El Tribunal Superior deJusticia de la Capital Federal, recibió ayer una demanda para que se considereinconstitucional una norma porteña que impide a los médicos y maestroscambiar de obra social. La Corte deberá expedirse acerca de ese recurso,que de considerarse viable pondrá en apuros al Gobierno de la Ciudad y enparticular al ex IMOS, la obra social de los empleados municipales (ahoratransformada en OSBA para sanear su contabilidad) que mantiene una millonariadeuda. El Gobierno de la Ciudad explica que el instituto de obra social deldistrito es similar a cualquiera de los provinciales, y que por lo tanto estáexceptuado de la desregulación.
La norma estableció unasuerte de intervención en el IMOS con un directorio con mayoría derepresentantes del Gobierno porteño.
En esa ley sancionada enagosto pasado, se establece como plazo el 2003 para permitir el traspaso deobra social, pero además de ese calendario, lo que irritó, además de a losmédicos, a los docentes que manifestaron en la puerta de la sede municipal, esque comenzó a regir un descuento de 1% sobre los salarios, destinado a losjubilados que se atienden en el ex IMOS.
Con esos recursos yaportes mensuales del Gobierno de la Ciudad, la obra social debe cancelardeudas con proveedores que rondan los 80 millones de pesos, repartidos en 30millones de pesos de rojo con el Banco de la Ciudad y $ 50
Ese punto de descuentosobre los sueldos -que en el 2003 ya será de 3 por ciento-es parte de lacuota de auxilio que pactó el Gobierno de la Ciudad al mandar el proyecto deley que crea la OSBA, aprobado en la maratónica sesión que la anteriorLegislatura mantuvo hasta horas antes de asumir Aníbal Ibarra el sillón porteño.
Ayer la Asociación deMédicos Municipales -que aún no ocupó el lugar en el directorio que lescorresponde en la OSBA-reclamó a1 Tribunal Superior de Justicia porteño lainconstitucionalidad de la ley.
En esa «accióndeclarativa de inconstitucionalidad» se señala que la imposibilidad paraque los afiliados de la actual OSBA puedan cambiar de prestadora «vulnera elprincipio de igualdad» previsto en el artículo 16 de la Constitución porteña,ya que mientras otros agentes pueden hacerlo a los médicos les está vedado.
Para el caso que la Cortede la Ciudad no haga lugar a su reclamo, los médicos hicieron reserva delcaso federal, es decir la posibilidad de recurrir ante la Corte Suprema deJusticia de la Nación.
Por su parte, el contadorEduardo Prina, subsecretario de Gestión administrativa del Gobierno de laCiudad, explicó que la ley en cuestión «establece un nuevo funcionamientodurante un período de crisis, con un ajuste correspondiente.
Esta leyestablece la desregulación al 1 de enero del 2003, puede ser antes, somos laúnica obra social provincial que estableció ya la desregulación y además hayque tener en cuenta que los jubilados municipales son atendidos por la propiaobra social y no por el PAMI, en tanto no se les descontaba lo que en otraprestadora es 3 por ciento».
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