"Duros, los delincuentes; no quienes votamos leyes"

Por respeto a la sociedad cansada de retórica, ceñiré mis palabras al meollo jurídico de las normas proyectadas para, de esa forma, morigerar ese discurso paralizante del hambre y la desocupación como única causas del delito.

¿Alguien con un poco de sentido común puede deducir que fue por hambre el asesinato de Axel Blumberg, de Juan Manuel Canillas, de Diego Peralta, de Santiaguito Pérez y de tantos otros?

¿Fue el hambre la causa por la que le cortaron un dedo los secuestrados y se lo mandaron en una caja a la familia para acelerar el rescate? ¿Fue por hambre que violaron y asesinaron a las niñas Mariela Fernández y Mónica Vega? La respuesta es obvia.

Sobre el particular he trabajado en la Cámara de Diputados, merced a varios impulsos. Unos cuantos proyectos han sido presentados, pero convengamos en que, si Axel no hubiera muerto y su padre no hubiera salido con su cruzada, no habríamos sesionado.

Si la gente no hubiera venido a reclamar su urgencia en la protección de nuestros hijos, tampoco habríamos sesionado. Y por último, si Blumberg no hubiera sido un hombre de espíritu indomable, pero responsable y respetuoso de las instituciones, tampoco habríamos sesionado.

Como se anticipara, a Axel no lo mataron ni el hambre ni la desocupación, ni la miseria, ni la Policía. A Axel lo mató un puñado de perversos asesinos que, de haber estado en prisión como debían estar, no hubiera podido secuestrarlo ni, mucho menos, matarlo. Y si hubo policías entre aquéllos, éstos serán más delincuentes que los otros y merecen doble castigo, pero cuidado, la génesis de estos policías delincuentes es la misma que los asesinos de Axel: la impunidad abolicionista que termina por ingresar al delito aun hasta los más timoratos.

Y es por allí donde pasa la esencia del pedido de la gente el 1 de abril: «No dejen salir a los asesinos antes de cumplir sus condenas y encierren a los asesinos que están en libertad para que no sigan matando. No queremos ser nosotros rehenes del delito ni presos del miedo y del terror de tener un Axel en casa». No hacía falta el reclamo, lo sabíamos. Algunos lo veníamos denunciando y materializando en proyectos legislativos. Pero la comprometida indiferencia de otros nos condenaba a la desesperanza y al inmovilismo. «Son las causas no los efectos», se nos decía. «Hay que discutir todo»...; «no sirven sólo las leyes»...; «no hay que ser duros»... «Es el hambre y la injusticia social»..., para finalmente no hacer nada.

• Protección

Es cierto que no todo es dureza, pues la ley penal es esencialmente protectora de bienes jurídicos -la vida, la integridad física, la libertad, la propiedad, la fe pública por ejemploy cuanto mayor valor la sociedad da a esos bienes, mayor protección habrá de darle y consecuentemente mayor pena. A la vida se la protege con el delito que reprime al homicidio -«al que matare»- y, por ser el mayor bien, lo conmina con la mayor pena.

A mayor desprotección en la realidad, mayor protección en la ley y mayor pena. Al robo en despoblado, más pena que al cometido donde otros pueden socorrer. A los bienes dejados en la vía pública, automóviles por ejemplo, mayor pena.

Al robo con arma de fuego y al robo con lesiones, mayor pena que al robo sin armas o sin lesiones.

Cuando se aumentan las penas, no se perjudica a los pobres o a los sin trabajo, como con ignorancia o quizás intención aviesa se dice, sino que se confiere más protección a determinados bienes, se protege más del mayor daño o del mayor peligro. Justificando el delito no les daremos mayor protección a los humildes, pues son los que más los sufren.

Los duros no somos nosotros, son los delincuentes, que cada vez son más, son más violentos y son más impunes. «Aplican la pena muerte y decomisan bienes» cotidianamente, sin ley y sin juicio previo. Más de cuatro mil homicidios y casi un millón de delitos contra la propiedad por año lo atestiguan.

Nadie ignora la desocupación, la marginalidad, la deserción escolar, la corrupción de funcionarios, el hedonismo, la vida fácil y el consumismo excesivo. También, por qué no, la difusión de la violencia en los medios.

Pero no podemos a caballo de todo esto pregonar una patente de corso para quien los alegue.

En ese orden, pero de raíz legislativa, encontramos: la influencia de las escuelas que determinaron el ablandamiento de las leyes penales y la pérdida del valor respeto por la ley.

Se reconocen también como predisponentes los bajos costos en términos de libertad por delinquir y que se evidencia en una muy baja probabilidad de arresto, de juicio, de condena y de cumplimiento de las penas.

Y entre otros factores determinantes, encontramos: la droga, el alcohol, la carencia de familia, la falta de valores, la impunidad de los violentos, la facilidad para tener y portar armas.

Sabemos muy bien, que la ley por sí sola no modifica la realidad, pero la condiciona y, por supuesto, no ignoramos que la falta de respeto por la ley es el camino que conduce a lo que Vanossi llama la anomia como estado preanárquico. Lo peligroso de la anarquía no es la falta de políticos, de partidos o de Congreso; lo grave es la carencia de ley y de autoridad que la aplique.

La Constitución y los pactos que juramos cumplir mandan consolidar la paz interna, afianzar la Justicia, proveer a la defensa común y promover el bienestar general. En fin, el gobierno mejor para todos. La fórmula consiste en el mayor bien para el mayor número.

Es derecho constitucional el defenderse y el ser protegidos en la vida, libertad y bienes. Los que directa o indirectamente pretenden abolir el derecho penal, derecho que está para proteger a la sociedad de los delincuentes y no a la inversa, están atentando contra el pueblo y contra la Constitución misma. Digamos claramente a los delincuentes que el delito no es un derecho, es un crimen que debe ser castigado.

Prefiero fábricas a cárceles. Prefiero aulas a celdas. Prefiero el delito que se evita al que se castiga. Pero no se previene sin policías capaces, bien pagos, bien equipados y bien conducidos. En fin, no se previene sin políticas contra el delito. Tampoco, sin un adecuado plan carcelario y un servicio penitenciario acordes con las exigencias de reinserción social. Sin las plazas necesarias y sin establecimientos que sean escuelas y fábricas, no se puede luchar contra el delito.

Severidad no es mano dura. Sentido común no es mano dura. La realidad impone la ley y su fiel cumplimiento; nuestros representados así lo exigen.

Tampoco hay que destruir las fuerzas de seguridad. Hay que castigar con dureza a los delincuentes de uniforme. Tampoco extirparles junto con los corruptos a los que, siendo honestos y laboriosos, aportan la experiencia necesaria para una adecuada y eficiente función.

Tanto se ha retorcido la ley en su redacción e interpretaciones, que, en busca de un pseudogarantismo, han logrado el efecto contrario de suscitar falta de respeto por la ley y la administración de justicia.