La causa contra asambleístas espor cortar uno de los pasos a Uruguay en 2009.
La Sala III de la Cámara Nacional de Casación Penal resolvió que la causa contra diez asambleístas denunciados por el Gobierno Nacional en 2009 por cortar uno de los pasos a Uruguay, vuelva a foja cero.
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Fuentes judiciales informaron que el tribunal determinó que la causa vuelva al juez de primera instancia Gustavo Pimentel, del juzgado federal de Concepción del Uruguay, para que determine cómo prosigue el expediente que se inició en pleno corte de la ruta 136 en Gualeguaychú y tras una presentación del entonces procurador del Tesoro, Joaquín Da Rocha.
Las especulaciones giraban en torno a que el juez Pimentel tendrá que dictar el sobreseimiento de los asambleístas y archivar la causa, pero en caso de que cite a los diez asambleístas, deberá justificar el porqué de la convocatoria, informaron.
En primera instancia, Pimentel había desestimado citar a los asambleístas denunciados por el Gobierno, pero esa medida fue apelada a la Cámara Federal de Paraná, que le había indicado al juez que mejore los fundamentos de su decisión.
Pero esa resolución también fue recurrida por el fiscal Ricardo Álvarez, por lo que llegó a la Cámara Nacional de Casación Penal, que ahora consideró "mal concedido" el recurso contra ese fallo del tribunal de Paraná.
La querella del gobierno nacional alcanza a los asambleístas Ana Costa, Osvaldo Fernández, Jorge Fritzler, Víctor Limba, Juan Ferrari, Sira Muñoz, Alejandra Crimella, Cristina Limba, Paola Robles y José Gómez.
El Gobierno había pedido la indagatoria de todos ellos por homicidio culposo, amenazas, amenazas agravadas, daños a bienes públicos, entorpecimiento del funcionamiento de los transportes, sedición, atentado y resistencia contra la autoridad y encubrimiento.
Los asambleístas mantuvieron cortada la ruta 136 a la altura del paraje Arroyo Verde durante tres años en rechazo al funcionamiento de la pastera ex Botnia, ubicada en el margen oriental de Río Uruguay.
El levantamiento del corte fue determinado luego del fallo de la Corte Internacional de La Haya, adonde Buenos Aires había denunciado a Montevideo y en medio de una fuerte presión de la Casa Rosada, aunque en una asamblea muy dividida.
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