Acuerdo pícaro

Si pensamos que Carlos Menem y Adolfo Rodríguez Saá, según últimas encuestas serias, representan 40% de los votos del justicialismo y no firmaron; si le agregamos los PJ salteños, los seguidores de Ricardo López Murphy, de Elisa Carrió y de la izquierda habría que concluir que el «acuerdo de 12 puntos de Olivos» representa en números bastante menos de la mitad de la voluntad electoral del país.

Admitamos que no es tan así. La izquierda no apoyaría nunca un acuerdo político para arreglar con el Fondo Monetario y eso se descuenta. Pero Menem, el salteño Juan Carlos Romero, Rubén Marín de La Pampa y Angel Maza de la Rioja, entre los PJ, y Ricardo López Murphy por el ala más pura del centroderecha sí lo harían. De Adolfo Rodríguez Saá no se podría afirmar nada.

Quiere decir que la voluntad del país sería mayoritaria hacia este «acuerdo político», dado que la discrepancia de los ausentes no es por lo que aparece como su esencia, lo económico, sino por la aparición en su texto de un nuevo cronograma electoral que es un apéndice que introduce el duhaldismo.

Al Fondo no le interesa cuándo se votará en la Argentina, si se incluyó «respetar los acuerdos internacionales, control de la inflación, arreglar con los organismos multilaterales de crédito, implementar antes del 15 de febrero los acuerdos para el financiamiento del vencimiento de 2003, más un presupuesto nacional aprobado antes de fin de año achicando gastos por 4.500 millones de pesos, eliminar los planes de competitividad, garantizar la modificación de la Ley de Entidades Financieras, disponer moratorias sólo por el Congreso y no tocar la Ley de Quiebras».

Es mucho para las pretensiones del Fondo y debe llegar el ansiado acuerdo con la Argentina aunque sepa que en varios puntos nuestro país no cumplirá y significará una lucha constante. Pero deben pensar que ya habrá sanciones en su momento por incumplimientos porque sin duda escalonarán cualquier ayuda.

Este acuerdo, entonces, salva «el honor» de los técnicos del Fondo si tienen que dar el «sí», aunque no será fácil todavía la Argentina para ellos porque no se incluyó nada sobre tarifas de servicios públicos por salvaguardia de intereses políticos locales.

Este es un «acuerdo político» forzado entre pícaros argentinos, no olvidemos. No se incluyó «tarifas» porque el duhaldismo que gobierna sabe que este «veranito económico» es un frágil globo con un componente serio -como es lo que ingresa por exportaciones, que ha forzado el bienvenido aumento de la producción-pero eludió otro condimento explosivo como tener las tarifas públicas bien taponadas en una olla a presión.

Con tarifas artificialmente bajas no aumentan los costos internos. No hay prácticamente inflación. De ahí que no haya pedidos fuertes de aumentos salariales porque el trabajador ve que por lo menos luz, gas, teléfono, combustibles y otros no le devoran aceleradamente su salario. El comerciante y el empresario que fueron duramente golpeados y perdieron márgenes de rentabilidad tienden a conformarse también, en la precariedad. El dólar no sube tampoco pero no porque el gobierno «lo cuide» sino porque un alza de precios internos de sólo 40% en minoristas en el año ha dejado la cotización de comienzos del año aun 220% arriba por la brutal devaluación, un «colchón» sin precedentes en ningún país.

Pero en economía seria es ingenuo pensar que taponar tarifas signifique solución de fondo a un país aunque haya traído momentáneo «veranito» y valoración a un ministro, como Roberto Lavagna que hasta hace pensar, por sus artilugios, que tiene «porvenir político». El lo sabe, por eso pidió «acuerdo», excluyendo tarifas o se derrumba todo, aunque algo tendrá que subirlas.

