Luego de la solicitada para presionar a Alberto F. por indulto, Boudou acude a la CIDH a discutir su condena

Política

Su defensa anunció que presentará caso ante Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ocurre tras escrito que apuntó al Presidente para que aplique su facultad ante la condena firme del exvice. También recurre a Casación para que revierta decisión de Obligado de que regrese al penal.

El exvicepresidente Amado Boudou -condenado a cinco años y 10 meses de prisión por la causa Ciccone- acudirá a través de una presentación a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como última instancia a la cual reclamar por su situación judicial. Así lo adelantó su abogada Graciana Peñafort en declaraciones radiales, quien se encuentra trabajando en el escrito para formular el caso ante el tribunal internacional. El exjuez de la Corte Suprema Eugenio Zaffaroni –que fue uno de los firmantes de la solicitada en la cual solicitaban un indulto presidencial al considerar que se trataba de una persecución política- integra la CIDH, pero como obviamente ocurre en estos casos, los jueces no intervienen en causas que involucran sus países de origen.

Núñez Carmona

En simultáneo, la Fiscalía pidió ayer que al socio y amigo del exvicepresidente, José María Núñez Carmona, se le revoque la prisión domiciliaria y regrese a la cárcel de Ezeiza para cumplir su condena, también por el caso Ciccone. Los fiscales Diego Velasco y Guillermina García Padín basaron su pedido en el argumento de que los problemas de salud de Núñez Carmona pueden ser tratados en una unidad penitenciaria, por lo que consideraron que se le podría retirar el beneficio de la prisión domiciliaria que se le había otorgado en agosto pasado.

El amigo de Boudou había abandonado el penal a raíz de la pandemia de covid-19, por lo que la Justicia dispuso que era una persona de riego debido a que padece problemas coronarios, hipertensión arterial y dislipemia, entre otras afecciones.

Ahora, será el juez Daniel Obligado quien deberá tomar una decisión frente a este pedido, mientras que la defensa de Núñez Carmona solicitó que se mantenga la domiciliaria que cumple en su casa de Mar del Plata. Obligado ya revocó semanas atrás la detención domiciliaria de Boudou y dispuso que vuelva a la cárcel.

La condena de Núnez Carmona por la compra de la empresa calcográfica Ciccone había quedado firme el año pasado, por 5 años y 6 meses de prisión, en tanto que Boudou recibió una condena de 5 años y 10 meses; el empresario Nicolás Ciccone 4 años y 6 meses y Alejandro Vandenbroele 2 años. La Corte dejó firmes las condenas que ya había tratado la Cámara de Casación al desestimar por el artículo 280 del Código Civil y Procesal las apelaciones presentadas por las defensas a través de recursos extraordinarios. Esto generó que la fiscalía, al igual que ya lo hizo con Núñez Carmona ayer pidiera que Boudou regrese a la cárcel. Su situación era distinta a la de su socio y amigo ya que no era grupo de riesgo por la pandemia pero tenía niños pequeños a cargo y su esposa estaba sola en el país para encargarse de su manutención. Para Obligado, esa situación cambió a partir de circunstancias materiales que le permiten a Boudou poder regresar a cumplir lo que le queda de condena dentro del perímetro de un penal.

Solicitada

Ahora, todo el asunto no es lineal, sino que alcanzó su clímax con la solicitada firmada por algunos funcionarios del gobierno, exfuncionarios detenidos, referentes del kirchnerismo, artistas y hasta periodistas. En síntesis, es un planteo que incomoda al propio Alberto Fernández porque lo que se solicita es la aplicación de un indulto presidencial como único mecanismo legal para revertir la actual situación en la que se encuentra Boudou. Es que a diferencia de otros exfuncionarios involucrados en causas judiciales, el estatus de Boudou es el de condena firme, por lo que sería el único caso en el que la vía legal para evitar que cumpla su condena es la facultad del indulto.

Fernández ya se había pronunciado en contra de la aplicación del indulto al que había calificado de “rémora monárquica”, cuando fue consultado sobre su eventual injerencia en el caso Boudou. No se privó de mencionar que existían elementos cuestionables del proceso seguido contra el vicepresidente. Sobre todo, después de que la causa Ciccone se elevó a juicio oral después de muchas peripecias y que encontró en Vandenbroele un “arrepentido” –cuyos dichos, en su mayoría no pudieron ser corroborados- pero que ingresó en el programa de protección de testigos e imputados colaboradores y recibió como compensación económica un aporte de dos millones de pesos para montar un hotel boutique. En el camino, el presidente del Tribunal Oral Federal N°4 Pablo Bertuzzi dependía del Poder Ejecutivo de Mauricio Macri para hacer su desembarco en la Cámara Federal, algo que finalmente ocurrió apenas después de haber dictado el veredicto condenatorio. Pero desde la interna del kirchnerismo, doblan la apuesta y consideran a Boudou un ejemplo de perseguido político, “lawfare” y proceso viciado. Por eso, tras las apalabras presidenciales apareció la solicitada que metió presión sobre el Ejecutivo, único destinatario del reclamo. No firmaron los principales ministros del Gabinete.

Peñafort también anunció que antes de que finalice la feria judicial de enero, pedirá que se revise la decisión del mismo juez Obligado que dispuso el regreso de Boudou a un penal y que cese su prisión domiciliaria con monitoreo de tobillera electrónica.

Casación, ahora

Al haber sido una revocatoria de una medida previa (del mismo Obligado) es susceptible de apelación ante la Cámara de Casación que en su momento había tenido una decisión dividida respecto a Boudou. Para ello, cuenta con 10 días hábiles a partir de la finalización del receso, ya que fue notificado de que debía regresar al penal a última hora del último día hábil judicial del 2020. En ese lapso, Boudou podrá seguir gozando del beneficio.

Se especuló que la decisión judicial podía ser una respuesta al hecho político que significó la presentación en sociedad del informe de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia respecto al trabajo de la Dajudeco, trazando una línea que une puntos entre Obligado y un puñado de jueces que tienen buenas conexiones en la Corte, responsabilizada por los desmanejos de la Dajudeco, sobre todo durante la presidencia de Ricardo Lorenzetti, cuando adquirió mayor vigor su estructura cuando fue trasladada del Ministerio Público Fiscal por Macri. Sin embargo, Obligado tomó una decisión que se supo que no era de aplicación inmediata, lo que trasladó la acción ahora a lo que resuelva Casación.

En ese escenario también juega un papel la presentación del caso a la CIDH, algo que no constituye una “cuarta instancia” de apelación pero que puede arrojar efectos sobre la decisión de que regrese o no a cumplir lo que le resta de la condena en prisión.

Cuando cumpla los dos tercios de la pena –poco menos de cuatro años- Boudou podrá acceder a la libertad condicional. Para calcular ese tiempo ya se le anexó el período en el cual fue encarcelado preventivamente por el juez Ariel Lijo en otro expediente que quedó disipado en el tiempo, y el resto de sus ingresos desde que fue sentenciado y luego cuando Casación lo mandó de regreso. A fines de febrero, es posible que haya una definición, mientras que en el plano político, un sector del oficialismo pretende que Fernández adopte una posición cuyo costo político para el Presidente no está todavía calibrado.

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