Covid-19: desigualdad y derecho de Seguridad Social a las Infancias

Opiniones

La emergencia sanitaria por el coronavirus, ubicó en agenda los temas de los cuidados y de la seguridad social.

La emergencia sanitaria ubicó en agenda los temas de los cuidados y de la seguridad social, los valores de la solidaridad y los debates de la distribución y redistribución, tanto intergeneracional como generacional (infancias, adolescencias, juventudes, adultos mayores).

Los cuidados se instalaron con concepciones múltiples: algunos refieren al cuidado de la salud, otros al cuidado de la seguridad y en la calle, otros al cuidado económico. Muy pocos refieren al sentido de los cuidados como la agenda del derecho al cuidado, lo que implica avanzar en reconocerlo como un trabajo que realizan las mujeres y las niñas en el hogar y que requiere establecer políticas relacionadas a tiempos (legislaciones), dinero (transferencias sociales) y servicios (jardines, etc.) para que esta tarea sea legitimada.

Más allá de ello, sin lugar a dudas esta pandemia permitió visibilizar todavía más que quiénes cuidan son las mujeres. Las mujeres y las niñas son quienes limpian, cocinan y ayudan con las tareas de la nueva escolarización en casa. Pero no solo hablamos del ámbito del hogar: son las mujeres quienes cuidan como trabajadoras de la salud, de las organizaciones barriales que desempeñan en comedores y otras funciones que el Covid-19 nos está mostrando con naturalidad diaria. Son los menos los casos de parentalidad compartida en los cuidados, a menudo circunscriptos a quiénes han hecho un proceso de deconstrucción sobre los roles de las mujeres en nuestra sociedad y bajo esta coyuntura en particular.

Otro aspecto que cobró lugar es el monitoreo y la evaluación de las políticas públicas, que históricamente ha sido la parte más olvidada y subdesarrollada del ciclo de las políticas públicas integrada por la instalación en agenda, el diseño, la implementación y la evaluación. Los gobiernos están obligados a monitorear continuamente sus acciones y recalcular, así como a rendir cuentas ante la ciudadanía de los fondos que están siendo movilizados bajo el Covid-19 para aminorar sus impactos económicos y sanitarios en la humanidad.

Escenario de fondo

Ahora bien, la pandemia vino a impactar bajo un escenario de base: la desigualdad global creciente es la escena de fondo. Según el Reporte Social Mundial 2020 de la División de Desarrollo Social de Naciones Unidas (UNDESA), la proporción del ingreso que va al 1% más rico de la población aumentó en 59 de cada 100 países con datos de 1990 a 2015. Mientras tanto, el 40% más pobre ganaba menos del 25% de los ingresos en las 92 naciones con datos.

A los países de América Latina los encuentra siendo una de las regiones más desiguales del mundo. Según el Informe de Desarrollo Humano 2019 de Naciones Unidas, el 10% más rico en América Latina concentra una porción de los ingresos mayor que en cualquier otra región (37%). Y viceversa: el 40% más pobre recibe la menor parte (13%). Esta brecha supera incluso la de África subsahariana. Este registro es el que subyace buena parte de la ola de protestas que recorrió países latinoamericanos en 2019.

Además, estamos viendo que la crisis sanitaria afecta a todos y a todas, pero los más perjudicados son las infancias, adolescencias, juventudes, géneros y personas mayores, razón por la cual se vuelve prioritario y urgente visibilizar estos impactos desiguales. Según las últimas proyecciones de UNICEF, en nuestro país la pobreza monetaria, que afectaba en el segundo semestre de 2019 al 53% de las niñas y niños, podría escalar al 58,6% hacia fines del 2020.

La irrupción del Coronavirus en la Argentina nos encuentra, por un lado, con problemas de desigualdad estructurales y, por otro lado, con un fuerte deterioro social y económico producto de las políticas implementadas en los últimos cuatro años de la gestión de Cambiemos.

En los últimos 30 años pasamos del paradigma de la protección restringida de los 90, cuyo reflejo estuvo en su eclosión con la crisis del 2001, al de la protección ampliada de inicios del siglo XXI, que fue acompañado con mejoras sociales y desigualdades persistentes. De 2016 a 2019 se configuró el que llamamos como asistencialismo extendido, donde aumentó la pobreza, la desocupación e informalidad laboral. El sistema de políticas económicas y sociales se reconfiguró una y otra vez con el paso de estos paradigmas y con impactos concretos en la población. La soberanía para definir políticas por parte de los gobiernos también fue entregada o defendida al galope de la adquisición del endeudamiento externo en los 90, su posterior reducción con el kirchnerismo, y su renovada espiralización con Cambiemos.

Esta etapa reconstructiva es, por cierto, difícil y compleja. No solamente porque se intenta hacer frente a un virus para el que no hay cura ni tratamiento conocido, sino porque el Estado argentino ya venía bastante disminuido en sus capacidades. No hay que olvidar, por ejemplo, que lo dicho anteriormente fue acompañado en los últimos 4 años por una fuerte estigmatización al trabajador público y el rol de las burocracias. Además, hubo una degradación institucional en carteras que aquí y en cualquier parte del mundo son centrales para hacer frente a una pandemia de estas características: tanto la de salud, que es la que evita las muertes y trata a los infectados, como la de trabajo y producción, que es la que cualquier nación necesita para proyectarse hacia adelante.

