14 de diciembre 2023 - 14:37

ATE rechaza el protocolo antipiquete y lo tilda de inconstitucional

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó en un comunicado que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE.

ATE

Como respuesta al anuncio del Gobierno de la implementación de un protocolo antipiquete por parte del Ministerio de Seguridad de la Nación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) anticipó en un comunicado que no aceptará ningún condicionamiento al ejercicio constitucional de movilización y protesta.

"Los conflictos sindicales y sociales no los tiene que resolver ni la Policía, ni la Justicia. Los debe resolver quienes gobiernan, ya que para eso son elegidos”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE y detalló: “Esta medida está orientada a atacar las consecuencias y no las causas de las protestas. Si no quieren conflictos, que paren con el ajuste y aumenten los sueldos”.

El sindicato precisó que el ejercicio del derecho constitucional de huelga está amparado por tratados internacionales de Derechos Humanos de los cuales Argentina es parte. Se trata del artículo 14, artículo 14 bis y el inciso 22 del artículo 75 de la Constitución Nacional.

“Se trata de una atribución exclusivamente legislativa, razón por la cual resulta ilegal e inconstitucional su impedimento”, agregó.

Aguiar señaló además que no existe norma que defina qué es una protesta. “La única limitación que existe es temporal y la establece el Estado a través de la autoridad administrativa de la Secretaría de Trabajo para que las partes lleguen a un acuerdo mediante la conciliación obligatoria”, profundizó.

Patricia Bullrich viene a decir cómo hay que hacer las cosas, pero para eso antes tiene que haber un principio de legalidad. Tiene que haber una ley que establezca una norma. En el caso del derecho de huelga no hay una norma que establezca cómo es”, agregó.

El Polo Obrero ratificó su marcha del 20 de diciembre

En una conferencia de prensa protagonizada por el legislador porteño Gabriel Solano, la ex candidata a jefa de Gobierno Vanina Biassi y el dirigente social Eduardo Belliboni, el Frente de Izquierda y la Unidad Piquetera confirmaron que realizarán una marcha el 20 de diciembre. “Si la quiere prohibir se está colocando en la ilegalidad”, se pronunciaron, en referencia al protocolo antipiquete anunciado por Patricia Bullrich.

“Se van a movilizar 50.000 personas”, pronosticaron los dirigentes de izquierda y consideraron que la ministra de Seguridad ha "anunciado un plan de guerra contra el pueblo, que además es amenazado con represión. No van a tener éxito. Esto se va a expresar en las calles pacíficamente. Nos hemos movilizado siempre, durante todos los gobiernos”.

Además de preguntarse si la posibilidad de protesta "¿es el único problema de seguridad?" entendieron que "va haber manifestaciones populares, es inevitable”.

Patricia Bullrich lanzó el protocolo antipiquete

En su primera semana al frente del Ministerio de Seguridad de la presidencia de Javier Milei, Patricia Bullrich dio los detalles del "Protocolo de orden público", que regirá el desalojo de las movilizaciones en la vía pública desde esta semana. Manuel Adorni, el portavoz presidencial, había adelantado que incluía "sanciones severas".

Motivados por una situación en la que consideran que el Estado eligió "desproteger a quienes tienen que llevar adelante su vida con paz", definieron que las fuerzas federales "van a intervenir frente a cortes, piquetes y bloqueos, sean totales o parciales. La ley no se cumple a medias: se cumple o no se cumple". "Las fuerzas podrán intervenir de acuerdo a los códigos procesales vigentes", aclaró Bullrich, quien pidió a los efectivos provinciales que actúen "en las zonas de sus competencias para tener un verdadero trabajo en común".

A pesar de ello, dejó la posibilidad de que "toda persona que se quiere manifestar en la vereda no va a tener ningún problema. Lo que nosotros no queremos es corte de calles y rutas". "Habrá excepciones que tendrán que ver con tradiciones religiosas o eventos deportivos: muchas veces se toman calles para hacer maratones", agregó y subrayó que se "deberá pedir permiso".

La funcionaria señaló que el Servicio Penitenciario Federal pasa a la órbita del Ministerio de Seguridad y su personal participará de los operativos, por lo que se prevén penas de prisión a quienes protesten en la vía pública. En ese sentido, se presentará un proyecto de ley acorde al artículo 194 del Código Penal, que contempla condenas de entre 3 meses a 2 años en la cárcel. Posteriormente, hizo énfasis en "las sanciones a quienes lleven niños y que los niños, cuando tienen que estar en las escuelas, estén en una marcha o en un piquete".

"Para llevar a cabo estas medidas, las fuerzas emplearán la mínima fuerza necesaria y suficiente. Será graduada en proporción a la resistencia", detalló la ministra, quien apuntó que "serán identificados los autores, cómplices e instigadores de este tipo de delitos. También se van a identificar los vehículos, a sus conductores utilizados y se van a registrar todas las infracciones administrativas y penales existentes y se va a proceder a incautar los vehículos que no estén bajo las normas de tránsito".

A su vez, aseguró que la vigilancia se extenderá a las estaciones de trenes: "Para aquellas personas que vayan con tipo de material que tiene que ser incautado, sean palos, sean caras tapadas (sic) o sean formas de participar en una manifestación intentando no ser reconocidos por las fuerzas de seguridad". "Los datos de los autores, cómplices, partícipes, instigadores y organizadores van a ser remitidos a las autoridades de aplicación correspondiente", explicó y enumeró "bloqueos de calles", "personas que vienen con un plan social" y "sindicatos o trabajadores que estén bloqueando una empresa".

Dejá tu comentario

Te puede interesar