Activistas impidieron la sesión

Ayer un simple y desconocido ciudadano fue agredido en la acera del Congreso Nacional sólo por tener un parecido físico con el titular del Senado, Juan Carlos Maqueda. Inclusive en el Congreso se comenta algo peor, cómico pero que no deja de ser trágico: no hace falta tener algún parecido físico con un político para que un ciudadano corra riesgo sobre su integridad. Bastaba ayer que alguien, con mala intención, gritara «ése es Maqueda» así fuera totalmente distinto y la gente iracunda con los políticos lo agrede igual porque no conoce bien al senador cordobés. Consecuencia: nadie está exento de riesgo. En el caso de los políticos cada día la gente está más convencida de que sus tropelías en designar empleados públicos, recomendar insolventes que vaciaron bancos oficiales, gastar en sus punteros los presupuestos de ANSeS y PAMI y agotar los ingresos del Estado son la verdadera causa de la grave crisis actual. Lo señala un sondeo del sociólogo Artemio López: 35% de los interrogados considera que la clase política es el primer problema del país. Cuando los ingresos de esos consultados son superiores a $ 2.000, 50% contesta que el principal problema del país (superior al desempleo, la inseguridad, etc.) es su clase política, como drama en sí mismo y causa de los demás flagelos.

El Congreso quedó ayer virtualmente sitiado por caceroleros que se oponen a la sanción del nuevo plan BONEX. La protesta surtió un efecto contundente: desde las primeras horas de la tarde, el palacio quedó sellado y con una fuerte custodia policial que impidió la llegada de una comitiva desde Economía, liderada por Jorge Remes Lenicov.

El ministro pensaba visitar a legisladores PJ para negociar la redacción final de la iniciativa, pero finalmente algunos senadores y diputados saltaron este «corralito» y se trasladaron hasta el Palacio de Hacienda. Desde allí, José Alperovich, Jorge Matzkin y Jorge Obeid relataron por teléfono las novedades a sus compañeros de bloque que permanecían encerrados.

Nadie podía entrar ni salir, sin distinción entre agentes rasos y funcionarios con fueros o sin ellos. No había privilegios o entradas VIP que sirvieran, y la ley -aun cuando no estuviera consensuado el texto- resultaba imposible de ser debatida con semejante presión popular.

Los manifestantes no distinguían entre personal y senadores o diputados. Tampoco los cronistas parlamentarios quedaban exceptuados, al igual que cualquier mortal de saco y corbata que quisiera ingresar en las cámaras. Primero, recibían insultos y, si no había reacción, corrían peligro de sufrir golpes de puño o proyectiles, incluida una papa que quedó tirada sobre la vereda de Diputados.

Hasta el mismo personal de seguridad estaba temeroso, a pesar de que había grupúsculos de ahorristas y activistas de izquierda, encabezados por la diputada porteña Vilma Ripoll (Izquierda Unida), que no superaban el medio centenar. Estaban distribuidos en las 4 calles que rodean el edificio. Es decir que, en ninguno de los accesos, había más de 15 o 20 personas a la caza de legisladores, después del mediodía. Como prevención clausuraron las puertas y no atendían a quienes, credencial en mano, intentaban franquear los límites del Congreso.

La protesta recién se hizo fuerte al anochecer, cuando los empleados hacían cola -y horas extra- para poder abandonar su lugar de trabajo. Entre ellos, se paseaban el radical bonaerense Enrique Vázquez y los frepasistas Darío Alessandro y Rodolfo Rodil, bastante desorientados por la posibilidad de recibir agresiones de la multitud por la continuidad en el oficialismo, originalmente con la Alianza y ahora con Eduardo Duhalde. La versión, después desmentida, de que habían apedreado el automóvil del senador Mario Losada (UCR-Misiones) no parecía el mejor augurio.

• Tensión

El clima se puso más tenso cuando los senadores se dieron cuenta de que la custodia policial no era suficiente para asegurar el edificio, al límite que sólo cerrando las pesadas puertas de bronce se pudo frenar el ingreso de manifestantes.

«En estas condiciones no se puede sesionar. Quién nos garantiza poder salir a la calle. No se puede votar una ley así», se preguntaba el santafesino Oscar Lamberto, recién reasumido.

Las miradas giraron nuevamente a Juan José Alvarez, secretario de Seguridad Interior, a quien se acusa seguido de no proteger el Congreso o errarle en el cálculo con la cantidad de policías.

La protesta volvió entonces al feriado bancario que el Congreso considera un apriete del Ejecutivo: «No sólo presionaron, sino que además no previeron una reacción de la gente. O garantizan la seguridad o no votamos», advirtieron mientras seguían encerrados.

En el anexo de la Cámara baja, los menemistas riojanos se ponían a la cabeza de la rebelión doméstica y anticipaban que no aceptarían un bono con vencimiento a 10 años. Alejandra Oviedo, Ricardo Quintela y Adrián Menem se dedicaron a buscar diferencias entre el BONEX de Erman González y el que propone el gobierno, además de consultar con el mismo ex ministro de Carlos Menem y economistas varios, entre ellos, Aldo Abram, para buscar alternativas.

Entre angustiados e indignados, 27 senadores se preparaban para una larga velada en sus despachos, mientras seguían por TV los escraches espontáneos que recibían quienes se atrevían a quebrar el cerco. La única salvación era un doble vallado que preparaba la Policía Federal, pasadas las 21, para facilitar una eventual evacuación.

La versión de que venían más contingentes para sumarse a la algarada minó el ánimo de los cautivos que, no obstante, llenaron de pedidos el comedor de la Cámara alta. Con humor, los «movileros» que montaban guardia frente a dependencias del PJ amenazaron a los mozos con saquear las primeras bandejas que llegaran desde la cocina.

José Luis Gioja improvisó una reunión de bloque con una docena de colegas del peronismo, a la cual no pudo asistir la sanluiseña Liliana Negre de Alonso, aislada en su oficina de la ex Caja de Ahorro.

A menos de 100 metros del palacio, tampoco podía abandonar el predio. Desde ese lugar, donde también permanecía atrincherado el renovador salteño Ricardo Gómez Diez, despotricaba contra el nuevo plan de bonos y repetía que «las entidades que puedan devolver dólares que lo hagan y las demás que se caigan; entonces, el Estado tendrá que hacerse cargo de actuar subsidiariamente». Negre intercambiaba opiniones con su colega de Salta, Sonia Escudero, animadora del ala más crítica del oficialismo senatorial.

Gómez Diez, coordinador del Interbloque Federal, recibió por la tarde, cerca de las 16, un insólito llamado telefónico de Jorge Milton Capitanich pidiéndole colaboración y anticipándole que en dos horas más el Ejecutivo enviaría el proyecto. Por supuesto, no tuvo más novedades.

Los radicales, con Carlos Maestro a la cabeza, apenas sumaban cuatro con Raúl Alfonsín, Amanda Isidori y Rodolfo Terragno. Después de enterarse de las dificultades que tenía el gobernador chaqueño Angel Rozas para viajar a Buenos Aires, dieron por suspendida la deliberación prevista para esta tarde en el comité nacional. Así combinaron armar un debate de las dos bancadas UCR para fijar hoy una posición definitiva.