24 de marzo 2017 - 10:20

Casi el 10% de las leyes vigentes fueron sancionadas durante la última dictadura

Foto del documental CAL: el Congreso en dictadura de Federico Strifezzo.
Foto del documental CAL: el Congreso en dictadura de Federico Strifezzo.
De las 4.449 leyes que conforman el entramado legal argentino, 417 fueron sancionadas durante la última dictadura militar. A poco más de 33 años de la recuperación democrática, esto es casi el 10% de las leyes que regulan distintos aspectos de la vida económica, política, social y cotidiana de los argentinos.

Así lo reveló un trabajo de sistematización periodística llamado "Las leyes de la Dictadura" y llevado a cabo por el colectivo Sin Fin, con el apoyo de las ONGs Memoria Abierta y Bertha Foundation. Toda la información documental y la base de datos con cada una de las leyes está disponible en el sitio web www.leyesdeladictadura.com.

En diálogo con ámbito.com, la periodista Luciana Rosende, quien encaró el proyecto junto a sus colegas Gerardo Aranguren y Javier Borelli, explicó: "Nuestro objetivo con este trabajo es abrir el debate. Tener más presente, poder pensar y preguntarnos qué implica la vigencia de todo este paquete de leyes, no sólo de la última dictadura sino de todas las dictaduras previas".

Las leyes de la última dictadura son sólo algunas de las leyes de facto que permanecen en nuestro digesto jurídico. Si se toman todos los gobiernos dictatoriales, la cantidad asciende a 998, o sea una de cada cuatro.

Pero una de las particularidades que tuvo la última dictadura militar a la hora de confeccionar sus normas fue la llamada Comisión de Asesoramiento Legislativo (CAL), una estructura de facto creada ad hoc para la sanción de leyes, mientras el Congreso de la Nación y los legisladores elegidos por el voto popular se encontraban proscriptos.

"Si bien el Congreso se cerró, lo podemos pensar como un Congreso de facto. Usaba el edificio y personal del Palacio legislativo y estaba diseñado para legislar", contó Rosende.

La CAL funcionó principalmente en el área del Senado y estaba integrada por nueve miembros, tres por cada una de las Fuerzas. Pasaron por allí 178 militares de alto rango que estuvieron encargados de confeccionar más de 2000 leyes entre 1976 y 1983.

"La CAL no sólo estaba encabezada por gente que no estaba formada para crear leyes, sino que en las deliberaciones se les daba un rol protagónico a los privados y a sectores económicos poderosos que intercedían para delinear algunas de las leyes, como por ejemplo la ley de Entidades Financieras, e impulsar así el proyecto económico que encabezaba Martínez de Hoz", señaló Rosende.

Tras el retorno a la Democracia, el primer proyecto que se envió al Congreso fue la derogación de la ley de Pacificación Nacional, conocida como ley de autoamnistía, con la que el último presidente de facto Reynaldo Bignone -en los estertores de la dictadura- intentó evitar que los partícipes del terrorismo de Estado fueran juzgados.

A su vez, en 1984, la ley de Defensa de la Democracia, derogó varios artículos y leyes relacionadas con la represión y eliminó entre otras cosas, la pena de muerte del Código Penal argentino.

"Con el regreso de la Democracia, si bien se avanzó sobre las leyes de cuño represivo, lo que advertimos al hacer el análisis fue que el espíritu de la dictadura quedó en algunas otras leyes como en las económico-financieras. Allí se nota claramente el modelo que querían y que lograron implantar", señaló la periodista.

En este sentido, el proyecto Sin Fin trabajó puntualmente sobre tres leyes: el Régimen Penal de Minoridad -actualmente en debate-, la Ley para el Personal de la Policía y la Ley de Entidades Financieras. Para su abordaje se realizaron entrevistas a investigadores, abogados, jueces y especialistas, más la consulta de material documental. Todo disponible en el sitio web.

Otras de las leyes que se pueden mencionar de esta etapa dictatorial son la Ley de Inversiones Extranjeras -que equiparaba a empresas foráneas con nacionales sin obligación de reinvertir en el país-, las que regulan la relación del Estado y la Iglesia, las que fijan la estructura judicial y aduanera y las tiendas libres de impuestos en aeropuertos (freeshops).

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