Final para espejitos de colores

Ya sabemos desde hace más de un año que la situación energética argentina está en desbalance estructural, si bien diferentes analistas tenemos escritos modelos y visiones diferentes del diagnóstico y de sus soluciones. El desbalance en el mercado del gas es persistente y va en vías de agudizarse en el mediano plazo. La Argentina tiene un déficit estructural que, bien medido, puede llegar a ser equivalente a las exportaciones a Chile, es decir, entre 15 y 20 millones de metros cúbicos/día.

La «solución» pensada en el país desde hace un año se ha orientado al gas boliviano, empezando por la resucitación del viejo gasoducto que hoy transporta entre 5 y 7 millones de m3 y la construcción del gasoducto NEA que aportaría entre 15 y 20 millones. Este último proyecto contribuiría a cerrar el déficit argentino y, desde su inicio, luce como una estrategia posible para enfrentar los desbalances a mediano plazo.

Pero las crisis tienen ese condimento de que, mientras los planes van por la escalera, la realidad va por el ascensor. Y la modificación de la realidad boliviana es lo que se ha agregado a la película. Una visita reciente a La Paz a debatir opciones en materia de impuestos y precios del gas me llevó a ver un costado fantasmagórico de la realidad que enfrentamos en los mercados energéticos. Para ponerlo de modo simple, Bolivia no quiere (o la realidad política no la deja) jugar a los mercados integrados de gas natural y reclama dos condicionantes que no sólo trituran los planes anteriores, sino que, además, elevan el precio sombra de la energía (gas y electricidad) en la Argentina a valores que producirían escalofríos.

• Preocupante

En primer lugar, Bolivia acaba de votar una carga fiscal (o «government take») en el negocio petrolero -elevando la regalía de 18% a 50%- que (cuando se le agregan impuestos directos) es más propia de un país que vende petróleo a 50 dólares y llevarlo a Amsterdam por vía marítima, que de un país que tiene que sacar gas natural del corazón de un subcontinente y venderlo en centros urbanos a más de dos mil de kilómetros de distancia. Esto destruye los flujos de fondos, asfixia a la inversión privada en el «upstream» en Bolivia y nos pega a nosotros también. Porque para que el intercambio de gas funcione se necesitan más de dos para bailar el tango. No es una cosa exclusiva de gobiernos, sino de que las señales de precios funcionen bien para el que tiene que hacer las inversiones.

En segundo lugar, y aquí viene algo todavía más preocupante, Bolivia no quiere jugar a los mercados energéticos con precios que le vienen determinados a partir de mercados distorsionados (como los de la Argentina) o donde existe poder de compra para bajar el precio (como los de Brasil) y que no reflejen el verdadero costo de escasez o de oportunidad del gas que posee. Así, aspira a precios en boca de pozo que triplican o cuadruplican los valores que hoy recibe del gas que vende a la Argentina (un dólar por MM BTU). Otra vez, espejitos de colores, no, dice Bolivia. Si el gas en los mercados del Norte (ya sea en EE.UU. o en el Mar del Norte) vale entre 7 y 8 dólares, el precio del gas boliviano -argumentan- debería valer al menos la mitad.

El defecto de este razonamiento es evidente: la comparación es totalmente artificial, porque ignora que el gas no es perfectamente transable y que los mercados del Norte están integrados en transporte y más pegados a valores de sustitución de otros hidrocarburos. Explicar esto no es fácil, y es probable que Bolivia se suicide jugando esta estrategia, si bien hay que trabajar para revertir la situación negociando. Porque el peligro es que, si Bolivia se suicida, nosotros, también, si no tenemos una salida o solución alternativa.

De este modo, y en los últimos días, empezó a dibujarse un plan B (se dice que a instancias del Ministerio de Economía) que hace virar la estrategia a movilizar el gas doméstico dando incentivos a la exploración y a la explotación, y construyendo o ampliando gasoductos desde nuestros centros de producción en el extremo Sur. Ha trascendido que se estudian incentivos a la exploración que en el margen adoptarían el formato de los incentivos en el sector minero, con mecanismos de devolución de IVA, amortización acelerada en las inversiones (que reducirían la carga en Ganancias) y la reducción de aranceles a la importación de equipos. Paradójicamente, y los bolivianos tendrían que ser los primeros en tomar nota de esto, la Argentina recorre el camino inverso al de Bolivia, que en 1996 había decidido bajar la carga tributaria para atraer inversiones en el sector gasífero.

• Incentivos

No está mal que la Argentina se mueva en esta estrategia de dar incentivos, en particular, cuando tiene que revertir una dinámica de deterioro de las reservas probadas de gas. Pero no bien se examina con más detalle la lógica de este plan B, empiezan a aparecer problemas que lo revelan como una estrategia inconsistente a largo plazo. En términos económicos, la estrategia consiste en reducir la carga tributaria (o «government take») sobre el gas para que, dados los precios finales (que regulan el nivel y el crecimiento de la demanda) controlados o «pisados» que tiene la Argentina, se mejoren los «precios netos» que enfrentan los productores, de modo que éstos tengan incentivos para explorar y producir gas natural. Como no se quiere restablecer los precios de equilibrio en los mercados de gas -en parte por el temor de que éstos ahora salten dada la escasez actual y, en parte, por razones políticas, se trata de lograr el objetivo de dar señales a los productores subiendo los precios netos por la vía de incentivos fiscales.

Pero si el problema de fondo del desbalance energético argentino es, como creo, en gran medida debido al crecimiento acelerado de la demanda porque ésta no recibe las señales correctas de precios (artificialmente, bajos), entonces esta estrategia es como querer morderse la cola. Lo que va a ocurrir es que -si la medida es creíble- los productores van a ver precios netos más altos multiplicados por cantidades demandadas que dependen de precios finales demasiado bajos. Además de ser un negocio redondo (para compensar las pérdidas de los otros pozos que tienen el régimen viejo), van a existir incentivos para acelerar la exploración, pero también la explotación, con resultados que van a ser dudosos en materia de eficiencia dinámica y de sostenibilidad.

• Ideología

En suma, no está claro que esta estrategia de plan B, a pesar de estar disfrazada de régimen agresivo en materia de «clima» de inversiones, vaya a resolver el déficit si no se trabaja en el lado de la demanda con mayor rapidez. Si abrir la ruta del plan B es el resultado de que la operación de Bolivia se juzga inviable, entonces hay que reconocer que el precio sombra de la energía en la Argentina subió y mucho. No reconocer esto es apostar a una fórmula que puede ser suicida a largo plazo.

Negarse a trabajar del lado de la demanda por la vía de precios realistas hace parecer más desnudo al rey de lo que ya estaba. Hay que reconocer que, si Bolivia no quiere jugar a los mercados energéticos integrados, la Argentina, tampoco, porque la ideología prevaleciente en el país es reaccionaria a la idea de mercados energéticos y prefiere la planificación. Hace rato que la Argentina agarró el martillo y empezó a romper toda posibilidad de tener mercados energéticos racionales con argumentos prefabricados y decididamente mentirosos basados en que todo lo que se hizo en los '90 está mal por definición. Los industriales argentinos que festejaron la transferencia de la renta gasífera ahora empiezan poco a poco a ver la película de terror. Para ellos, hay un «cheque en el camino», y ahora que la factura empieza a dibujarse, han empezado a hablar de crisis energética y de que, después de todo, el modelo energético de los '90 tuvo, tal vez, más luces que sombras.