Diputados empezó a debatir el proyecto de etiquetado frontal de alimentos y evalúa posibles cambios

La iniciativa obliga a que los alimentos y bebidas sin alcohol incluyan un etiquetado frontal con octógonos negros advirtiendo sobre los excesos en materia de azúcares, sodio, de grasas saturadas y totales y calorías.

El proyecto fue aprobado semanas atrás por amplia mayoría en el Senado y empezó a ser debatido en las comisiones de Legislación General, de Salud Pública, de Defensa del Consumidor y de la Competencia y de Industria de Diputados.

Cámara de Diputados

La Cámara de Diputados comenzó a tratar este viernes en comisiones el proyecto de etiquetado frontal de alimentos con excesos de grasas o azúcares y analizó posibles modificaciones con la presencia de funcionarios.

El proyecto fue aprobado semanas atrás por amplia mayoría en el Senado y empezó a ser debatido en las comisiones de Legislación General, de Salud Pública, de Defensa del Consumidor y de la Competencia y de Industria de Diputados.

La iniciativa obliga a que los alimentos y bebidas sin alcohol incluyan un etiquetado frontal con octógonos negros advirtiendo sobre los excesos en materia de azúcares, sodio, de grasas saturadas y totales y calorías.

La presidenta de Legislación General, Cecilia Moreau (Frente de Todos), indicó que habrá más reuniones con invitados para debatir el proyecto mientras que su par de Salud, Pablo Yedlin (Frente de Todos) consideró que "hay algunas modificaciones que esta norma debería tener para que sea útil".

En caso de recibir cambios, el proyecto debería volver al Senado en segunda revisión tras su aprobación en la Cámara baja.

Por su parte, la secretaria de Comercio, Paula Español, destacó que se trata de "un momento histórico" a partir de "el consenso entre las diferentes áreas del gobierno para avanzar con esta legislación".

"Existió un diálogo con todos los sectores involucrados en el tema, como actores de la sociedad civil, pero fue fundamental la voluntad del Ejecutivo", agregó.

Victoria Tolosa Paz, presidenta del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, defendió el proyecto al señalar que "el Estado tiene un doble rol, garantizar la transferencia de recursos pero ampliar la oferta de alimentos, y al mismo tiempo un rol central de comprador"-

La funcionaria aclaró también que "este proyecto no es en contra de nadie" y que "no busca demonizar nada", ya que "es un proyecto a favor de tener la información necesaria para tomar decisiones, porque todos somos consumidores".

En tanto, el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería, Jorge Neme, que advirtió sobre el posible impacto de la ley en el Mercosur y la necesidad de "tomar recaudos" para mantener el proceso "armonizar de las normas" de los países miembro del bloque regional y no generar "obstáculos innecesarios" entre los socios comerciales.

"A nosotros, como Cancillería, obviamente nos debilita ese proceso, porque tenemos que ir a pedirle a los demás países que adhieran a nuestra ley. Eso crea un problema y va a impedir una norma armonizada entre todos", señaló el funcionario.

A su turno, el secretario de Calidad en Salud, Arnaldo Medina, destacó la importancia de esta norma para enfrentar "una pandemia mundial que es la obesidad y el sobrepeso, una pandemia silenciosa que produce más enfermedades y muertes que el Covid-19".

El funcionario del Ministerio de Salud indicó que "la ley lo que hace es reafirmar esta decisión que ya tomó el Poder Ejecutivo sobre modificar el código alimentario, le da mandato para hacerlo".

Al término de las exposiciones, Yedlin se pronunció a favor de "lograr una mejor norma" al tiempo puso de relieve la sugerencia de la Cancillería respecto del "tema del Mercosur" y una observación de Medina respecto de que el contenido de azúcares se consideren "sobre lo adicionado a los alimentos".

El diputado dijo estar de acuerdo con el proyecto pero indicó que harán falta "bastantes reuniones más" y agregó: "Me parece que hay algunas modificaciones que esta norma debería tener para que sea útil".

Finalmente, Moreau señaló que el plenario de comisiones va a "seguir debatiendo con organizaciones de la sociedad civil" y que tienen "no menos de 30 pedidos de invitación" para hablar sobre el proyecto.

"Entendemos que es una deuda que la salud tiene con toda la población por una alimentación más sana", agregó la presidenta de la Comisión de Legislación General.

En ese sentido, las entidades sociales y ambientalistas vienen exigiendo al Congreso que se sancione la Ley este año y no se hagan modificaciones al proyecto.

Desde la organización socioambiental Consciente Colectivo, explican que "el etiquetado frontal de alimentos y bebidas es indispensable para garantizar nuestro derecho, como ciudadanos, de tener información sobre lo que consumimos, y la información es fundamental para el cumplimiento del derecho a la alimentación adecuada".

"Exigimos una ley de etiquetado frontal con perfil OPS, que no sea intervenida por los intereses de la industria, y nos garantice el derecho a una alimentación adecuada a todxs lxs ciuadadanxs", demanda la organización.