"Los más pobres financian el superávit y la competitividad"
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Osvaldo Giordano
Periodista: ¿Qué espera de Felisa Miceli en el Ministerio de Economía?
Osvaldo Giordano: La principal noticia es la continuidad de prácticamente la totalidad de las políticas que venía haciendo Roberto Lavagna. Probablemente el ex ministro fuera de una personalidad mucho más fuerte, por lo que el Presidente va a tener un rol más protagónico que antes.
P.: Muchos piensan que ahorase pondrá énfasis en la redistribución del ingreso...
O.G.: Creo que este esquema basado en un tipo de cambio muy alto como variable clave, y que permite el superávit fiscal por un lado y la reactivación de algunos sectores por otro, tiene implícita una redistribución del ingreso más regresiva. La competitividad de las empresas y el superávit fiscal lo financia el grueso de la población con ingresos más bajos. Y eso en esencia se mantiene.
P.: A eso se suma la inflación...
O.G.: Puede haber más énfasis sobre todo en los discursos, pero en lo sustancial no va a haber cambios. No hay mucho espacio en el esquema. Por un lado, está el problema de la inflación que le está comiendo los ingresos a la gente más pobre y requiere algún tipo de acción que, en la mayoría de los casos, desgraciadamente no es progresiva sino regresiva. Por otro lado, Lavagna se va cuando la etapa de recuperación terminó. A partir de ahora viene la etapa dura en la que dependemos de una inversión que todavía no existe. La inflación sumada a un nivel de poca inversión, limita los márgenes de maniobra para políticas redistributivas.
P.: Y el gobierno sigue prometiendo un dólar alto.
O.G.: La apuesta claramente al dólar alto no es sólo porque se quiere beneficiar a los exportadores, sino porque de eso también depende el superávit fiscal que es otro punto clave. El dólar se va a sostener; y la contrapartida son salarios, jubilaciones e ingresos en general bajos.
P.: ¿Cómo impacta el pago adelantado al FMI?
O.G.: Si para algo sirve, es para sostener la demanda de dólares y desalentar su ingreso.
P.: ¿Cómo ve el mercado laboral?
O.G.: El Congreso está sancionando una serie de prórrogas de impuestos muy agresivas hacia el sector productivo y, sobre todo, hacia la distribución del ingreso. Una de ellas son los impuestos al trabajo. Tomemos sólo el universo de pymes de menos de cinco trabajadores, que contratan mano de obra de baja calificación y generalmente en negro. A esas empresas, el Estado le pretende cobrar un impuesto de 40% cada vez que paga salarios si es que los paga en blanco. Hay que disminuir ese impuesto de una manera sustancial.
P.: ¿Y qué políticas deben implementarse?
O.G.: Si eso va acompañado de una mayor seguridad jurídica como resolver el problema de los juicios por enfermedad profesional pensamos que buena parte del millón de empleados en negro se podría blanquear. Se trata simplemente de tener la decisión de mejorar la calidad del empleo en el segmento más complicado y vulnerable, en el que la mayoría de estas pymes tiene muy baja capacidad de pago. Allí, lo burocrático que es el esquema de registración, sumado a los altos impuestos, más la litigiosidad hacen que la única vía que ellos tengan sea contratar en negro.
P.: ¿Cómo interpreta entonces la política de desendeudamiento?
O.G.: Estoy convencido de que se están distrayendo esfuerzos políticos, administrativos y financieros en una causa que le reditúa muy poco al país cuando hay otras que generarían muchos más dividendos. Una de ellas es que tenemos casi 40% de la población que es pobre. Es mucho más urgente eso que un tema como el del Fondo. Sin duda sería menos espectacular el anuncio, pero así el 3 de enero vamos a seguir teniendo los mismos problemas en términos sociales y laborales que antes. Pero si empezamos a trabajar para blanquear el mercado, yo no digo que el 3 de enero estará todo solucionado, pero se habría dado un paso importante para solucionar el problema de la pobreza.
P.: ¿Cómo impactan los acuerdos de precios en el salario?
O.G.: Pasa lo mismo que con lo del Fondo. Es distraer esfuerzos administrativos y políticos en un instrumento que, en el mejor de los casos, da un alivio transitorio.
P.: ¿Y en el mediano plazo?
O.G.: El efecto es negativo porque se maneja con tanta liviandad este esquema discrecional de intervención sobre los precios. Hay presión incluso hasta en la máxima figura del Presidente. Todo ese entorno de discrecionalidad e intervencionismo, naturalmente, va a incidir en contra de la inversión. Tanto esfuerzo canalizado en una causa que, en el mejor de los casos, puede tener un efecto paliativo de corto plazo para la inflación... Es un derroche.
O.G.: Hay que generar el clima para favorecer la inversión. Nadie duda de que la inflación que hoy vivimos viene por el lado de la demanda. Se podrían morigerar los aumentos, sobre todo de los productos que más repercuten en los pobres, como los alimentos. No olvidemos que la Argentina tiene un IVA altísimo. Se podrían reducir impuestos sobre precios más sensibles. Esto tendría similar impacto que los acuerdos actuales, pero sin dar malas señales hacia el futuro.
Entrevista de Javier Casabal




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