CGT ratifica paro e insultan a ministros

Los "gordos" de la CGT oficial aprobaron ayer un "plan de lucha" que culminará con otro paro inútil de 36 horas el 1 y 2 de marzo. El reclamo es por la desregulación de las obras sociales (la caja de los gremios) y el descuento salarial a los estatales. Pero, no conformes, la emprendieron contra Patricia Bullrich y Héctor Lombardo, a quienes calificaron de "tarados". Los exabruptos, habituales en ellos, estuvieron a cargo de Carlos West Ocampo (Sanidad), quien dijo que la ministra de Trabajo era "una alcahueta al servicio de todos los gobiernos". Se desconocía anoche la reacción de los damnificados, aunque Anselmo Riva lo adjudicó al enojo del momento.

El plenario de secretarios generales de la CGT oficial ratificó ayer el plan de lucha que incluye la convocatoria a un paro de 36 horas con movilización para el 1 y 2 de marzo, contra la reforma previsional y la desregulación del sistema de obras sociales, dos medidas que siguen resistiendo los gremios, particularmente la segunda porque les afecta las «cajas».

La «profundización del plan de lucha», respaldada por los gremios nucleados en la central de Azopardo 802, también contempla la recolección masiva de firmas para la derogación de los decretos dictados el 29 de diciembre y en favor de un salario mínimo de $ 500 mensuales.

El plenario en la resolución aprobada por unanimidad rechazó además los vetos a artículos del Presupuesto 2001 que había sancionado el Congreso y que, entre otros aspectos, preveían la posibilidad de anular los descuentos salariales a los trabajadores estatales.

Presidió las deliberaciones de los secretarios generales el titular de la CGT oficial, Rodolfo Daer, acompañado entre otros por Andrés Rodríguez, Luis Barrionuevo, Reynaldo Hermoso, Oscar Lezcano, Omar Suárez, Domingo Petrecca, Juan Miguel García, Amadeo Genta, Alfredo Atanasof, Oscar Mangone, Carlos Etchehún, Julio Ieraci, Rogelio Rodríguez, Romildo Ranú, Juan Martini, Luis Cejas y Luis García Ortiz.

Durante las deliberaciones que se prolongaron por espacio de una hora en el Salón José Ignacio Rucci en el quinto piso de Azopardo 802 el secretario de prensa de la central sindical, Carlos West Ocampo (Sanidad), se desbocó y atacó duramente a los ministros de Salud, Héctor Lombardo, y de Trabajo, Patricia Bullrich. Calificó de «tarados» a los dos ministros con los que los jefes de la CGT oficial chocan por la desregulación de las obras sociales y, en el caso de la titular de Trabajo, la llamó además «alcahueta de varios gobiernos».

El plenario fue abierto por Daer con una exhortación a «defender» la función de los sindicatos y «a sus componentes», los trabajadores, a la vez que sostuvo que las obras sociales sindicales «tienen que existir, porque son de los trabajadores y nosotros las vamos a defender». Criticó al gobierno, al que consideró «incapaz de poder construir consensos» y afirmó que «sólo escucha los dictados de los sectores bancarios y financieros».

Los secretarios generales de gremios enrolados en la CGT oficial escucharon además una explicación del alcance del fallo judicial que suspendió la desregulación de la obras sociales, a cargo del abogado laboralista Carlos Pizzolorusso. Este promovió junto a Héctor Recalde, de la CGT disidente, el recurso acogido por la jueza Adriana Lucas de Tarradela hasta que la Justicia se pronuncie sobre la cuestión de fondo: si la desregulación es o no constitucional.

Uno de los secretarios generales «Centauro» Rodríguez, jefe de la estatal UPCN señaló al ser consultado por este diario que «el decreto por las obras sociales no es resistido sólo por nosotros. También lo hacen las prepagas que no se presentan, y las de dirección que se han presentado a la Justicia». Subrayó que «hay muchas cosas no aclaradas que afectan a los afiliados a nuestros gremios y ante quienes estamos obligados a responder».

La «profundización del plan de lucha», que había aprobado el Consejo Directivo de la CGT oficial el 28 de diciembre y que ratificaron ayer los secretarios generales, prevé la realización de 7 plenarios en el interior del país en enero y febrero y una movilización al Congreso nacional el 1 de marzo, en la primera jornada del convocado paro nacional de 36 horas.

La CGT oficial anunció además que colocará 5.000 mesas en todo el país a fin de juntar firmas hasta el 1 de marzo, cuando las entregarán en el Congreso para avalar un proyecto de ley destinado a derogar varias medidas decretadas el 29 de diciembre por el Poder Ejecutivo. En esta cuestión siguen los pasos del jefe de la CGT disidente, el camionero Hugo Moyano, que hizo certificar 45.000 firmas porteñas por la jueza María Servini de Cubría para su proyecto de reforma laboral que ingresó al Congreso. Este es uno de los mecanismos creados por la Constitución de 1994 para llegar al Poder Legislativo desde las iniciativas de la sociedad.


«La seguridad social es nuestro límite y no se negocia», dijo Daer al cerrar el plenario, al tiempo que aseguró que «detrás de cada negociación colectiva va a estar la CGT apoyando».