Candidatos de Béliz están en emergencia

Arrancó con tropiezos la campaña a senador por la Capital de Gustavo Béliz. Primero rechazó la oferta de integrar una lista de unidad del PJ Capital, al que se reafilió para competir en internas que finalmente no se hicieron, y ahora se le complica la campaña por denuncias contra sus aliados.

La Alianza porteña, por caso, le dará hoy un duro golpe al ampliar una denuncia contra el diputado Víctor Santa María -principal operador político de Béliz-y anoche impulsaba una ley para vetar el cobro de jubilaciones especiales a los legisladores, un caso que competiría a Irma Roy, primera candidata a diputada nacional en la boleta del ex menemista. Esta se defendió en el recinto, aduciendo que los haberes (más de $ 4.000) correspondían a una jubilación por la que había aportado y no «a un privilegio»,

La Junta de Etica de la Legislatura de la Capital citó para hoy al titular de la bancada radical, Cristian Caram, quien hace 15 días presentó en el recinto un pedido para que sea investigado Santa María por supuestas irregularidades en un plan de vivienda del sindicato de porteros al que pertenece el diputado. La situación, entonces, caldeó los ánimos en el recinto, la sesión se interrumpió y hasta un grupo de diputados intercambió insultos y trompadas. De todos modos, la Legislatura aprobó llevar a la Junta de Etica, que preside la frepasista Sandra Dosch, videos sobre el tema.

Caram está dispuesto a ampliar su denuncia con más elementos, como una media docena de expedientes ante los fueros Penal, Comercial y Civil que darían cuenta del cobro de una cuota para la vivienda que toma el sindicato (en algunos casos desde hace 15 años), pero incumpliendo en la edificación, según revelaron desde la UCR.

De acuerdo con esa investigación, Santa María administraría «una sociedad civil sin fines de lucro que compró unas tierras en Claypole en 1986 para construir viviendas que, luego fueron vendidas a los afiliados del Suterh» (Sindicato de Encargados de Edificios, que sabe albergar a Béliz en actos partidarios). Se trata de 104 cuotas de $ 200, pero «hace 16 años que se inició el plan, y sólo se construyeron seis torres de doce departamentos, es decir, 72 viviendas para 600 socios». Además, por la letra chica de esos contratos, los habitantes de los departamentos no podrían escriturar hasta que se finalice la totalidad del plan.

Si hoy la Junta de Etica decide continuar con la investigación, será la primera vez que la Legislatura cree una comisión investigadora que podría terminar con el pedido de renuncia a Santa María, en plena campaña electoral.

Esa comisión tiene 45 días corridos para dictaminar sobre los elementos que se presenten y tiene atribuciones para decidir al margen de la Justicia. Eso ocurrió, por ejemplo, cuando Béliz -en el tiempo en que era legislador-denunció con una cámara oculta a un miembro de la Auditoría General porteña por supuesto intento de armar una red de retornos. En ese caso no había aún denuncia judicial cuando la Junta de Etica destituyó al auditor por «grave inconducta».

Las razones por las cuales puede la comisión investigadora -que de crearse contaría con representación de todos los bloques-sustituir o suspender a un par son: enriquecimiento indebido, grave inconducta en el desempeño de sus funciones o delito doloso de acción pública.

Hasta ahora, si bien hubo otros casos de denuncias contra legisladores, como ocurrió en la megacausa por «ñoquis» del ex Concejo Deliberante, nunca la Legislatura dio paso a una comisión investigadora, porque los diputados procesados renunciaron a sus bancas antes de que pudieran tener una sanción del cuerpo.

Al disparo contra el belicista, se suma otro mal trago en la campaña electoral de Béliz, por el cobro de la jubilación de su candidata a diputada nacional Roy. Como no hay ley porteña que impida a los legisladores percibirla además de su sueldo, la actriz no estaría en falta, pero sí Béliz, quien ahora opina que los concejales deberían trabajar gratis, algo muy distante a cobrar por dos ventanillas. Anoche los diputados sancionaban un viejo proyecto de ley que determina la incompatibilidad entre los dos honorarios.