Autopistas: cuánto hubiera pagado un usuario si se concretaban los contratos del macrismo

El Gobierno realizará una presentación ante la Justicia para que se declare la "lesividad y nulidad" de los contratos de concesión de las autopistas Ausol SA y GCO, a cargo de los accesos Norte y Oeste, respectivamente.

El presidente Alberto Fernández y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, anunciaron este miércoles que el Gobierno realizará una presentación ante la Justicia para que se declare la "lesividad y nulidad" de los contratos de concesión de las autopistas Ausol SA y GCO, a cargo de los accesos Norte y Oeste, respectivamente, al advertir que esa negociación llevada adelante por la administración de Mauricio Macri fue hecha "a medida de las empresas".

Según explicaron, de los contratos se destaca la dolarización de los mismos, en franca colisión con la pesificación dispuesta por la Ley 25.561.

A su vez, fijan un mecanismo de actualización tarifaria automática semestral, más una actualización cada vez que el índice del CER superara el 10 %. Para hacer frente a este pretendido aumento, el Gobierno Nacional fijó en febrero de este año una tarifa 20 veces menor que lo que establecía el acuerdo.

Qué hubiera pasado con las tarifas si se aplicaban los contratos firmados por el macrismo

En la actualidad, un auto paga en hora pico y de manera manual $80 en las estaciones “Debenedetti” y “Márquez”, del Acceso Norte. En tanto, si se hubiera respetado lo solicitado por AUSOL, la tarifa sería un 2200% más cara, hasta los $1.830.

En el caso del Acceso Oeste, un auto que hoy paga en hora pico y de forma manual $100, de acuerdo con la concesionaria pagaría $1.072 (1000% más).

Por instrucción del Poder Ejecutivo, la Dirección Nacional de Vialidad –dependiente del Ministerio de Obras Públicas- interpondrá una demanda ante la Justicia para declarar nulos los decretos 607 y 608 del año 2018, que ratificaron acuerdos de renegociación con Autopistas del Sol S.A y Grupo Concesionario del Oeste S.A contrarios y lesivos al interés del Estado y de las y los usuarios.