Es alentador que el gobierno asuma que la inflación de más de un dígito es muy negativa. La extensa campaña electoral promovida por el mismo gobierno lo llevó a flexibilizar variables económicas que hoy indefectiblemente tiene que salir corregir para intentar encauzar nuevamente la inflación en valores compatibles con la economía mundial. Por otro lado, la política económica basada en un dólar artificialmente alto, mantenido por el Banco Central, con una emisión desmedida en manos del consumidor, provocaron una demanda mayor que superaron los bienes transables haciendo subir los precios. La suspensión de los reintegros a la exportación de productos manufacturados de la agroindustria, que iban de 0,8% a 6%, es volver a atacar los efectos de la inflación y no la causa del problema. La pérdida de los reintegros aumenta el costo de exportación en 4,8% promedio, incremento que será descontado en las ventas de dichos productos en el mercado interno, provocando aumento de precio o, en su defecto, se descontará del precio de venta del productor, cargando nuevamente sobre sus espaldas otra retención. Este escenario es mucho mas grave en las economías regionales y producciones específicas.
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Analizar matemáticamente esta medida, si el costo de los reintegros es u$s 110.000 millones o u$s 160.000 millones, me parece un argumento muy liviano para el empresario que tiene que concretar sus compromisos. Hay que analizar las pérdidas que tienen las empresas en primer lugar, porque han realizado las operaciones para embarque futuros en unas condiciones y se les cambia las reglasde juego. No hay duda de que esta falta de previsibilidad y seguridad jurídica en que se tiene que trabajar limita la concreción de futuros negocios. Todo este escenario es de mucha mayor gravedad porque contradice el compromiso del gobierno de que toda la transformación de la materia prima con valor agregado por las PyMEs y otras empresas recibiría un reintegro al exportarse, que hoy se suspende.
La única solución a mediano plazo para terminar con esta dicotomía y no castigar a quien trabaja para exportar es promover las grandes inversiones que necesita el país para generar trabajo genuino y para producir los bienes necesarios para atender la demanda interna y externa. Mientras tanto, para atender la coyuntura, podrán importarse los alimentos faltantes que sean producidos en forma competitiva y sin subsidios en otros países, para atender la presión de la demanda actual.
Esto va a servir, primero, para demostrar que la mayoría de los alimentos que se producen en el país son de muy buena calidad y su precio es muy competitivo. Al mismo tiempo, se darán cuenta los funcionarios y la sociedad en su conjunto de que no son caros los alimentos en el país y de que el limitante es el poder adquisitivo de los ciudadanos, empobrecidos por estas mismas políticas desde hace mucho tiempo.
Ha quedado demostrado que la suba de los precios no es responsabilidad de los productores. A pesar de las medidas restrictivas al comercio y los acuerdos de precios que volvieron a fracasar en este nuevo ensayo, los alimentos han seguido subiendo porque a pesar de las limitantes internas para exportar, igual se puede seguir haciendo porque producimos en forma competitiva para una demanda externa muy incentivada por el crecimiento de la economía mundial. El gobierno ha elegido la peor solución en esta coyuntura: restringir la capacidad exportadora, lo que sin duda atenta contra el futuro del país. Es de esperar que el gobierno cambie de actitud, porque de no hacerlo va a tener que apelar a seguir castigando a quien exporta por cualquiera de los mecanismos ya conocidos, con el objetivo de que no suban los precios internos y, ante un nuevo fracaso, dará un nuevo apretón de tuerca hasta limitar la capacidad de producir con rentabilidad. Los síntomas inmediatos de esta política o «enfermedad argentina» son el endeudamiento desmedido del productor para sostener su empresa, la caída de producción por falta de aplicación de tecnología, la falta de rotación de cultivos tan negativa para la estabilidad de los suelos, la caída de inversión del sector y la reducción de las exportaciones por falta de mercadería.
No es sensato que para el desarrollo y el crecimiento de la Argentina en este mundo globalizado sigamos subsidiando a una parte de la sociedad que puede adquirir los alimentos al precio que determina el mercado y mantener los salarios baratos de muchos industriales que no son competitivos en un sistema de economía abierta. No hay forma de producir alimentos para el mercado interno a un precio y para el mercado externo a otro, como se propuso en la última campaña electoral. Hay que encontrar mecanismos para atender a quien realmente necesita ayuda del Estado con políticas de asistencia universal transparentes y, al mismo tiempo, permitir que la actividad privada pueda desplegar toda la capacidad que tiene para generar los nuevos negocios que permitan aumentar las exportaciones del país para poder hacer sostenible el actual crecimiento de la economía con recursos genuinos.
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