UE-Mercosur: un acuerdo atrapado entre la geopolítica, las nuevas barreras verdes y el viejo proteccionismo

A 30 años del inicio de las negociaciones, el acuerdo se hace esperar. En el delicado equilibrio político dentro de Bruselas está la llave o un candado definitivo.

El Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur representa el proceso de negociación comercial más extenso y dilatado de la historia moderna, teniendo en cuenta actores centrales de la economía internacional. A 30 años del inicio de las negociaciones, el acuerdo se hace esperar.

A diferencia de lo que ocurrió 2019 cuando los representantes técnicos del bloque sudamericano y europeo llegaron a un documento de consenso (que se evaporó rápidamente), el 6 de diciembre de 2024 fueron los líderes políticos (Ursula von der Leyen y los Presidentes del Mercosur) los que sellaron la renegociación que se inició en 2023 -y legitimaron- el texto del acuerdo. Este aspecto simbólico generó ilusiones de que por fin se pudiera concretar.

A pesar de que sea sorpresa para muchos, las trabas de la entrada en vigor del acuerdo están más en la mesa europea que en la mercosureña; esta última más cohesionada en relación a la importancia de avanzar en la agenda externa del bloque. El texto de 2024 incluyó una enmienda en el proceso de firma y ratificación que permite sortear un gran obstáculo dentro de la UE, pero que no elimina la incertidumbre y las dudas que aún persisten en el plano de la economía política. La UE separó (denominado Split) el pilar comercial de los componentes relativos al diálogo político y la cooperación. El Consejo Europeo deberá lograr una mayoría calificada para aprobar los capítulos comerciales: 55% de los Estados miembros (15 de 27) y que dichos estados representen al menos el 65% de la población de la UE. Luego, el Consejo deberá solicitar al Parlamento Europeo su consentimiento (mayoría simple) para la ratificación del pilar comercial del acuerdo.

Las modificaciones e incorporaciones en el texto del acuerdo en las negociaciones iniciadas en 2023 lograron apaciguar los recelos mutuos. En especial, se le otorga espacios de acción a Brasil para su política industrial (compras gubernamentales, sector de electromovilidad, restricción de exportación de minerales críticos) y se incorporó un anexo “side letter” para alinear los compromisos del capítulo sobre desarrollo sostenible con lo pautado en el Pacto Verde Europeo, para satisfacer así las demandas principalmente de Francia.

Sin embargo, el veto y bloqueo de los agricultores franceses no han desaparecido, como así tampoco la receptividad que encuentran en el gobierno francés. En julio de este año, la Comisión Europea presentó una propuesta de protocolo político que incluye “circuit breakers” o salvaguardas para limitar las importaciones de carne, pollo y azúcar desde el Mercosur. Esta medida está destinada a tranquilizar a los agricultores franceses, que temen que las cuotas acordadas anulen su competitividad. Las nuevas restricciones, sin embargo, son inaceptables para los países sudamericanos dado que implicarían una nueva reconfiguración del acuerdo original.

Recientemente, Malamud y Schenoni (dos politólogos argentinos) publicaron un estudio a pedido del Parlamento Europeo donde evidencian cómo la dinámica geopolítica actual genera incentivos para que el Mercosur y la UE, refuercen la resiliencia mutua y la autonomía estratégica. Esta premisa es más palpable para el caso europeo, dado que el sentimiento en Bruselas es que Washington le pone aranceles, Rusia la invade y China la desindustrializa. El mundo presiona al viejo continente a realizar reajustes (geo)políticos y parecen funcionar como atenuación a la oposición al Acuerdo.

Sin embargo, el “deal” acordado entre Trump y Ursula von der Leyen para “reequilibrar” la relación comercial entre EEUU y Europa pone muchas dudas sobre cuál es el margen de Europa (y la voluntad) político y económico de diversificar su posicionamiento estratégico. En los próximos años, ¿dónde priorizará recursos y financiamiento la UE?, ¿en las zonas rurales de Paraguay para ayudar a la trazabilidad de la producción de azúcar bajo el Protocolo de Cooperación o ayudará a financiar una industria de semiconductores en Arizona, en el marco de los 600 mil millones de dólares comprometidos a desembolsar en EEUU?

A pesar de las presiones de Francia para congelar el trámite de ratificación, en los primeros días de septiembre la Comisión envió el texto al Consejo Europeo, un importante primer paso. Desde ahora hasta fin de año, los ojos estarán puestos en las negociaciones y en el “poroteo” para lograr los votos necesarios en el Consejo Europeo. No alcanzan con el respaldo explícito de Alemania, España y Portugal. Así, Italia aparece como el país clave que inclinará la cancha, la pelota la tiene Roma. El tratado se necesita el veto de al menos cinco países de la UE que representen al menos el 35% de la población. Francia, Austria, Polonia y los Países Bajos han expresado preocupación y reticencias. Esos países representan el 30% de la población. Por tanto, la decisión final del gobierno de Meloni es la principal intriga política.

En definitiva, el acuerdo UE-Mercosur continúa atrapado en una encrucijada donde conviven intereses geopolíticos, demandas ambientales y un proteccionismo agrícola que se resiste a ceder. En el delicado equilibrio político dentro de Bruselas está la llave o un candado definitivo al acuerdo.

Por Esteban Actis y Lautaro Ramírez. Asociados de Insight LAC.