El gobierno se verá forzado esta semana a aceptar que se abra en la Cámara de Diputados la discusión sobre el caso Southern Winds. Esa cámara tiene en espera desde las últimas sesiones del año pasado la ratificación de dos acuerdos internacionales que suscribió la Argentina con relación a la lucha contra el terrorismo y las formas de financiar éste -como es el lavado de dinero proveniente del narcotráfico-, ya aprobados por el Senado. Pese a la gravedad de los temas, nadie protestó porque los diputados no los hayan aprobado en diciembre pasado; pero ahora el gobierno quiere tener los tratados ratificados antes del 22 de marzo, cuando Donald Rumsfeld, secretario de Defensa de los Estados Unidos, comience su visita al país.
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Se esgrime también la necesidad de contar con más herramientas internacionales para el control de esos delitos, después de la vulnerabilidad que demostró la Argentina en el escándalo de drogas en Ezeiza. De esa necesidad del gobierno se valdrá toda la oposición para abrir un debate sobre el caso SW en protesta por la falta de funcionarios del Ejecutivo informando sobre las responsabilidades en el caso de tráfico de cocaína, aunque más no sea en las comisiones. En el Senado, si bien el peronismo puso un tapón a la posibilidad de citar a funcionarios a informar, por lo menos existieron dos sesiones donde se debatió sobre las valijas voladoras con droga.
Hasta ahora, el debate de los acuerdos internacionales había quedado restringido a la Comisión de Relaciones Exteriores. Incluso muchos diputados recuerdan con ironía una frase del izquierdista Luis Zamora durante las reuniones de discusión en esa comisión: «Cómo vamos a ratificar un convenio como este que está firmado por los EE.UU. Ese país y su presidente son el principal terrorista del mundo», dijo en medio de festejos y risas no sólo de la oposición, sino también de muchos peronistas adeptos a la Casa Rosada. Ahora la situación cambió: viene Rumsfeld a Buenos Aires -el secretario de Defensa del terrorista criticado por Zamora-y los acuerdos tienen que estar aprobados.
Por eso el gobierno está dispuesto a arriesgarse a permitir que, por conexidad de temas, se abra otro foro público de discusión sobre las responsabilidades de funcionarios en las demoras de información y en la asociacióncon SW en el caso del contrabando de drogas.
El radicalismo, el socialismo, el ARI y la izquierda insistirán también con la necesidad de interpelar al ministro de Defensa, José Pampuro, y a Alberto Fernández, algo que el gobierno sigue rechazando hasta que no avance más la investigación, según dicen.
• Ratificación
En ese trajín, Rafael Bielsa fue en persona hace una semana a Diputados para pedirle a Eduardo Camaño que los acuerdos se ratifiquen cuanto antes.
El gobierno no tendría problemas en conseguir la ratificación de esos tratados, ya que si bien tiene a toda la izquierda en contra dentro del recinto de Diputados, el radicalismo y los partidos provinciales votarán a favor. El problema para el Ejecutivo está en la sesión especial que toda la oposición convocó para el miércoles con el fin de debatir los pedidos de interpelación a ministros por el caso SW, justo antes de la reunión ordinaria donde está prevista la ratificación de los convenios.
Como el peronismo no prestará quórum a la primera sesión, toda la oposición llegará a la segunda para reclamar por la falta de respuesta a 22 pedidos de informes -son sólo los presentados en la Comisión de Prevención de Adicciones y Control del Narcotráficosobre la actuación de funcionarios en el caso, relaciones de la empresa LAFSA con aquél, responsabilidad o no de la embajada en Madrid por la falta de información, por ejemplo, todos acompañados de pedidos de interpelación a ministros.
Como el gobierno ya definió que no aceptará la presencia de funcionarios en el Congreso, se estima que habrá un largo debate que el peronismo soportará con el mero fin de conseguir la ratificación de:
• La Convención Interamericana contra el Terrorismo, que fue firmada en Barbados y que endurece penas contra el terrorismo en aviones y aeropuertos y fija sanciones más duras para el financiamiento del terrorismo en América por cualquier vía.
• Convenio Internacional para la Represión del Terrorismo, acordado en la Asamblea de las Naciones Unidas en 1999, que apunta a encuadrar globalmente los parámetros de la represión y el financiamiento de actos de terrorismo.
• Y dentro de la legislación local, se intentará debatir un proyecto de Jorge Argüello que modifica la ley que castiga el lavado de dinero y la financiación de las actividades terroristas. Allí se le da más poder a la Unidad de Información Financiera que investiga casos de lavado de activos que muchas veces están originados en el narcotráfico, y se agravan las penas para los actos de terrorismo vigentes en el Código Penal.
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