Fuga y evasión, delitos contra el desarrollo nacional y el bienestar de los pueblos

Opiniones

La fuga de capitales, junto con la evasión fiscal y el endeudamiento externo, que vienen asociados a ella, afecta el normal desenvolvimiento de la economía. Es un delito contra el desarrollo nacional y el bienestar de los pueblos.

La fuga de capitales, junto con la evasión fiscal y el endeudamiento externo, que vienen asociados a ella, afecta el normal desenvolvimiento de la economía, reduce los márgenes del desarrollo de las naciones, socava la potencia de las políticas públicas, y profundiza la desigualdad. Los sectores más vulnerables -los que más necesitan estas políticas- resultan sus principales víctimas. Paradójicamente, este daño social, a pesar de su escala y magnitud, suele estar invisibilizado.

Es que la criminalidad económica descansa sobre el poder fáctico de sus protagonistas, el cual, a menudo, define las reglas que rigen el funcionamiento del sistema, lo que explica la impunidad con la que estos comportamientos se despliegan. En nuestro país, la apertura financiera y las reformas de mercado de las últimas décadas (dictadura cívico-militar, década del ’90, gobierno de Macri) construyeron un proceso de gradual debilitamiento del Estado y la captura de sus poderes por parte del poder económico. Durante la gestión de Cambiemos, esa captura fue llevada al extremo, cuando el poder económico pasó a ocupar, sin mediaciones, el Poder Ejecutivo, tomando, de forma directa, las decisiones sobre la implementación de políticas públicas y la distribución de recursos económicos y sociales.

Comprender en profundidad lo que significa la fuga y la evasión, cuál es su relación con la deuda externa, qué impactos genera y cuál es su vinculación con otras actividades ilegales, es vital para construir nuevos consensos sociales que condenen los delitos económicos, y contar con un plexo normativo que permita controlar, combatir y, consecuentemente, sancionar estos delitos.

Las megafiltraciones públicas (Panama Papers, Swiss Leaks, Paradise Papers, Bahamas Leaks o Luxleaks) y denuncias como las de Hernán Arbizu, ex JP Morgan Cono Sur (2008), la denuncia de la AFIP en relación con las 4.040 cuentas no declaradas de argentinos en el HSBC de Ginebra (2014), la investigación de la comisión que, sobre las cuentas del HSBC, funcionó en el Congreso de la Nación, la anterior investigación, también en el Congreso, sobre la fuga de 2001, el detalle de las cuentas de argentinos en el banco BNP Paribas (2010), la lista suministrada por el expresidente del BCRA Martín Redrado sobre compradores de moneda extranjera en 2008 y 2009, entre otros, pusieron en evidencia la dimensión del problema de la fuga, así como la existencia de una “industria” dedicada a montar complejas estructuras societarias, que incluyen sociedades en guaridas fiscales, para ocultar la identidad de los verdaderos dueños de las fortunas; de plataformas contables, financieras y jurídicas, en muchos casos multinacionales, y de intermediarios vinculados a las finanzas globales, al servicio de la fuga y la evasión de las grandes corporaciones y las personas más ricas.

En nuestro país, Panama Papers probablemente sea la revelación más recordada, entre otras razones, porque expuso que el expresidente Macri y su familia utilizaban para sus negocios las guaridas donde ocultan su patrimonio los delincuentes que lavan dinero y evaden al fisco. Esto, más allá de que Macri venía operando con estructuras offshore desde mucho antes: en 1994, la Cámara Federal Penal de San Martín lo procesó por contrabando, por utilizar una sociedad ficticia, "Opalsen", constituida en Uruguay, para vender en Argentina vehículos importados, al margen del régimen legal. Antes, durante la última dictadura cívico-militar, el grupo Macri había quedado vinculado con empresas fantasmas en Panamá, las cuales habrían facilitado una operación de autopréstamos y seguros de cambio, que concluyó en que el Estado asumiera la deuda del Grupo, estimada en u$s 320 millones de aquella época, con la inestimable ayuda de Domingo Cavallo.

No obstante, junto con Macri, en los Panamá Papers aparecieron 270 firmas offshore asociadas a la Argentina, y más de 1.200 argentinos fueron identificados como directivos u accionistas en guaridas fiscales. Los casos de varios dirigentes del entonces partido de gobierno resultaron resonantes, aunque la presencia de empresarios fue mucho más prominente, destacando hombres y mujeres de la cúpula empresarial argentina.