Todo este «veranito» consolida la picardía criolla pero genera lo que López Murphy llama «pasivos ocultos», que además son explosivos porque, o se pierde calidad de equipos y desmejoran los servicios -cortes de luz, por ejemplo, equipamiento industrial en desgaste y sin renovación por dólar alto-, como inevitable-mente tiene que sobrevenir en este contexto, o llega un estallido alcista que sólo exceptuaría al dólar por su excepcional «colchón».

Pero el gobierno tiene también algo más peculiar aún: se va dentro de 6 meses con ropaje de «social» y «estabilizador» aunque haya dejado al país, para el que lo suceda, en una caldera a punto de estallido y acreedores externos a punto de embargarlo. Eso es mirar a un país desde el punto de vista del negocio político y no desde una estrategia realmente revitalizadora. De ahí las picardías subterráneas del «acuerdo» de Olivos.

Es comprensible que al Fondo no le interese lo acordado como cronograma político. Ellos son esencialmente técnicos y lograron parte considerable de sus fines económicos en la Argentina para brindarle ayuda.

Los acreedores externos se han desalentado de exigirle a un gobierno que se va en 6 meses y medio. Apuntan todo al que asumirá para gobernar 4 años como mínimo. Hasta eso el duhaldismo quiere llevarse en su currículum: que le acordó con el Fondo al que viene aunque sobre éste caerá todo el peso del drama futuro que acecha con esta política.

•Gravitante

Sin embargo, de este «acuerdo político» de Olivos es mucho más gravitante precisamente lo político que lo económico para el futuro de la Nación, inclusive en lo social. Está allí, en el cronograma electoral, el germen de un posible gobierno el año que viene desvirtuado por trampas que no represente realmente la voluntad libre y mayoritaria popular. Eso, en un país económicamente metido en una olla a presión, es más grave que no haber acordado con el Fondo o entrado en default porque en definitiva un gobierno democrático y fuerte el año 2003 lo recomponía bastante fácil aunque será inextinguible por décadas la desconfianza. El problema es que no lo tengamos al próximo fuerte y representativo, aunque la gente del Fondo Monetario piense que eso es ya preocupación y presión de los países grandes del mundo y no de ellos, los técnicos.

•Incoherencia

Aunque haya sido motivo permanente de sus disgustos y hasta falta de apetito por lo que le molesta, no podemos creer que fijar las elecciones presidenciales el 27 de abril y un eventual ballottage el 18 de mayo haya sido sólo para calmarlo a Eduardo Duhalde aunque haya reiterado en la intimidad que no puede soportar un mandatario «electo» contra él, un «designado» por meses. Ni siquiera sobrellevaría bien a un candidato ganador de la interna justicialista que no fuera propio si, con concurrencia adecuada, resultara ya casi asegurado como el próximo presidente de la Nación. Se ha reducido, es cierto, su «soportar» a 32 días, si gana el electo en primera vuelta, y a sólo 7 días, como es más posible, si gana en segunda vuelta, hasta la entrega del poder.

Sólo así se explica la absoluta incoherencia entre mínimos 21 días en eventuales dos vueltas electorales, y absolutamente pernicioso para cualquier nueva administración que asuma esos escasos 7 días para interiorizarse del estado del país, por más que a Duhalde le complazca esto para sufrir menos al electo con más fuerza.

Pero, aparte de satisfacerlo, se han estirado los plazos que el mismo gobierno fijó en 5 meses con propósitos no sanos: gestar desde el gobierno una fórmula presidencial continuista, algo que expone a demagogias, subterfugios, gastos ocultos. Lo peor aún, tramar -es lo que más temen ahora los adversarios justicialistas-una trampa electoral en las elecciones internas partidarias que al no conformarse de acuerdo con el último pronunciamiento de la Cámara Electoral quedan «libradas» a las internas de cada partido por ley que se votará. Cualquier cosa puede pasar en candidaturas desde los partidos políticos, la perpetuidad en algunos sin renovación de dirigencia y la posibilidad de imponer, aunque sea vía urnas, en el justicialismo lo que deseen desde el aparato bonaerense manipulado por el propio duhaldismo. Grave.