A ello se suma que mucha de la capacidad del big data y de las nuevas tecnologías aplicadas a la gestión, que son vitales para gestionar sin oficinas estatales abiertas, están retrasadas y contrariadas en el Estado porque tenían más el eje puesto en el control social y la reducción del gasto, que en la reducción de la desigualdad o los derechos a la salud, educación, trabajo y seguridad social, sólo por mencionar algunos.

Sistema de políticas frente al Covid-19

Sabemos que no es una política, sino un sistema de políticas lo que se requiere para incidir ante los impactos del Covid-19. En Argentina, lo visto hasta aquí revela a un estado activo intentando desplegar políticas regulatorias y distributivas para aminorar los efectos de la pandemia.

En las infancias y las adolescencias, en políticas distributivas, se impulsó un subsidio extraordinario de la AUH y AUE, y la tarjeta alimentaria. Además, otras medidas que inciden en el entorno familiar de la niñez han sido el Ingreso Familiar de Emergencia, el subsidio a los jubilados y el pago del 50% del salario a los trabajadores formales.

En políticas regulatorias a las infancias y adolescencias, por otro lado, se desplegaron protocolos de actuación en salud, los permisos para padres, guías de recomendaciones con juegos y recursos para que niños/as transiten el aislamiento, normas para evitar la discriminación a niños/as que deban acompañar a hacer compras a su padres, madres o adultos, recomendaciones sobre suicidio y autolesiones en adolescentes y jóvenes que pueden sobrevenir en tiempos de pandemia y sobre las cuales hay que informar y concientizar.

Estas acciones desplegadas han ido en línea a las recomendaciones efectuadas por la OIT, UNICEF, ONU Mujeres y CEPAL, entre otras instituciones.

Retos

¿Qué diseño debieran tener las políticas de bienestar en la pandemia y postpandemia?

Algunos ejes a considerar para la agenda de políticas del Covid-19 podrían ser las siguientes:

1) Desplegar y actualizar un sistema de políticas para los tiempos actuales.

2) La pandemia es una oportunidad para poner eje en prioridades entorno a la salud y los cuidados entendidos de manera integral, no limitado solo a quien cuida de un enfermo.

3) Priorizar al bienestar e ir más allá de la seguridad social ligada al trabajo, sobre todo para las infancias, adolescencias, juventudes y las mujeres.

4) La equidad en el centro de la agenda de políticas.

5) Potenciar capacidades estatales.

6) Avanzar en fuentes de financiamiento progresivas.

7) Necesitamos pensar en políticas de corto plazo pero articuladas con el largo plazo.

8) Estamos obligados actuar de manera masiva, rápida y diferencial.

Articular el corto con el largo plazo implica, por ejemplo, que en el derecho a la seguridad social a las infancias y adolescencias en lo inmediato se recupere la suficiencia de la AUH, abonando el 20% retenido de la AUH por controles de salud y educación. No excluir a los hijos/as de monotributistas de las asignaciones familiares por no tener la cuota de monotributo al día, modificando así la norma restrictiva que dejó sentada la gestión de Cambiemos cuando incorporó a los monotributistas al sistema de asignaciones familiares.

Abordar el problema del endeudamiento de las familias, constituye otro reto central. Avanzar en la excepción de la presentación de la libreta de los controles de salud y educación de la AUH dado que, en tiempos de pandemia, no pueden realizarse ni es recomendable asistir a establecimientos de salud ni realizar trámites que no tengan estricta relación con la enfermedad (además, hoy la escolarización transita en el hogar). A ello se agrega que sólo la presentación del trámite burocrático no dice nada sobre el efectivo cuidado de la salud ni de la escolarización. Es el Estado quien debe articularse y no sobrecargar a las familias imponiendo barreras restrictivas que poco dicen sobre lo que presuntamente se quiere monitorear.

En el mediano plazo, estas acciones deben articularse bajo un único derecho de seguridad social a las infancias y adolescencias, no estratificado según la condición laboral y socioeconómica de los padres, y diferenciando entre los/as niños/as que reciben AUH y AUE, Asignaciones Familiares contributivas (hijos de monotribustitas y de trabajadores en blanco) y los que deducen por ganancias como la mal llamada “carga de familia”.

En las políticas para actuar en la agenda de los cuidados y la seguridad social, sobresale que en América Latina ha predominado la respuesta por el lado de las transferencias de ingresos condicionadas de ingresos desde inicios del siglo XXI, como lo muestran el Bolsa Familia en Brasil, Bono Juanito, etc.

En Argentina la respuesta con la Asignación Universal por Hijo no encaja como uno de estos programas de transferencias condicionados sino que fue de un cuarto tipo dado que no es ni asistencia, ni seguro social, ni seguridad social, sino un caso hibrido entre la asistencia y la seguridad social y, por ello, su gestación se ubicó bajo el paradigma de la protección ampliada. Uruguay también fue el otro país de la región que siguió un camino de este tipo. Las tradiciones históricas de los sistemas de seguridad social, así como la visión de los gobiernos de turno, tuvieron su incidencia en estas respuestas distintas.

El Covid-19 ofrece imágenes dramáticas todos los días, con gente que si evita el contagio padece las consecuencias económicas de una crisis cuyas proporciones serán de gran magnitud. Sin embargo, puede también representar una oportunidad para avanzar en hacer efectivo el derecho a la seguridad social a las infancias y las adolescencias, que implica que sea una asignación universal (para todas/s los niños/as), suficiente, integral y sostenible, política y financieramente.

*Profesora de posgrado UBA y Coordinadora Académica del Diploma Superior en Desigualdades y Políticas Públicas Distributivas de FLACSO Argentina/desigualdades@flacso.org.ar

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