Buscan a cinco expertos imparciales que evalúen daños por las papeleras

Tabaré Vázquez y Néstor Kirchner en Chile. Según el diario «El País» de Montevideo, el acuerdo para frenar el conflicto por las papeleras fue posible después de que el canciller uruguayo, Reinaldo Gargano, se corrió a un discreto segundo plano.

Las cancillerías de la Argentina y de Uruguay comenzarán desde hoy a trabajar en la redacción del acuerdo que los dos países implementarán para intentar solucionar el conflicto por las papeleras de Fray Bentos. En concreto, a los ministerios de Relaciones Exteriores les tocará la responsabilidad de elaborar el llamado a concurso para seleccionar a los técnicos internacionales especialistas en medio ambiente, que deberán definir si las plantas de la finlandesa Botnia y la española ENCE efectivamente son contaminantes, y si lo son, en qué grado.

En principio, y según lo que comenzarán a trabajar las carteras que dirigen el argentino Jorge Taiana y el uruguayo Reinaldo Gargano, se habla de entre cinco y siete expertos que formarán una comisión que trabajará durante 60 o 90 días para elaborar un informe que defina la situación ambiental de las papeleras. Sobre la base de este trabajo, Néstor Kirchner y Tabaré Vázquez tendrán dos reuniones durante el período de tregua de 90 días fijado en el encuentro que los presidentes tuvieron el sábado en Chile, una primera en Anchorena ( Colonia) y la segunda en Mar del Plata. En estas dos cumbres bilaterales, los jefes de Estado deberían ir evaluando la marcha de las investigaciones de los expertos internacionales y allí resolver los pasos por seguir.

• Definición

La tarea que tendrán que terminar en no más de dos semanas las dos cancillerías es definir las condiciones de los profesionales que integrarán la comisión que evaluará la situación ambiental de los proyectos de Botnia y de ENCE. Ya está resuelto que para contratar a los analistas se hará un llamado internacional, previo acuerdo entre los dos Estados sobre los costos de la operación y su financiación. Los interesados deberán presentar un currículum que garantice su condición de expertos en contaminación en general y plantas papeleras en particular. No podrán ser ni argentinos ni uruguayos, aunque algunos funcionarios o especialistas de los dos países podrán integrar la comisión de análisis como veedores. Según el reclamo argentino, ninguno de los especialistas podrá haber trabajado para alguna de las dos empresas; tampoco, para cualquiera de los dos gobiernos.

En principio, desde la Argentina se rechazó una primera idea uruguaya, que hablaba de la posibilidad de hacer un llamado a las Naciones Unidas para que aporte tanto el financiamiento (o al menos parte) como los especialistas. El gobierno de Kirchner rechazó la idea bajo el argumento de que los técnicos estarían así vinculados al Banco Mundial, el organismo financieroque aporta parte de los fondos para el levantamiento de las plantas y que en su momento hizo un informe con sus especialistas ambientales que determinó que no hay contaminación en los proyectos de Fray Bentos.

• Cuestionamientos

Si bien no hubo un rechazo primario, a la Argentina tampoco le entusiasma que se contraten a expertos provenientes de la Unión Europea (UE). Sucede que este bloque tiene un estándar para la aceptación de plantas papeleras que aceptaría la propuesta de Botnia y de ENCE. Cualquiera de las fábricas de pasta celulosa que se están construyendo en Uruguay podría funcionar en la UE -dicen en la Argentina-, con lo cual, se supone que los especialistas de la UE avalarían el proyecto de Fray Bentos. La diferencia es que Botnia tiene en Finlandia cinco plantas, pero ninguna de ellas produce más de 500 mil toneladas de parte celulósica. Además, están distanciadas entre sí. En Fray Bentos la planta produciría un millón de toneladas, pero, además, estaría junto a la de ENCE, que produciría 500 mil toneladas del producto.

Tampoco el gobierno de Kirchner ve con buenos ojos que otros analistas ambientales de prestigio, los nórdicos, sean aceptados, ya que una de las plantas (Botnia) es de origen finlandés.

Lo ideal a los ojos argentinos es que los técnicos provengan de América latina, en lo posible del Mercosur o de Chile. Sin embargo, Uruguay piensa de manera diferente y busca inclinar la balanza a hombres provenientes de la UE o los nórdicos. Hay otro motivo de tranquilidad que evaluaban ayer los hombres de la Cancillería argentina. Los 90 días que en teoría comenzaron a regir desde el sábado 11 de marzo terminarán después de la primera quincena de junio, cuando en la primera semana de ese mes la Argentina deberá organizar la primera cumbre de jefes de Estado del Mercosur de la era Kirchner. Había temor de que el asunto papeleras hiciera fracasar ese evento, donde, entre otros temas, el gobierno argentino quiere mostrar un bloque cerrado incluyendo la presentación oficial de Venezuela como nuevo socio más o menos pleno.