A 23 días de las elecciones, resurge la polémica por manejo de fondos de campaña

A menos de un mes de las elecciones legislativas, resurgió la polémica por el reparto de fondos que el Gobierno otorga a los partidos políticos en concepto de aportes extraordinarios, luego de un fallo de la Cámara Nacional Electoral ante un reclamo del ARI.

A raíz del planteo del partido fundado por Elisa Carrió, la Cámara pidió al Gobierno que dé precisiones sobre la concesión de estos recursos por un total de 4 millones de pesos y el Ejecutivo salió a negar que haya hecho "asignaciones discrecionales".

El ARI había solicitado en 2008 un aporte extra de 400 mil pesos para afrontar gastos de un Congreso partidario, lo que fue rechazado por el Ministerio del Interior por considerarlo "excesivo" y le otorgó, en cambio, 50 mil pesos de acuerdo al criterio de aportes proporcionales al número de afiliados.

En descontento, el apoderado del ARI Adrián Pérez presentó un escrito ante la Cámara en el que cuestionó "un trato absolutamente discriminatorio por parte del Poder Ejecutivo", que "ha otorgado una importantísima suma de dinero en concepto de aportes extraordinarios al PJ y, sin fundamentación alguna, los ha denegado" a su agrupación.

En su presentación, el ARI -primero integrado a la Coalición Cívica y hoy integrante del Acuerdo Cívico y Social- citó información publicada en el sitio web del Ministerio del Interior, según la cual el PJ recibió 1.140.000 pesos contra 100.000 que percibió el ARI.

La respuesta del Gobierno corrió por cuenta del titular de la Dirección Nacional Electoral, Alejandro Tullio, quien precisó que "no se hace una asignación discrecional" de los fondos para los partidos políticos y acusó a la oposición de actuar "de mala fe" en su interpretación de la resolución de la Cámara para "aprovecharla electoralmente".

Según explicó Tullio, estos aportes extraordinarios están contemplados por la ley de financiamiento de partidos políticos para "auxiliar complementariamente a los partidos en algunos gastos y ayudar en el mantenimiento de su estructura", todas ellas cuestiones "ajenas a la campaña".

Para su reparto -explicó Tullio- se aplica "como criterio objetivo" el número de afiliados que tiene cada fuerza: por ese motivo "en concepto de gastos extraordinarios, en el 2008 se le dio al PJ 53 centavos por afiliados mientras que el ARI recibió 3,12 pesos por cada uno.
"La resolución no se refiere a los fondos electorales sino a gastos extraordinarios que solicitó el ARI y que entendimos que era una solicitud excesiva e injustificada", afirmó Tullio, durante una conferencia de prensa en la Casa Rosada.

Sin embargo, Pérez denunció que en su descargo los funcionarios del Ministerio "mienten", porque en 2008 "han administrado los fondos partidarios con total arbitrariedad, sin tener en cuenta el número de afiliados y favoreciendo claramente al Partido Justicialista".

"De los 600 mil pesos que correspondían al ARI giraron sólo 150 mil luego de que accionáramos judicialmente. Mientras tanto el PJ recibía 1.140.000 pesos", remarcó Pérez.

Los jueces Santiago Corcuera, Rodolfo Munné y Alberto Dalla Vía -los mismos que la semana pasada avalaron las candidaturas testimoniales del oficialismo- no sólo pidieron al Ministerio del Interior que explique "las razones por las cuales se conceden o niegan esos aportes a los partidos", sino que lo obligó a reconsiderar el reclamo de fondos del ARI.

Así, el ARI volverá a fundamentar el pedido para que le den los otros 350 mil pesos y el Ministerio apelará la resolución de los camaristas, adelantó el director electoral.

"Los órganos del Estado deben ejercer sus atribuciones legales de manera razonable, por lo que las autoridades públicas deben expresar en forma concreta las razones que inducen a emitir el acto", señalaron los jueces.

Para los camaristas, máximas autoridades electorales, "cuando se trata del reparto discrecional de fondos públicos a los partidos políticos, está en juego el respeto a la igualdad de oportunidades, que es lo que justifica, precisamente, la asignación de aportes estatales a esas organizaciones".

En primera instancia, la jueza federal con competencia electoral María Servini de Cubría había desestimado el planteo del ARI.

Ahora, la Cámara entendió que "corresponde revocar la sentencia apelada, disponiendo que (el ARI) podrá formular al Ministerio del Interior un nuevo pedido -por el monto no asignado- adjuntando las constancias que justificarían la procedencia de su requerimiento".