Al final, Urtubey dispuso que bastará con una denuncia para abortar en caso de violación

Juan Manuel Urtubey.

El gobernador de Salta, Juan Manuel Urtubey, dio marcha atrás con su postura de exigir a las mujeres víctimas de violación una "autorización judicial" para que se les realice un aborto, al firmar un decreto en el que estableció que solo se requerirá una "denuncia judicial" y una "declaración jurada" para la interrupción del embarazo.

El mandatario salteño mandó a que se implementen "de manera inmediata" en la provincia las guías de procedimiento para que las víctimas de violación puedan acceder al aborto no punible, luego de que la Corte Suprema se expidiera al respecto y estableciera que no era necesario la autorización de un juez.

Tras haber sido objeto de críticas de sectores políticos y sociales de izquierda por desconocer en un principio el fallo de la Corte, Urtubey firmó el decreto 1170/02, a través del cual instruyó a los ministros de Salud Pública y de Derechos Humanos a implementar las guías de procedimiento "para que las víctimas de violación puedan acceder, de manera rápida y segura, al aborto no punible previsto en el fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

Según se informó a través del portal oficial del Gobierno salteño, el decreto establece que "las guías de procedimiento prevén que la práctica del aborto no punible se considerará autorizada contra la presentación de la denuncia penal de violación o la declaración jurada".

De esta forma, no se exige que la Justicia se expida en torno a la denuncia, ya que para solicitar el aborto solo alcanzará con la presentación ante el magistrado.

El decreto señala además que "no debe recaer en los médicos la responsabilidad de recibir y evaluar declaraciones juradas que refieren a un hecho delictivo y que resulta conveniente para los intereses y la protección integral de la víctima".

El gobernador busca resguardar al personal médico y expresa el "derechos de los profesionales a ejercer su libertad de conciencia".

La información oficial difundida este jueves remarcó que para Urtubey, "si bien es competencia de la Corte la interpretación de leyes de fondo, los fallos judiciales sólo tienen efectos obligatorios para el caso concreto".

En este sentido, señaló que "la exhortación formulada por el Tribunal constituye una recomendación y, como tal, no tiene fuerza imperativa para las autoridades", por lo que "corresponde que sea la Provincia la que establezca las guías de procedimiento a seguir".

"No obstante ello, no puede soslayarse la importancia institucional del fallo, en atención a la especial naturaleza de la materia y al órgano del que emana", aclara el gobernador.

La postura inicial de Urtubey fue cuestionada este jueves por varios dirigentes políticos. Es que el salteño dijo este miércoles que en su provincia sería "obligatoria" la autorización judicial.

Por esas expresiones, el diputado nacional de Nuevo Encuentro Martín Sabbatella, lo calificó de "conservador y antidemocrático" y lo acusó de protagonizar un "acuartelamiento" en contra de la Corte Suprema de Justicia.

"Urtubey es el mismo que rechaza que en su provincia se dicte educación sexual integral, como lo establece el Ministerio de Educación de la Nación; el mismo que impuso como obligatorio el catecismo en las escuelas públicas; el mismo que no destina presupuesto al programa de salud reproductiva", agregó.

Por su parte, el dirigente de Nuevo Encuentro Carlos Raimundi calificó de "deplorables" las declaraciones del gobernador salteño, a través de su cuenta de Twitter.

La diputada del Frente Amplio Progresista (FAP) Victoria Donda sostuvo que el mandatario "ha manifestado un gran desconocimiento del Derecho Constitucional y de la vigencia de los derechos humanos en la Argentina".

La diputada radical María Luis Storani pidió a sus pares que "repudien la actitud del gobernador de Salta que manifestó que no va a aplicar el fallo de la Corte Suprema de Justicia en su provincia".