Abal Medina: “Concursos públicos son para garantizar la absoluta transparencia”
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Tal como estipula la normativa, cada convocatoria a concursos es difundida a través del Boletín Oficial, de avisos en diarios de circulación nacional y de carteleras en los edificios públicos involucrados (web y gráficas). A su vez, para complementar estas vías de comunicación, ampliar la difusión de la información y facilitar la inscripción de todo aquel ciudadano que desee postularse, la Jefatura de Gabinete de Ministros puso en línea el sitio web www.concursar.gob.ar.
Cada cargo a concursar cuenta con un conjunto de requisitos que los postulantes deben cumplir obligatoriamente para ser admitidos al proceso de selección, entre ellos: experiencia laboral en tareas afines a las que habrá de desempeñar y, para los cargos profesionales, la acreditación de título universitario y estudios de especialización si fuesen necesarios. Sólo en algunos casos específicos la inscripción se restringe a quienes se encuentran trabajando en la Administración Pública Nacional: a la mayoría de los cargos puede presentarse al concurso cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos estipulados.
El jefe de Gabinete mencionó que "los procesos de concursos se encontraban suspendidos en la Administración Pública Nacional desde finales de la década del 90, producto de la exigencia de las organismos de crédito internacional y con el propósito de controlar decisiones soberanas de política pública, vía el falaz argumento del control del déficit a través del congelamiento de personal".
Abal Medina resaltó que "lejos de ser una medida aislada y excepcional, la realización de procesos de selección de personal siguiendo la normativa vigente es una decisión política que ha sido puesta en práctica a partir de mayo del año 2003, y que tiene como objetivo continuar mejorando las condiciones laborales de los trabajadores que se desempeñan en el Estado Nacional, es por lo tanto también una política que cuenta con el consenso de los sindicatos que los representan".
Agregó que "el proceso de reconstrucción de las capacidades del estado, luego de las políticas de desguace iniciadas por la dictadura civico-militar en el año 1976, se expresa en múltiples acciones que van desde la recuperación del control de los aportes jubilatorios, que antes se encontraban en manos de las AFJP, el proceso de ordenamiento de compras y contrataciones públicas hasta la recuperación de la capacidad del estado de producir los DNI y Pasaportes. En ese sentido, que el mérito sea el principio ordenador para el ingreso como personal permanente de la administración pública nacional en los términos que lo consagra la Constitución Nacional no hace más que confirmar las bases de esa reconstrucción".
Desde la Unión del Personal Civil de la Nación, también quisieron hacer oír su voz respecto a esta cuestión. En una declaración expresaron que "haber podido arribar a la situación actual fue producto de un proceso de adecuación intenso, complejo, de prolongado trabajo paritario, donde hubo que revisar leyes, resoluciones, antecedentes, adecuar estilos, buscar consensos: nada se hace de la noche a la mañana. Hemos conseguido que los trabajadores contratados en el Estado dejen de ser monotributistas y cuenten con los derechos laborales mínimos como aguinaldo, vacaciones, obra social. Ahora vamos, entonces, por la estabilidad consagrada en nuestra Constitución Nacional para que las plantas de trabajadores ya no sean presa de ningún gobierno de turno, sino la garantía del servicio público estatal".
Finalmente, el jefe de Gabinete se mostró sorprendido por la infundada tesis que señala una supuesta distribución de cargos entre agrupaciones políticas: "No entiendo cuales son los argumentos que permiten una interpretación tan extravagante. Años de estudio sobre el tema y el consenso de cientos de investigaciones sobre como fortalecer las carreras de los empleados públicos señalan que este es el camino a recorrer, por más que algunos les duela que sea este el Gobierno que lo lleve adelante".



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