¿Ardid?

Política

Nunca fueron experiencias felices las de los "acuerdos sociales". Terminan interviniendo sobre el mercado y estableciendo mesas en las que se traman "pactos negros" entre empresarios prebendarios y sindicalistas golosos. Aun así, entre algunos moderados de la CGT y un par de industriales están tramando un Consejo Económico Social para proponerle a Kirchner. Hay que sospechar del experimento por los antecedentes conocidos. Salvo que a través de un instituto así, que se quiere calcar del que existe en España, se consigan dos objetivos saludables. Por un lado, abrir la discusión sobre el desempleo y no agotar los planteos gremiales a la reivindicación salarial. Por otro, quitarles a Hugo Moyano a y su temible abogado, Héctor Recalde, la lapicera del derecho laboral, que manejan a su antojo en la Cámara de Diputados.

El clima de tenue nostalgia que envuelve a una parte de la dirigencia política, en general-cercana al gobierno, está convirtiendo a los años 70 en una especie de «edad de oro», capaz de iluminar con nuevo fulgor algunos experimentos perimidos. No siempre, sin embargo, es la melancolía la que produce esa restauración de antiguallas: también existe el ardid por el cual objetivos de extraordinaria actualidad se alcanzan más rápidamente si se los disfraza con la retórica de aquellos tiempos. Ambos fenómenos, el de la fascinación retrospectiva y el de la picardía para gestionar intereses del momento, conviven en un emprendimiento que está despuntando en el campo del oficialismo: la creación de un Consejo Económico y Social.

La iniciativa forma parte de tratativas muy embrionarias entre empresarios y sindicalistas. Serán estos últimos, como siempre, los que tomarán el riesgo mayor del caso: llevar al despacho de Néstor Kirchner la propuesta de constituir un Consejo con hombres de negocios, gremialistas y un representante del Ejecutivo (¿quién si no Julio De Vido?) para elaborar proyectos de ley, establecer objetivos de mediano plazo, regular las pretensiones de unos y otros frente a desafíos como la inflación, la reducción de la pobreza, el combate al desempleo, etcétera.

Los interlocutores para dar forma a esta idea son, por ahora, pocos. En la CGT el más activo es Gerardo Martínez, quien pasa parte de su tiempo en el Consejo de Administración de la OIT observando modelos de gestión internacional de estos problemas sociales de la economía. Una fila más atrás, otros dos «jóvenes brillantes»: Andrés Rodríguez y José Luis Lingieri («Mister Cloro»). Por el empresariado, el titular de la UIA, Héctor Méndez, su eterno y locuaz consejero Daniel Funes de Rioja y algunos de sus superiores en la estructura industrial: por ejemplo, Luis Betnaza, el principal operador de Paolo Rocca en la escena pública.

El modelo que se ha tomado en cuenta hasta ahora para diseñar esta institución es el Consejo Económico y Social de España. Es fácil detectar aquí la influencia de Carmelo Angulo, el embajador de ese país, quien ya garabateó una especie de proto-consejo cuando integró el Diálogo Argentino. Corría la crisis, caía Fernando de la Rúa, tambaleaba Adolfo Rodríguez Saá, llegaba Eduardo Duhalde a los empujones: no había mucho tiempo para sutilezas. Ahora es distinto. Si no hay tiempo para sutilezas es por otras razones. Por eso en octubre del año pasado don Carmelo trajo a Buenos Aires a Jaime Montalvo Correa, el presidente del Consejo español, quien dio cátedra ante sindicalistas y empresarios de las ventajas de replicar en Indias la experiencia de su país. Allí este organismo se estableció en 1978, cuando se redactó la Constitución. Pero recién se le dio forma con una ley en 1991.

Unos años antes de esa experiencia ibérica, los argentinos conocieron su propio Consejo. Lo creó Alejandro Lanusse para seducir al peronismo, y a las demás fuerzas políticas, en el Gran Acuerdo Nacional. José Ber Gelbard intervenía en esa institución a través de sus hombres de la CGE. Los sindicalistas designaron a un vandorista experto, por entonces también «joven brillante», Jorge Triaca. No sería la primera vez que este dirigente urdiría acuerdos entre sindicatos y empresas. Durante los últimos días del gobierno de Raúl Alfonsín, una trama de esta naturaleza, en la que intervinieron Carlos Bulgheroni, Amalia Fortabat, Franco Macri, Roque Maccarone, Roberto Rocca y Jorge Born, terminó dando marco a las primeras reformas de la gestión de Carlos Menem, en especial, las que llevó adelante Roberto Dromi. Triaca sería el ministro de Trabajo, con Gerardo Martínez como jefe de asesores. Todo vuelve.

Ninguna de estas experiencias permite reivindicar con demasiado entusiasmo ese tipo de pacto corporativo, destinado una y otra vez a acotar el juego del mercado con un intervencionismo más o menos enfático. Acaso la experiencia más patética fue la del propio Gelbard durante el gobierno de Juan Perón, con aquel acuerdo de precios y salarios que estalló en el «Rodrigazo».

  • Evitar riesgos

    Sin embargo, en el contexto actual la articulación de un acuerdo mínimo entre funcionarios, empresas y gremios podría evitar algunos cursos de acción que son todavía más riesgosos:

  • En principio, la existencia de un Consejo de esta naturaleza permitiría a sindicatos y empresas elaborar una agenda que no se agote en la reivindicación salarial.

  • Obligaría también a discutir dos dramas de la Argentina actual, como son la pobreza y el desempleo, con una lógica distinta de la que se insinúa actualmente. Lo que en España se elabora en el Consejo Económico y Social aquí corre por exclusiva cuenta de Hugo Moyano y su asesor letrado Héctor Recalde, presidente de la Comisión de Asuntos Laborales de la Cámara de Diputados. Como se viene consignando en este diario, Recalde lleva adelante allí un programa completo de reforma a la legislación laboral cuyo eje principal es poner más y más condiciones crecientes a quienes insinúan alguna vocación por crear nuevas fuentes de trabajo. En otras palabras, una instancia como la que se pretende establecer neutralizaría a Moyano como actor convulsivo y retrógrado de la escena laboral y económica.

  • Finalmente, un instituto de esta naturaleza permitiría acercar algunas ideas a un gobierno que se caracteriza por su aislamiento intelectual y por un atolondramiento en la toma de decisiones que se ha convertido ya en el principal factor del «riesgo-país». Es justamente esta expectativa la que vuelve tan riesgosa la tarea más delicada de estos días: proponerle a Kirchner que se haga cargo de la creación de ese organismo.
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