Amnistía advirtió que Argentina no investigó denuncias de torturas

Las denuncias de tortura y otros malos tratos en Argentina el pasado año no se investigaron, según el informe de 2015 de Amnistía Internacional (AI), que asegura también que el país sigue retrasando la aplicación del Sistema Nacional de Prevención de la Tortura.

El informe del pasado año de la ONG denuncia el uso de la tortura durante las detenciones y en prisiones de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Chubut.

Amnistía explica que algunos de los métodos usados incluían la piscina eléctrica, la semiasfixia mediante bolsas de plástico o inmersión en agua, y el aislamiento prolongado.

A pesar de que el Ministerio argentino de Salud hizo público en 2015 un nuevo protocolo para la realización de abortos legales, al terminar el año aún no había recibido la aprobación ministerial, denuncia AI.

Según el informe, más de la mitad de las jurisdicciones carecían de protocolos hospitalarios "exhaustivos" que garantizaran el acceso a un aborto legal cuando el embarazo fuera resultado de una violación o cuando peligraran la vida o la salud de la mujer.

La organización denuncia que, aunque se celebraron juicios por crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura militar, "apenas" se avanzó para poner a disposición judicial a los presuntos responsables de estos crímenes que pertenecían a los ámbitos civil, empresarial y judicial.

No obstante, Amnistía destaca que el pasado 23 de septiembre la Cámara de Diputados aprobó y remitió al Senado un proyecto de ley que proponía crear una comisión para identificar los intereses económicos y financieros que estuvieron en connivencia con la dictadura militar.

La Constitución argentina reconoce los derechos de los pueblos indígenas sobre sus tierras ancestrales y de gestión de sus recursos naturales, aunque estos derechos "rara vez" se respetaron durante el pasado año, continúa el informe.

Uno de los casos que denuncia AI es el de Relmu Ñamku, líder de la comunidad mapuche Winkul Newen, en la provincia de Neuquén, que fue procesada por "cargos desproporcionados" tras resistirse a un desalojo "ilegítimo" en su territorio ancestral en octubre del pasado año.