Gabinete en cuarentena: semana negra de ministros en la pandemia

Daniel Arroyo se sumó a la lista de funcionarios que resbalaron en medio de la emergencia sanitaria. Después del reto del Gobierno a Ginés González García por adelantar un decreto que debieron congelar, y de las críticas a Alejandro Vanoli por el operativo de pago a jubilados, ahora el ministro de Desarrollo Social quedó envuelto en una polémica por la compra de alimentos a precios por encima del mercado.

Daniel Arroyo, Ginés González García y Alejandro Vanoli.

Default selectivo, compra de alimentos por encima del precio de mercado, escenas de bancos desbordados de jubilados y un Ministro de Salud acotado. El gabinete nacional no atraviesa sus mejores días en medio de la pandemia del Covid 19. Después del traspié de Ginés González García con la declaración de interés público de la medicina privada ayer fue el turno de Daniel Arroyo, responsable de la firma de una resolución para comprar comida de segundas marcas a un costo superior al de venta de primeras marcas en supermercados. El funcionario fue citado anoche a Olivos donde analizó junto a Alberto Fernández la anulación de esa licitación.

Justo cuando el Gobierno nacional reclama responsabilidad a los empresarios para fijar precios y saca a los intendentes a vigilar los comercios de cercanía, los costos pagados por el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación están por encima de los valores testigos fijados por la Sindicatura de la Nación. El incidente hizo que Arroyo tuviera que brindar las explicaciones del caso primero ante Santiago Cafiero y luego de manera pública. El ministro admitió que los precios de los alimentos comprados por su cartera para asistencia social están “por encima” de los valores testigos. “Hemos hecho una compra extraordinaria de alimentos porque aumentó de 8 millones a 11 millones la cantidad de personas que van habitualmente a comedores y escuelas, por los trabajadores informales que se quedaron sin ingresos”, dijo el funcionario.

Arroyo explicó que se hicieron compras extraordinarias de leche, aceite, azúcar, arroz, lentejas, fideos y harina por medio de una licitación pública en la que participaron más de once empresas, y en la que la Sindicatura General de la Nación establece los precios testigo. “Se convocó a más de once proveedores. En ningún rubro se adjudicó a una sola empresa. No pudimos llegar a comprar más alimentos porque nadie presentó oferta por el volumen total que se estaba planteando”, dijo Arroyo en declaraciones a C5N.

Sin embargo, la compra de alimentos efectuada por Arroyo despertó incluso la furia de sectores que integran el Frente de Todos. El líder de la CTEP, Juan Grabois, manifestó que las compras que hizo el Ministerio de Desarrollo Social “son una estafa a los pobres” porque aseguró que se compraron fideos al triple de lo que valen. “Estas son las cosas que me enferman y no se pueden dejar pasar. Algún hdp compró fideos al TRIPLE de lo que valen y de la peor calidad. Nosotros compramos a $28 el paquete vs. $84. Es una estafa a los pobres”, sentenció Grabois en la red social Twitter. Y agregó que la organización a la que pertenece compró fideos, de mejor calidad, a 24 pesos el paquete, casi un 300 por ciento menos. “Confío en que @alferdez (Alberto Fernández) va a ponerle los puntos al responsable”, cerró Grabois en su mensaje de Twitter. La polémica salió a la luz justo el día en que senadores bonaerenses del Frente de Todos presentaron un proyecto que propone elevar desde 500 mil hasta 10 millones de pesos el máximo de las multas para los comercios que no cumplan con las disposiciones del Gobierno en materia de precios y otorga mayor poder de fiscalización a los municipios. La iniciativa del senador del Frente de Todos Francisco Durañona, elaborada en conjunto con el diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky, apunta a modificar el Código Provincial de Implementación de los Derechos de los Consumidores y Usuarios.

Durañona explicó que la intención “es poner a la provincia y a los municipios a trabajar en el sentido que indicó el presidente de la Nación, Alberto Fernández”. “Se trata de colaborar en el control de los precios máximos y también resolver de fondo, de manera práctica, concreta y operativa la aplicación de la Ley de Abastecimiento, aprovechando estructuras vigentes en cada una de los municipios de nuestra provincia”, detalló.