El Senado adelantó ayer la intención de derogar la reforma laboral de Fernando de la Rúa, acosado por las sospechas de que ex miembros de ese cuerpo habrían cobrado coimas para sancionarla en abril de 2000. En ese sentido, Cristina Fernández de Kirchner recordó que el 10 de diciembre de 2001, a las 8, presentó el primer proyecto de ley para voltear la 25.250.
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El jefe del bloque PJ, Miguel Angel Pichetto, confirmó que «el presidente Néstor Kirchner ya opinó a favor» de voltear la ley Flamarique y confirmó que «el Ministerio de Trabajo está trabajando en un esquema sustituto del marco legal vigente». «Hay voluntad de avanzar en la derogación», insistió el rionegrino en el mismo recinto, después de que se reflotara el escándalo por el presunto soborno a ex senadores, durante la gestión aliancista.
El primer mandatario había informado por la mañana que «la facultad (de derogar) le corresponde al Congreso». Un lenguaje similar al que empleó para habilitar la anulación de la Obediencia Debida y el Punto Final.
El radical Carlos Prades, contradictor de los Kirchner en Santa Cruz, fue el único que se animó a plantear reparos al procedimiento elegido. Sólo falta que, ante cualquier denuncia de que hubo favores o dinero a cambio de una norma, se derogue la ley en duda. «Nos estamos olvidando de la seguridad jurídica y de un principio jurídico todavía vigente en el país: el de la i nocencia-», se plantó el santacruceño Prades con sensatez.
La derogación quedó en el centro de la escena, cuando tomó la palabra la sanluiseña Liliana Negre de Alonso. «Está bien que votemos un proyecto para colaborar con la Justicia (en alusión a la iniciativa del renovador salteño Ricardo Gómez Diez que se aprobó por unanimidad ayer), pero yo les propongo que tomemos una decisión más fuerte: declarar la nulidad de la Ley 25.250, porque no es admisible una norma nacida del delito que, además, perjudica a los trabajadores», desafió la peronista de San Luis. En su alocución, evocó a los 4 senadores que votaron en contra de la reforma -sus coterráneos Alberto Rodríguez Saá y Carlos Sergnese, el santacruceño Daniel Varizat y el entrerriano Héctor Maya-, y señaló que ella misma había sido víctima de presiones en el bloque PJ en marzo de 2001 cuando Domingo Cavallo consiguió los poderes especiales por un año. Ratificó su testimonio con la lectura de una nota publicada en este diario.
La frepasista Diana Conti, una de las aliadas extramuros del kirchnerismo, salió al cruce de Negre y advirtió: «No nos vamos a dejar correr por izquierda y, menos, por la representante de Alberto Rodríguez Saá en este cuerpo; el gobernador de San Luis aseveró que tenía más datos sobre el caso de los sobornos, pero que no los iba a dar a conocer: la Justicia debería intimarlo a declarar», desafió la ex secretaria de Derechos Humanos de Fernando de la Rúa. Por suerte, la discusión no pasó a mayores. Conti, obviamente, adhirió a la posibilidad de terminar con la reforma laboral de Flamarique.
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