Atrás, como siempre, la basura

Basura. El conflicto sindical de los recolectores de residuos de la Capital Federal deja pilas de basura en las calles porteñas.

Un tema sobre el que aún está vedado hablar en el Gobierno porteño mantiene la mirada de Hugo Moyano hacia la gestión de Mauricio Macri. No es ya la pelea con el sindicato de municipales, ni la intervención a la obra social; tampoco una ley que impondrá un sistema de control por puntaje a los conductores. Es la renovación de los contratos de recolección de residuos domiciliarios de la Ciudad de Buenos Aires, que parecen reportar al camionero algo más que los aportes a la caja sindical. Macri-basura-Capital parece ser una síntesis de la política porteña. Carlos Grosso, que fue gerente en los años 70 del grupo Socma (con Franco Macri) atribuyó la crisis que terminó con su gobierno en 1992 a que sus ex empleados no aceptaron los términos de la negociación de los contratos de Manliba.

Se trata de un contrato voluminoso en montos y en toneladas, por el cual la Ciudad paga más de $ 250 millones al año que se reparten cinco empresas privadas, para recoger más de 1,5 millón de toneladas de basura, a excepción de una sexta zona que históricamente la maneja el Gobierno de la Ciudad.

Esa concesión, que se renovó en 2005 y dispuso que las firmas dejaran de cobrar por tonelaje y pasaran a percibir montos por «zona limpia», venceen febrero del año que viene. Pero el gobierno de Macri ya tiene «todo acordado», según confió un funcionario, para cambiar por lo menos la tecnología y también para esquivar el tema todo lo que sea necesario.

Convocatoria

La licitación será convocada en los próximos meses y por ahora nadie quiere hablar de qué sucederá con la zona V, que se considera casi un coto de los empleados municipales (Sutecba), el gremio que ahora terminó atrapado en la estrategia de Macri y que no quiere ceder el control de ese servicio, aunque reclama infraestructura más adecuada y en algunos sectores personal más joven para volcar la basura en los camiones.

El interés de Moyano por esas cláusulas parece tener varias motivaciones. Por un lado persiste una puja sindical para que los camioneros municipales de la zona V tributen al gremio del cacique de la CGT, quien días atrás se subió al estrado para embestir contra Macri en medio de una manifestación por el reclamo de los 2.300 desplazados del Gobierno porteño.

Por otra parte, basta recordar el desagradable episodio que padeció el ex jefe de Gobierno Aníbal Ibarra cuando cambió la metodología de contratación del servicio: Moyano y su gremio le volcaron una montaña de basura en las puertas del palacio municipal de Avenida de Mayo 525.

Reclamo

Los camioneros reclamaban que al pasar de empresa debían cobrar una indemnización, aunque conservaran la antigüedad y el empleo. No era poco, y lo consiguieron. Por entonces, quien manejaba el área en el Gobierno de la Ciudad era el ex secretario Eduardo Epsztein, hoy convertido en legislador de la bancada de Ibarra, quien supo mantener una relación de sintonía con Moyano.

Macri quiere reconvertir el sistema de recolección, porque considera (como muchos vecinos) que no es óptimo y sabe que es uno de los principales reclamos de los porteños, a los que prometió una ciudad más limpia.

Pero ahora, con una pelea sindical aún no saldada en la que se embarcó Macri a dos semanas de su gestión, algunos legisladores hasta consideran que tal vez no sea acertado que en los próximos días, el 7 de febrero, se debata en sesión extraordinaria la ley que impondrá un sistema de puntaje en los registros de conductores para castigar las faltas de tránsito.

Un intento de sancionar esa norma terminó con una protesta violenta, heridos y detenidos, de taxistas, colectiveros y camioneros, hasta que los sindicalistas lograron algunas modificaciones a la norma sobre la que quiere insistir Macri. Le parece un tema urgente; por eso pidió que se reúnan en el verano, cuando la Legislatura está en receso, en sesión extraordinaria, aunque para algunos signifique aventurar un nuevo conflicto con gremios.

Será otra prueba de cómo el Gobierno porteño se relaciona con el sindicalismo y con ese Moyano que sólo amagó con frenar la recolección de residuos en defensa de los municipales. O será que se reserva la medida para intereses de otra magnitud.