¿Leyes de punto final encubrieron delitos?

Carlos Pujol, defensor oficial ante el Tribunal Oral Federal de Resistencia, Chaco, consideró ayer que la Justicia debería llamar a declarar al ex presidente Raúl Alfonsín y a los legisladores que sancionaron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

Punzante y frontal, Carlos Pujol es uno de los tantos defensores oficiales encargados de la defensa de integrantes de las Fuerzas Armadas acusados de crímenes de lesa humanidad. De pasado peronista, a este abogado de origen correntino le tocó ejercer la defensa de 10 militares a quienes les acusan el fusilamiento de un grupo de presos políticos en la causa denominada Masacre Margarita Belén. Asegura que «no hubo fusilamiento, sino un enfrentamiento» y que sus defendidos terminarán absueltos. Pujol mantiene una bravía disputa con el juez federal de Resistencia Carlos Skildesky, a quien denunció por «retardo de justicia». Es un convencido de que el Estado, al anular las leyes de Obediencia Debida y Punto Final, soslayó su responsabilidad en haberlas dictado. Y afirma que a los militares no se los puede acusar de asociación ilícita, porque el Estado no se junta para delinquir. Lo que sigue es parte del diálogo que el defensor tuvo con este diario:

Periodista: ¿Qué evaluación hace de la nulidad de las leyes de Obediencia Debida y Punto final que dictó la Corte Suprema?

Carlos Pujol: El impacto está a la vista. La detención masiva de militares de rango inferior. Pero lo más preocupante es que el Estado argentino está dejando de lado su verdadera responsabilidad ante el contexto de las naciones. Porque si tenemos que valorar las conductas de todos y de cada uno de los hacedores de esta situación, no debemos dejar de lado la responsabilidad de los poderes del Estado. De quienes dictaron las leyes de Punto Final y Obediencia. Del Legislativo al sancionarla, del Ejecutivo al promulgarla y del Judicial al avalarla. El planteo de nulidad deja de lado esta verdadera responsabilidad del Estado cuando, en tiempos anteriores, la reconoció al indemnizar a todas las víctimas.

P.: ¿Usted quiere decir que los militares son víctimas del Estado?

C.P.: Hoy el hilo se está cortando por lo más débil. En este caso, los militares que no son los que armaron esta situación. Porque esta situación, precisamente, nace del dictado de leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Fíjese que para declarar nulas estas leyes se fundamenta en la violación al artículo 29 de la Constitución nacional, conducta tipificada en el Código Penal como «infame traidores a la Patria». Si esto es así, estos diputados que dictaron las «leyes del perdón» son infames traidores a la Patria, porque dictaron leyes para encubrir delitos de lesa humanidad. Nunca nadie citó a Raúl Alfonsín ni a los legisladores de aquella época por la comisión de estos hechos. Los jueces tampoco denunciaron este delito, ni siquiera la Corte. Entonces, tenemos a los tres pilares del Estado democrático que no asumen que son encubridores de un delito por el que anularon dos leyes.

P.: ¿Usted cree que el ex presidente Alfonsín y los legisladoresde aquella época deberían ser llamados a declarar?

C.P.: Por supuesto. Los integrantes de los tres poderes del Estado tienen responsabilidad. Deberían explicar las violaciones al artículo 29 de la Constitución, la violación a los tratados internacionales y la violación a los derechos humanos.

• Directivas

P.: ¿Hubo decisión del Estado de que la lucha contra la subversión se haya encarado de la forma en que se llevó adelante?

C.P.:Tenemos que partir de cuáles fueron las directivas del Estado, respecto de quienes hoy son imputados en estas causas. La mayoría de esta gente en el año 1975 o 1976 recién salía del Colegio Militar. Eran oficiales nuevos que venían de transitar una carrera en la que se los instruyó sobre la base de los reglamentos militares. Esos reglamentos (que tanto tiempo fueron ocultados y que hoy salieron a la luz con las presentaciones del doctor Florencio Varela) tenían la directiva de instruir a todos los cadetes del Colegio Militar en el arte de la lucha contra la subversión o la guerrilla urbana. Cada uno de los reglamentos tenía instrucciones de cómo se debía actuar desde el punto de vista psicológico, táctico, militar y respecto del tratamiento de prisioneros. Todas estas instrucciones se ven agravadas en la formación psicológica y profesional de los cadetes con la creencia de que en la Argentina había una guerra instalada a partir del pase a la clandestinidad de Montoneros y ERP.

P.: Hay dos cuestiones que aparecen polémicas en el escenario que usted plantea: la privación ilegítima de la libertad y la asociación ilícita. ¿Cuál es su postura al respecto?

C.P.: No hay que olvidar que la situación en ese momento era de estado de sitio, una figura que permite al Ejecutivo la detención de personas. Si el personal subalterno recibía las órdenes, tenía que cumplirlas; no hay aquí ilegalidad. En cuanto a la asociación ilícita, este planteo es irreal. Los estamentos del Estado nunca pueden configurar una asociación ilícita. El Estado no se reúne para delinquir.

Entrevista de Dante Marín