales, políticos, religiosos, académicos, profesionales, sabemos lo que sucede y lo que sucederá. Sabemos que este nuevo ciclo de exaltación mágica durará poco y que sobrevendrá una nueva y violenta crisis. Pero, mientras tanto, negamos y seguimos haciendo los pingües negocios que esta negación permite, atesorando sin reinvertir por el temor cierto a la crisis que como una tormenta se cierne en el horizonte.
Encerrados en nuestro mundito, vamos los argentinos, cada vez más pobres, más solos y más lejos de Occidente. Hemos llegado a un punto de inflexión de inusitada gravedad, nos acercamos a la disolución social y política, en un marasmo de populismo, inflación, piquetes, huelgas violentas, represión de los precios, desinversión, pobreza extrema y aislamiento internacional.
Este gobierno tiene la oportunidad de pasar a la historia si se convierte en el agente provocador del cambio. Pero es la clase dirigente, que cuenta con el poder constituyente, la que tiene el deber de producir el cambio para salvar a la sociedad, como sucedió en España y en Irlanda. La clase dirigente, en este peligro extremo, debe establecer una agenda jurídica de coincidencias mínimas, incluyendo el sistema republicano, la división de poderes, la seguridad jurídica, la libertad de comercio, la libertad ambulatoria, la seguridad interior, la expansión del trabajo, el derecho de propiedad, etcétera. Esta agenda debe ser absolutamente obligatoria para quienes gobiernen. Hace años que la Argentina está en las tinieblas. De allí solamente se sale con cambios profundos. El agente convocante puede ser el gobierno. La responsabilidad es de la clase dirigente. La Argentina espera.




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