Acusan "privatización" de banco de genética

Política

Dentro de las derrotas que el oficialismo tuvo que enfrentar en el fin de año ninguna tendrá el impacto de la sufrida el jueves a la madrugada en torno a un tema caro al gobierno: la creación del Instituto Nacional de Datos Genéticos para el Esclarecimiento de Delitos de Lesa Humanidad. Resultaba impensable cualquier especulación sobre semejante tema, más aún cuando el promotor en el recinto era Remo Carlotto, presidente de la Comisión de Derechos Humanos e hijo de Estela, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.

A pesar de todo ese pedigrí exhibido en el recinto, hasta los propios kirchneristas terminaron dudando de las intenciones de ese instituto que reemplazará el actual Banco de Datos Genéticos. La historia terminó con una oposición general al tema, papelón para Carlotto y Eduardo Luis Duhalde, secretario de Derechos Humanos que había ido al recinto sólo para bendecir la aprobación de ese organismo que dependería de él y el oficialismo fracturado: el proyecto fue enviado de nuevo a comisión para volver a redactarlo.

Carlotto pidió apurar el tratamiento del proyecto esa noche alegando que Duhalde estaba presente en el Congreso. El poco olfato político que demostró no reparó en que había hecho concurrir al funcionario para un tema que no tenía acuerdo en el recinto. Una regla básica de la política parlamentaria indica que el oficialismo no lleva ningún proyecto a votación si no tiene garantizado el triunfo.

El discurso inicial de Carlotto defendió esa iniciativa oficial que le otorga al nuevo instituto el monopolio del procesamiento de datos genéticos para la investigación sobre hijos de detenidos-desaparecidos durante la dictadura. Pero deja cualquier otra causa por filiación fuera del alcance. Es decir que en esas situaciones los damnificados deberían concurrir a laboratorios genéticos privados y el Estado se haría cargo sólo de las causas relacionadas con desaparición de personas.

  • Negación

    La radical Alicia Tate fue lapidaria: «Cerrar el Banco Nacional de Datos Genéticos, junto con la pretendida decisión del Estado de apropiarse de todos sus datos implica una negación del acceso a la información», y lanzó una acusación directa al negocio privado sobre esos hechos penosos que parecía intuirse: «Entre los asesores de Carlotto hubo genetistas vinculados a bancos privados que van a ser beneficiados por esta ley».

    Ya en ese momento Duhalde no soportaba quedarse en el recinto. Minutos después fue peor: como catarata empezaron a criticar a Carlotto el macrista Eugenio Burzaco, la Peronista Federal Nora Chiachio (que siempre vota junto al kirchnerismo), Claudio Lozano, Emilio García Méndez del ARI y finalmente la juecista Norma Morandini, que desde su posición de hermana de un desaparecido castigó la forma en que el oficialismo hacía política con los derechos humanos.

    No le quedó otra opción a Carlotto que volver a pedir la palabra, intentar rebatir algunas críticas y finalmente aceptar que el proyecto volviera a comisión -lo que significa casi la muerte de la iniciativa-.
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