Ahora puja sigue en La Haya ante quienes financian

La Asamblea Ambiental de Gualeguaychú, ciudad vecina a la uruguaya de Fray Bentos, donde se levantan las papeleras contaminantes, «ha tomado esta decisión muy bien, pero sin euforias», dijo a los periodistas Pedro Pavón, portavoz del grupo ecologista.

Destacó que el fallo les «reconoce» que la causa de la población de Gualeguaychú «es justa» y por tanto «da más fuerzas para seguir en el camino de la verdad y la justicia».

Pero Pavón advirtió que «todavía la pelea más importante está» en la Corte Internacional de Justicia de La Haya, donde la Argentina ha demandado a Uruguay, «y en el Banco Mundial», al que el gobierno argentino y los ecologistas piden que no financie las obras de las plantas de celulosa de la finlandesa Botnia y la española ENCE.

Nora Capello, integrante del equipo de la Cancillería que defendió la posición argentina ante el Tribunal calificó como «favorable» el fallo al considerar que «se reconocieron los argumentos» del gobierno argentino frente a la demanda uruguaya. El fallo fue favorable porque reconoce los argumentos del gobierno argentino. Está en línea con lo que sostenía la Argentina», consignó a «Télam» la abogada y diplomática de la Cancillería argentina.

Capello destacó que no hubo en el fallo «condena» ni pedido de «resarcimiento de daños» para la Argentina, ni tampoco una «obligación a futuro para el caso que se repitan los cortes de ruta» en los puentes binacionales, que eran los puntos fundamentales que reclamaba el gobierno de Tabaré Vázquez.

Según dijo, el Tribunal «no cuestionó ni la estrategia del gobierno argentino frente a los cortes ni la forma de actuar para disuadir a los manifestantes», sino sólo «la diligencia» en la acción, es decir el tiempo que le llevó que, a su juicio, podría haber sido menor.

Incluso, señaló, «el Tribunal expresó su comprensión frente a la alarma de los vecinos de Gualeguaychú», aunque cuestionó la «metodología».

Capello dejó claro que no existen pruebas que demuestrenla denuncia uruguaya de que el gobierno argentino «avaló» o «propició» las manifestaciones, ni tampoco de que haya habido «intención de perjudicar al Uruguay» ni de «violar tratados», como el de Asunción.

Además, dijo, en ningún momento el Tribunal habló de «omisión» del gobierno argentino en su accionar sino que, por el contrario, dejó sentada la «buena fe» del gobierno argentino en todas las decisiones tomadas.

Interpretaciones

Capello reiteró que el fallo del Tribunal del Mercosur está «en línea con lo que ha sostenido el gobierno argentino en materia de contestación de la demanda presentada por el gobierno de Uruguay».

El gobernador de Entre Ríos, Jorge Busti, interpretó por su parte el fallo como un revés para el objetivo uruguayo, que buscaba que se sancione a la Argentina por no haber impedido los cortes de ruta en Gualeguaychú y Colón el último verano y que, según el vecino país, perjudicó así el comercio y el turismo.

«El objetivo uruguayo era que se sancionara a la Argentina por supuesto daño y esto no ocurrió, por lo que se reconoce que nuestra postura es la correcta», dijo el mandatario provincial en declaraciones formuladas a «FM La Isla».

Agregó que «si bien alguien puede decir que el fallo es salomónico, lo importante es que el objetivo del Uruguay era la sanción a la Argentina y el Tribunal no lo hizo».

Busti destacó también el hecho de que el Tribunal haya reconocido «el sentimiento de alarma» de los vecinos de Gualeguaychú ante la construcción de dos plantas industriales supuestamente contaminantes, asumió Busti, y comprendido su «espontánea» movilización ante la inminente construcción de plantas supuestamente contaminantes.

Busti señaló también como importante que el Tribunal haya reconocido que el gobierno argentino actuó de «buena fe» y «sin intencionalidad discriminatoria para perjudicar el tránsito con el Uruguay».