Aunque se derogó, los bancos cobran el CER

La aplicación del CER a los créditos hipotecarios, prendarios y personales fue derogada hace dos meses, pero los bancos aún lo siguen cobrando a quienes desean cancelar sus deudas. La explicación es que el Ministerio de Economía y el Banco Central todavía no reglamentaron el decreto publicado el 6 de mayo. Y aquellos bancos que aceptan no cobrar de los créditos el ajuste por inflación se niegan a desafectar la hipoteca del cliente. Como compensación, una resolución obligará a los bancos a devolver todo el CER cobrado desde enero.

Pese a que fue derogado hace dos meses, los bancos siguen cobrando el CER a los deudores que quieren cancelar sus deudas. El motivo que esgrimen las entidades es que aún no se reglamentó el decreto de necesidad y urgencia que salió el 6 de mayo, lo que está generando airados reclamos de los clientes.

Pero más allá de estos contratiempos, en la resolución que está preparando el Palacio de Hacienda se dispone que los bancos deberá devolverles a los deudores el monto correspondiente al ajuste por el CER ya pagado.

Esto, siempre y cuando estén comprendidos en el grupo que quedó exento de su aplicación. En principio, el dinero deberá ser acreditado en una cuenta a la vista del individuo en el mismo banco.

Los deudores que están pagando en forma mensual sus préstamos no tienen este inconveniente, ya que se continúa aplicando la misma cuota de principios de año. Recién en octubre podrían sufrir algún reacomodamiento de la cuota, cuando ya se aplique el nuevo Coeficiente de Variación de los Salarios.

•Eliminación

El problema, por lo tanto, se plantea con las cancelaciones. Muchos deudores decidieron acelerar las cancelaciones de deuda, aprovechando la pesificación del crédito y el temor a un cambio repentino en las condiciones.

El ajuste por inflación (a través de la aplicación del CER) fue eliminado de tres tipos de crédito originalmente otorgados en dólares que luego fueron pesificados uno a uno: hipotecario con destino vivienda única sin límite de monto, prendarios hasta $ 30.000 y personales hasta $ 12.000. Se incluyeron en las excepciones no sólo los créditos bancarios, sino también las líneas de las financieras, cooperativas y mutuales.

Tanto los préstamos a individuos que no se encuadran en estas categorías como los otorgados a las empresas sí deben ajustar su capital de acuerdo con la marcha del CER, que ya acumula un incremento de 25% desde principios de año.

El Decreto 762, que eliminó el CER para algunos tipos de deudores, reemplazó este ajuste por la aplicación del nuevo Coeficiente de Variación de los Salarios.

En el artículo 4 se le dio un plazo de 30 días al Ministerio de Economía para reglamentar las disposiciones del decreto, por ejemplo, la formulación del CVS. Sin embargo, pasados ya dos meses aún no hubo novedades desde el Palacio de Hacienda, aunque aseguran que «en los próximos días» saldrá la resolución correspondiente.

•Polémicas

Mientras tanto, las polémicas están a la orden del día y cada banco resuelve cada uno a su modo cuando llegan los reclamos de sus deudores.

Algunos directamente no aceptan cancelaciones de créditos si el cliente no acepta pagar el capital adeudado más un ajuste de 25% por la aplicación del CER.

Otras entidades prefieren negociar y directamente no cobran el ajuste por inflación. Sin embargo, toman el pago como «a cuenta» de la cancelación final cuando salgan las reglamentaciones del Ministerio de Economía y el Banco Central. Por lo tanto, se niegan a devolver la garantía hipotecaria que es reclamada por el deudor.

En el Banco Central también tienen un rol clave para definir cómo quedan los créditos que quedaron excluidos del CER, pero que sí ajustarán de acuerdo con la marcha del salario.

Particularmente, debe definir cuál será la nueva tasa de estos préstamos, que desde octubre reflejará la variación de los salarios. Claro que se descuenta que no habrá modificaciones de capital, porque desde principios de año no hubo incrementos salariales.

El índice CVS está siendo confeccionado por el INDEC. Consta de dos capítulos: 1) una encuesta a 4.500 empresas de todo el país del sector privado, y 2) sector público, de acuerdo con la información que Nación y provincias enviarán todos los meses (ver nota aparte). La idea es que la cuota del crédito no supere en 25 o 30% el nivel del salario familiar.

En cuanto al CER, su aplicación deberá reflejarse en el capital de los créditos desde el mes que viene. Es probable que en las próximas semanas comiencen negociaciones entre bancos y empresas para determinar de qué forma minimizarán el impacto de las nuevas cuotas.