Alberto Fernández respondió a ONG que era amiga

Alberto Fernández no quiso quedarse afuera del festín que intenta el gobierno darse con la aprobación hoy de la nueva integración del Consejo de la Magistratura. Lo hizo dando a publicidad la respuesta que envió al director ejecutivo de Human Rights Watch/ America, José Miguel Vivanco, al reclamo que esa ONG que se presumía amiga del gobierno le hizo contra el polémico proyecto.

Esa ONG tiene entre sus fellows a Horacio Verbitsky, un consejero oficioso del gobierno, razón por la cual la crítica que vino de Estados Unidos golpeó muy duro en el gobierno. Aquí los argumentos que el jefe de Gabinete envió a sus ex amigos del gobierno:

Dejando en claro el contexto que determina y justifica la reforma ahora observada, debe decirse que de ningún modo la ley impulsada contradice al artículo 114 de la Constitución nacional, lo que constituye la preocupación central de su misiva.   

Lo que la regla constitucional impone es mantener equilibrada la relación de fuerzas entre quienes son elegidos popularmente y quienes no lo son. Estos últimosrepresentan los interesesjudiciales (jueces), profesionales (abogados) o académicos (universitarios o científicos) pero no llegan hasta allí como producto de la decisión colectiva propia del ejercicio del sufragio universal.

Cuando el equilibrio vincula a quienes son elegidos popularmente y quienes no lo son, es razonable que esa paridad se quiebre a favor de los primeros. No debe olvidarse que, al fin y al cabo, son ellos los que gozan de un respaldo colectivo y democrático del que carecen los segundos, directos representantes de intereses sin homologaciónciudadana.   

En ese mismo sentido opinó la actual diputada Elisa Carrió cuando en el debate parlamentario de la actual ley (sancionada en 1997) dijo que «desde el punto de vista ideológico, no tengo dudas en optar por una legitimidad democrática y dinámica que responda al pueblo, frente a una legitimidad marcadamente corporativa que responda a los intereses de los abogados y de la familia judicial».

Como bien lo sostiene usted en su carta, no cabe duda de que los representantes electos gozan de legitimidad para adoptar medidas que afecten a los tribunales, tales como el nombramiento y la remoción de jueces. Por lo tanto, es inadmisible sostener que con esa participación el Poder Judicial «se politiza».   

Tampoco es posible aceptar que la politización judicial se favorece con el hecho de que las minorías pierden representatividad en el aludido proyecto. En realidad, la nueva ley distribuye la participación de mayorías y minorías con idéntico criterio al que la Constitución nacional utiliza para determinar mayorías y minorías en el Senado de la Nación.