Ante la OEA, otra vez, se volvió a presentar el ex senador Augusto Alasino, hace poco procesado en la causa por los sobornos del Senado. Ya Alasino había denunciado ante el mismo organismo, en 1994, intervención oficial en las acusaciones del arrepentido Mario Pontaquarto y, ahora, extiende su protesta contra el juez de la causa, Daniel Rafecas, y contra la senadora Cristina Fernández de Kirchner -«ubicada ostentosamente en el propio centro del poder político de la Argentina», señala-, a quien le imputa participación activa en el origen de la maniobra contra una serie de senadores, en la que se incluye.
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Luego de varias consideraciones, sostiene en su escrito que el gobierno necesitaba controlar políticamente el juzgado que hoy ocupa Rafecas, a quien -como él mismo prueba- el periodismo califica como un «pollo» del procurador Esteban Righi (según él, en esa magistratura hay varias causas que comprometen a la actual administración). Y, como sustento a su teoría, narra la curiosa situación de Rafecas, quien primero fue designado por el Ejecutivo como juez de Cámara y luego, a los cinco días, se lo removió de ese cargo para trasladarlo -lo que podría interpretarse como un demérito- a la titularidadde un juzgado federal-específico, el que hoy ocupa. Todo ese episodio, aprobado en dos ocasiones por el Senado, obviamente fue instrumentado por el gobierno.
Abunda más tarde en una serie de errores o apresuramientos de Rafecas, vuelve a cargar sobre Righi y, al final, personifica en la senadora de Kirchner la presunta operación del arrepentido Pontaquarto, a la que le atribuye -y acerca información periodística al respecto- un inmenso rencor y sed de represalia. Nadie sabe aún el impacto o el efecto de esta denuncia de Alasino frente a la OEA; lo cierto es que su saga de denuncias corre paralela y anticipatoria de la otra que protagoniza Pontaquarto.
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