Chávez ahora anota las FARC como ''bolivarianas''

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela acaba de informarnos que las FARC y el ELN no son terroristas, sino insurgentes. Veamos por partes. Para la Real Academia y la lógica generalizada, insurgente es el que se alza contra una autoridad y terrorista es aquel que procura imponerse generando terror.

La afirmación de Hugo Chávez no parece feliz: a uno se lo califica por sus fines, cambiar un orden establecido, y al otro por sus medios: usar el terror. Por lo tanto, no resultan incompatibles: se puede tener como fin el cambiar un sistema institucional y, al mismo tiempo, valerse para ese fin de medios basados en el terror. No son excluyentes.

En la Argentina, vimos con esperanza al canciller Jorge Taiana anunciando que éste sería el principio de más liberaciones, de un proceso de aplicación, sin condiciones, del más puro derecho humanitario.

Pero apenas un día después, el 11 de enero, las palabras de Chávez pusieron las cosas en otra perspectiva. Estas dos liberaciones no eran a cambio de nada: «Les pido que comencemos reconociendo a las FARC y al ELN como fuerzas insurgentes de Colombia y no como grupos terroristas».

Y ése es el meollo del asunto: cabe preguntarsesi se las liberó no por razones humanitarias, sino por un negocio político. Toma y daca, libertades por reconocimiento. Si no media reconocimiento, quizá no sobrevengan liberaciones masivas, excepto las de Betancourt y unas pocas privilegiadas más, sólo a causa de la presión europea. En tal caso, estaría por verse que liberen a los más de setecientos secuestrados. Al menos a las mujeres y niños.
Nuestra cultura impone límites morales a la acción política. Uno de ellos es que el fin no justifica los medios. Al reclamar legitimación para los secuestradores, Chávez nos pide que propinemos un olvido fatal a nuestros principios.

Desde Francisco de Vitoria en adelante, la violencia política se justifica cuando media una tiranía. ¿Contra cuál tiranía se levantan las FARC? Colombia no carece de injusticias sociales. Pero no se dan de una manera peor que en el resto de América latina y allí funciona, desde hace años, una democracia comparable a cualquiera de la región. A nadie se le prohíbe ingresar en la lucha política y procurar sus objetivos a través del voto de sus conciudadanos, pero las FARC se han negado a hacerlo en reiteradas oportunidades.

¿Y qué son las FARC? La última organización político-militar de América latina de origen marxista, que se financia con drogas y se propone terminar con la vigencia constitucional en Colombia -sustancialmente idéntica a la de todos nosotros-e instaurar un sistema de producción socialista en nombre de la dictadura del proletariado y bajo la
conducción, claro está, de una minoría debidamente iluminada.

Todo esto en pleno siglo XXI, cuando hasta Rusia y China han abandonado ese camino y en él sólo sobreviven penosamente Corea del Norte, Cuba y Belarús. Sólo la sedicente revolución bolivariana podría convertirse en el cuarto de los ejemplos, pero el accionar de Chávez es tan rocambolesco, que para clasificarlo a menudo resultan menos útiles las categorías de Raymond Aron que las de Alberto Vaccarezza.

Nuestra región se debate entre dos modelos incompatibles. El del Mercosur, Brasil, Uruguay y Paraguay, el de Chile, Perú, y Colombia. O el de Chávez, Evo Morales, Rafael Correa y Daniel Ortega. Hasta ahora, todos hemos conformado lo que se denomina un subsistema internacional dentro del cual mantenemos relaciones diplomáticas con pleno reconocimiento de la soberanía de cada uno de los otros Estados.

Pero el jueves pasado el presidente de Venezuela-declaró, con el aplauso de pie de su entera asamblea legislativa, que las FARC no sólo son legítimas sino que, además, integran el mismísimo movimiento bolivariano. Se trata de una definición importantísima, toda vez que convoca a apoyar a una facción interna de un país que no es el suyo, violando toda interpretación posible del derecho a la no injerencia que todos nuestros Estados reconocen y la OEA y la ONU contienen en sus cartas constitutivas como elementos esenciales de su propia existencia.

El actual gobierno argentino, como todos sus antecesores constitucionales, también ha jurado a los cuatro vientos que se trata de un principio inviolable. ¿Qué va a decir ahora? Prestemos atención, porque lo va a decir en nombre de todos los argentinos.

Con este gobierno y con los que le sigan, la Argentina va a tener que optar.
Pronunciamientos como éste que estamos esperando son los que desnudan la índole de los regímenes que gobiernan a nuestros países: el derecho a la no injerencia, como los derechos humanos, ¿está por encima de las simpatías ideológicas o se aplica solamente en contra de mis enemigos y a favor de mis amigos? Corresponde una clarificación oficial que nos permita enterarnos de si seguiremos siendo republicanamente sanmartinianos o, al igual que las FARC, ya ascendimos al Olimpo bolivariano. A las dos cosas juntas no las podría pegar ni Vaccarezza.