Acepta Uruguay que técnicos decidan el destino de las fábricas

Clásico de todos los conflictos que cuando la situación parece estar en el peor momento aparezca la solución. Esa exasperación es casi una necesidad para que alumbre un acuerdo. La puja con el Uruguay por las plantas de celulosa en Fray Bentos parece seguir ese libreto al aceptar ayer la administración de Tabaré Vázquez la condición argentina de que sean los técnicos quienes den la última palabra para superar el conflicto. También que las empresas abran sus protocolos para mostrar qué tecnología emplearán para no contaminar el agua ni el aire, algo que hasta ahora rechazaban. Hasta avanzada la noche, los funcionarios de la Argentina y el Uruguay veían con optimismo que esta semana podrían reunirse Vázquez y Kirchner. Los ambientalistas de Gualeguaychú, el sector más activo en esta crisis, piden que antes de cualquier anuncio les hagan saber qué se firmará, so amenaza de volver mañana a interrumpir el tránsito entre los dos países. Es un avance este clima de acuerdo pero será necesaria mucha fineza política entre quienes deben hacer cumplir con éxito lo que se firmará.

El gobierno argentino recibió ayer la respuesta a la contrapropuesta técnica enviada al Uruguay el jueves pasado para encontrar una solución al diferendo por la instalación de dos plantas de celulosa. Aunque tanto los funcionarios de Néstor Kirchner como los del gobierno de Tabaré Vázquez que trabajan en la confección del Acuerdo de Anchorena evitaron dar detalles sobre los nuevos términos, trascendió que el documento incluiría la condición argentina de realizar un estudio ambiental exhaustivo que permita diferenciar los gases, líquidos y sólidos resultantes del proceso de producción de las pasteras.

Se respeta la premisa de que las empresas especifiquen en no más de 60 días el proceso de producción que utilizarán y demás aspectos medioambientales. «Los cambios sugeridos resultan de forma», aseveró una fuente que participó en el análisis del documento.

La diferencia sobre este punto fue el factor que la semana pasada frustró a último momento la cumbre entre ambos jefes de Estado que iba a realizarse en la quinta presidencial La Anchorena, a 30 kilómetros de Colonia del Sacramento.

Por eso ayer, con el avance que supone el consenso sobre este vector técnico, volvió a instalarse la confianza entre las autoridades uruguayas de reflotar esta semana el encuentro entre los presidentes.

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La respuesta enviada a media tarde al despacho del jefe de Gabinete, Alberto Fernández, es, en rigor, un conjunto de nuevos fragmentos, frases y palabras, definido vía teléfono y correo electrónico entre el funcionario de Kirchner, el secretario de la Presidencia de Tabaré, Gonzalo Fernández, y las respectivas cancillerías.

A esta altura de la negociación, para el gobierno uruguayo la declaración política que van a firmar los mandatarios «está cerrada», aunque anoche esperaban todavía una respuesta desde Buenos Aires sobre el anexo técnico que deberá establecer las atribuciones de la comisión binacional, encargada de estudiar el impacto medioambiental de las fábricas, para fijar la fecha de una nueva cumbre, algo que podría ocurrir mañana.

Por su parte, voceros de la Presidencia argentina confirmaron que el acuerdo «está cerrado a grandes rasgos pero se trabaja en la letra fina». «Se está analizando el nuevo contenido que Kirchner y Tabaré deberán refrendar en Colonia, y hay que establecer todavía el mecanismo de paralización de las obras», precisaron las mismas fuentes.

Entre esos puntos que aún no están acordados se encuentran la definición final del documento y la postura de la empresa Botnia, que ayer sumó confusión al conflicto al relativizar la paralización de las obras en Semana Santa, tal como lo había anunciado el fin de semana al gobierno uruguayo.

Precisamente ayer, funcionarios de Tabarése reunieron en Montevideo con autoridades de la compañía finlandesa para buscar una solución al hecho de definir quién se hará cargo de pagar los sueldos de los trabajadores que ya fueron contratados por la empresa y que deberán pasar por lo menos 90 días sin trabajar como consecuencia del pedido argentino de paralización de las obras.

Botnia, en tanto, volvió a rechazar la propuesta argentina por considerar que cumplir con lo que plantea significaría modificar las condiciones originales de producción de pasta celulosa.

Manos atadas

En 2002, durante la presidencia de Jorge Batlle, Uruguay firmó con Finlandia un tratado de protección de inversiones que hoy ata las manos al gobierno de Tabaré Vázquez para alterar el contrato con la empresa ya que de hacerlo quedaría expuesto a demandas internacionales multimillonarias.

En aras de encontrar un camino hacia la resolución del diferendo diplomático entre ambos países, Kirchner y Tabaré acordaron el 11 de marzo en Santiago de Chile encabezar una serie de dos encuentros; el primero se realizaría en el Uruguay y, el segundo, en la ciudad argentina de Mar del Plata. Como condición a esa tregua, ambos mandatarios pidieron a los ambientalistas entrerrianos que levantaran las barricadas instaladas desde hacía más de 40 días sobre los puentes internacionales a la altura de Gualeguaychú y de Colón.

Después de incesantes negociaciones, el martes 21 de marzo las asambleas decidieron ofrecer ese gesto en espera del anunciado encuentro. Sin embargo, con las postergaciones y las contramarchas de los últimos días, el domingo anunciaron que en 48 horas (se cumplen mañana) volverían a cortar las rutas. Una amenaza que permanece latente, pese al avance que supone la respuesta del gobierno uruguayo a las exigencias argentinas.