19 de abril 2016 - 12:05

ATE presentó un amparo judicial para reincorporar a los despedidos

Los gremialistas de ATE denuncian que a través del Decreto 254 se realizaron desvinculaciones a mansalva, y que ni si quiera existió el profundo análisis, por lo que se violó la estabilidad, el derecho a la información y el derecho humano fundamental a no ser discriminado por la filiación política, gremial o ideológica.
Los gremialistas de ATE denuncian que a través del Decreto 254 se realizaron desvinculaciones a mansalva, y que ni si quiera existió el profundo análisis, por lo que se violó la estabilidad, el derecho a la información y el derecho humano fundamental a no ser discriminado por la filiación política, gremial o ideológica.
El sindicato de trabajadores estatales ATE de Capital Federal presentó este martes un amparo para frenar los despidos que se vienen y reincorporar a miles de desplazados por el Gobierno de Mauricio Macri.

"El recurso legal apunta a la declaración de inconstitucionalidad del decreto pergeniado para justificar más de 10.000 despidos en el Estado nacional, señalando la violación de normas constitucionales y tratados internacionales", revelaron desde ATE a ámbito.com.

El secretario general del gremio, Daniel Catalano, remarcó que la presentación judicial coincide con el plan de protestas y paros nacionales con movilizaciones al Ministerio de Modernización, de Andrés Ibarra, desde donde se planifican las desvinculaciones. "Más allá de la pelea que estamos dando desde los sectores de trabajo y en las movilizaciones en la calle, consideramos que es fundamental acompañar esa lucha con acciones jurídicas orientadas a proteger los derechos de los trabajadores", explicó el dirigente.

Para Catalano, los despidos masivos "no sólo afectan a los estatales, sino también a toda la comunidad, que se ve privada de ejercer derechos que eran garantizados por las tareas de estos trabajadores".

Macri ordenó a Ibarra través del Decreto 254/2015 poner bajo la lupa las contrataciones y los concursos públicos realizados durante el gobierno anterior. La norma dio un plazo de análisis de seis meses para definir a quién se expulsaba. El día del vencimiento dijo que el total de personal echado del sector público alcanzó los 10.921 empleados.

Desde el primer momento el Consejo Directivo de ATE Capital impugnó la conducta adoptada por el Gobierno, pero esta es la primera embestida judicial. Por ese motivo, se presentaron ante el fuero administrativo contencioso federal para pedir la inconstitucionalidad del 254. "La maniobra conlleva el desmantelamiento del Estado Social de Derecho, arrasando con concursos en los que la misma asociación sindical fue veedora y garante para que se cumplieran los requisitos de idoneidad en el ingreso al Estado nacional", advirtieron desde ATE.

En la presentación, los gremialistas denuncian que fueron desvinculaciones a mansalva, y que ni si quiera existió el profundo análisis, por lo que se violó la estabilidad, el derecho a la información y el derecho humano fundamental a no ser discriminado por la filiación política, gremial o ideológica. "ATE Capital presenta este amparo sindical ante la inexistencia de la revisión ordenada, y la pretensión del Ejecutivo de llevar adelante los despidos masivos, estigmatizando, discriminando y persiguiendo a los trabajadores estatales calificándolos de 'noquis' y de 'grasa militante'", remarcaron.

Asimismo, agregaron toda la documentación que acredita las respuestas oficiales de Ministerios ante sus reclamos, los pedidos de reuniones, asambleas y huelgas y las cartas dirigidas y omitidas por el Presidente. En esa línea, adjuntaron recortes periodísticos, telegramas de despidos, expedientes y exhortaron a la Justicia a solicitar al Estado información relacionada con los datos, informes, dictámenes y todo en cuanto se funda el dictado del decreto 245/15.

Por útimo, en el escrito aseguran que "para el hipotético caso que el juez no hiciese lugar a la acción intentada, y atento a que en el caso se controvierte el alcance de normas constitucionales nacionales y locales, formulamos expresa reserva de recurrir ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación".

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