Las 4040 cuentas en el HSBC de Ginebra, son parte de uno de los casos más importantes en la historia de la banca global. Argentina resultó séptimo entre los más afectados, sobre un total de 203 países, por la cantidad de ciudadanos con cuentas “secretas”. Llamativamente, las empresas investigadas por las cuentas del HSBC, coincidieron con las señaladas por la comisión investigadora que funcionó en la Cámara de Diputados la Nación, por fugar divisas en la crisis del 2001.

En la denuncia de Hernán Arbizu, los grupos económicos locales quedaron nuevamente expuestos como protagonistas de la fuga y la evasión, a través de empresas y de personas propietarias y/o vinculadas (gerentes y directivos), en las 469 cuentas administradas por el JP Morgan. Al tope de esa nómina volvieron a aparecer los mismos nombres de las personas más ricas de la Argentina y las razones sociales de varias de las principales empresas que operan en el país.

En 2016, el gobierno de Macri impulsó un blanqueo de capitales que, mientras no fue concebido para recuperar la riqueza sustraída del país ni para incentivar la inversión (no exigió la repatriación de los activos, sino su simple declaración y el pago de una multa, inferior a los montos evadidos), permitió sacar de la ilegalidad a familiares, socios, testaferros y amigos del entorno presidencial. Muchos de los nombres del blanqueo, nuevamente, coinciden con los que ya habían aparecido en investigaciones y denuncias anteriores. Los bienes declarados por 475.000 contribuyentes ascendieron a u$s 116.800 millones. No obstante, el 80% de los activos declarados fueron mantenidos fuera del país.

Hace pocas semanas atrás, una investigación de la AFIP, gracias a un acuerdo de intercambio de información con los estados de la OCDE, gestionado en 2014, dejó al descubierto la existencia de 950 cuentas radicadas fuera del país, por medio de las cuales se ocultaron al fisco más de u$s 2.600 millones. De esos contribuyentes, 700 no habían admitido poseer activo alguno en el extranjero, o directamente no habían presentado liquidación de Bienes Personales como si no llegaran al mínimo para su pago. Esto explica por qué, al cruzar las declaraciones ante la AFIP y los registros del Balance de Pagos (INDEC), surge que más dos tercios de la riqueza que los argentinos mantienen fuera del país no se encuentra declarada.

Se calcula que en el mundo existen más de u$s 12 billones registrados en empresas off-shore. Los argentinos mantienen activos externos por, al menos, u$s 400.000 millones (INDEC), de los cuales u$s 103.000 millones se acumularon entre 2015 y 2019. La salida de capitales, entendida como expatriación de ahorro doméstico, disminuye las posibilidades de inversión y agudiza la restricción externa (escasez de divisas), lacerando las perspectivas de desarrollo nacional. Asimismo, afecta la recaudación y acentúa la desigualdad.

En economías periféricas, como la nuestra, que no emiten moneda de reserva, la fuga tiene, además, como correlato al endeudamiento externo, principal fuente de abastecimiento de los dólares para vehiculizar la expatriación de los excedentes producidos en el país. Este hecho, que caracteriza el periodo Macri, es lo que acaba de mostrar el informe ordenado por el presidente Alberto Fernández, publicado hace pocos días por el Banco Central. Si bien no se dieron a conocer los datos de las personas, humanas y jurídicas, que, a través del Mercado Único y Libre de Cambios, fugaron u$s 86.000 millones en el periodo, sería difícil equivocarse si afirmáramos que se repiten los mismos nombres y razones sociales que en el pasado. Así, mientras el gobierno encara una compleja negociación para restaurar la sostenibilidad de la deuda -sobre la que la justicia aún debe determinar las responsabilidades de los ex funcionarios que la contrataron-, y la enorme mayoría de argentinos soporta sobre sus espaldas el peso de una deuda que prácticamente equipara al PBI; la elite económica se apropió de los dólares prestados, sustrayendo del circuito productivo nacional la riqueza producida con los recursos y el trabajo del país.

Terminar con este flagelo que representa un auténtico delito contra el desarrollo nacional y el bienestar de los pueblos, es condición sine qua non para la construcción de un país justo y desarrollado.

(*) Diputada Nacional. Economista

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